(Washington, DC, 6 de mayo de 2014)—Demasiadas leyes de Estados Unidos violan los principios básicos de la justicia, al exigir un castigo desproporcionadamente severo, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 36 páginas, “Nation Behind Bars: A Human Rights Solution” (“Un país entre rejas: una solución de derechos humanos”), señala que las leyes que exigen penas más prolongadas de lo necesario para alcanzar los objetivos del castigo han hecho que EE.UU. tenga la tasa declarada de encarcelación más alta del mundo. Estas leyes han suscitado dudas públicas generalizadas y bien fundamentadas sobre la imparcialidad del sistema judicial de EE.UU.
“La ‘tierra de los libres’ se ha convertido en un país de cárceles”, dijo Jamie Fellner, coautora del informe y asesora sénior del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Demasiados hombres y mujeres están cumpliendo penas de prisión severas por delitos no violentos y con frecuencia menores. ¿Cómo puede un país comprometido con la libertad enviar traficantes minoristas de drogas a morir en prisión por vender pequeñas cantidades de drogas ilegales a adultos?”.
El impulso para reducir la encarcelación en masa está creciendo. Human Rights Watch está tratando de aprovechar este ímpetu y ofrecer un camino a seguir. Los legisladores federales y estatales deben basar sus iniciativas de reforma en los principios fundamentales de los derechos humanos, incluyendo el uso prudente de las condenas penales, las penas justas y la protección igualitaria de las leyes.
Para poner estos principios en práctica, Human Rights Watch insta a los legisladores a que al menos:
· Se aseguren de que la severidad de la pena no exceda la gravedad del delito;
· Reformen o eliminen las leyes de sentencia mínima obligatoria que impiden que los jueces sean capaces de adaptar las penas al delito individual y al acusado en particular;
· Garanticen que los adolescentes y los niños sean tratados de una manera apropiada a su edad y capacidad de cambio, y que no sean sometidos a los mismos procedimientos y castigos penales que los adultos;
· Reduzcan o eliminen las sanciones penales para las personas que han incumplido las leyes de inmigración, especialmente aquellas cuyo único delito ha sido entrar al país sin documentos legales;
· Terminen con las condenas penales por posesión de drogas ilegales para uso personal; y
· Se aseguren de que el derecho penal no esté sesgado por su contenido o ejecución en contra de cualquier grupo racial, étnico o religioso, como por ejemplo la aplicación desproporcionada de las leyes de drogas en contra de personas de la raza negra en EE.UU.
Por lo menos durante tres décadas, las políticas de justicia penal punitiva han sido la solución preferida a una serie de problemas sociales, dijo Human Rights Watch. Estos incluyen el tráfico de drogas, un perceptible aumento de la inmigración ilegal y la delincuencia juvenil, la creciente desigualdad económica y una red de seguridad frágil.
Como resultado de este enfoque punitivo:
· Entre 1979 y 2009, el número de prisioneros en instalaciones estatales y federales aumentó casi un 430 por ciento; y más de la mitad –53,4 por ciento— de los presos en las cárceles estatales con una sentencia de un año o más está cumpliendo condena por un delito no violento, como el tráfico de drogas de bajo nivel;
· Los menores son a menudo juzgados y castigados como si fueran adultos. Human Rights Watch estima, basándose en datos estadísticos del Departamento de Justicia, que, en 2011, más de 95.000 jóvenes menores de 18 años se encontraban en prisiones y cárceles de adultos de EE.UU.; y
· Con respecto a la raza, por cada 100.000 hombres blancos de la población estadounidense, 478 están en una prisión estatal o federal; por cada 100.000 varones negros de la población, 3.023 están en prisión.
EE.UU. también ha recurrido cada vez más a enfoques excesivamente punitivos en la aplicación de la ley de inmigración. Más de 40 por ciento de todos los procesos penales federales y casi 30 por ciento de los nuevos ingresos al sistema penitenciario federal son por delitos de “entrada y re-ingreso ilegal”, procesos penales de personas que cruzan la frontera. El encarcelamiento de inmigrantes, tengan o no antecedentes penales menores, antes de deportarlos, a menudo afecta a las personas que tratan de reunirse con sus familias en EE.UU. o que huyen de la persecución.
Los altos costos económicos y humanos de estas severas políticas hacen que se estén reconsiderando en todo el país. El Congreso de EE.UU., por ejemplo, está contemplando la posibilidad de una reforma legislativa que incrementaría la discreción judicial por delitos de drogas y reduciría ciertas sentencias obligatorias por drogas. El gobierno de Obama apoya estas reformas legislativas, ha instado a los fiscales a evitar la presentación de cargos por delitos que conllevan penas mínimas obligatorias contra los traficantes de pequeña escala y ha instituido una nueva iniciativa de clemencia para ayudar a algunos presos federales que cumplen condenas injustas a lograr su liberación.
Se están dando pasos en la dirección correcta, pero hay más camino por recorrer, tanto a nivel federal como estatal.
“Un castigo justo y prudente no es sólo un principio fundamental de derechos humanos, sino un principio básico de la justicia estadounidense que se ha descuidado durante demasiado tiempo”, señaló Fellner. “Hay un creciente reconocimiento a nivel nacional de que las leyes desproporcionadamente duras no son necesarias para proteger la seguridad pública y asegurar que los delincuentes rindan cuentas por sus delitos. Por el contrario, el bienestar de la comunidad es más legítimo cuando hay leyes y sentencias justas”.
