Ayer, durante una conferencia de prensa ofrecida en Kuala Lumpur conjuntamente con el primer ministro de Malasia Najib Razak, el presidente Obama fue interpelado por un periodista, quien le pidió que calificara los avances conseguidos por Malasia en materia de derechos humanos. “Malasia todavía tiene bastante por hacer”, fue su respuesta, “del mismo modo en que también Estados Unidos tiene bastante por hacer en este sentido. Human Rights Watch probablemente tiene una lista de cosas que creen que deberíamos estar haciendo como gobierno”.
Y de hecho, así es. Durante más de dos décadas, hemos exigido a Estados Unidos no solo que aborde la cuestión de los derechos humanos como un instrumento de política exterior, sino que además se comprometa plenamente con los derechos humanos en su propio territorio. A continuación exponemos una lista parcial (que puede ser ampliada consultando aquí):
- En materia de seguridad nacional, Estados Unidos debe cerrar el centro de detención en Bahía de Guantánamo, que continúa menoscabando la reputación del país en lo que respecta a derechos humanos; ofrecer a todas las personas sospechadas de terrorismo la posibilidad de un juicio justo en la justicia penal ordinaria; divulgar públicamente los criterios aplicados para las ejecuciones selectivas; y asegurar que todos los operativos estadounidenses que impliquen el uso de la fuerza letal cumplan con lo estipulado por el derecho internacional. Y tras las repercusiones que tuvieron las revelaciones del ex contratista de la Agencia de Seguridad Nacional Edward Snowden, el gobierno estadounidense debería poner fin a la recopilación indiscriminada de información electrónica que incluye metadatos, fortalecer las garantías a la privacidad con respecto a los derechos de personas no estadounidenses en el extranjero, reforzar la transparencia en las decisiones relativas a vigilancia y ofrecer una protección más efectiva a denunciantes.
- En el plano de la justicia penal, el gobierno federal y los estados deben continuar ampliando las reformas recientes destinadas a moderar castigos excesivamente severos, incluidas condenas intrínsecamente crueles como la pena de muerte, penas de prisión desproporcionadamente prolongadas estipuladas por leyes que exigen la imposición automática de penas en delitos no violentos, como aquellos vinculados con drogas, y la aplicación injusta de procesos judiciales y castigos destinados a adultos en casos de jóvenes que han delinquido; así como abordar las condiciones inseguras e inhumanas de reclusión que enfrentan numerosos internos en las cárceles de Estados Unidos.
- También es mucho lo que queda por hacer para superar problemas de discriminación, lo cual incluye modificar un amplio espectro de políticas de justicia penal cuyo fin o efecto no ha sido otro que el de discriminar injustamente a personas por factores como raza, origen étnico, género, orientación sexual y otras características. Por ejemplo, si bien los índices de consumo y venta de estupefacientes entre personas caucásicas y negras son similares, la población negra es arrestada y encarcelada por delitos relacionados con drogas en un número que supera ampliamente su proporción sobre la población general y entre quienes cometen delitos vinculados con drogas (tanto de consumo como de venta). En cuanto a salud, debe intensificar sus esfuerzos por poner fin al impacto desproporcionado que la epidemia de VIH está teniendo en comunidades de minorías, especialmente en el sur del país.
- Por último, desde 1990 el gobierno estadounidense ha detenido y deportado a más de cuatro millones de inmigrantes, aplicando para ello leyes que recurren de manera excesiva a la posibilidad de detención e ignoran mayoritariamente los lazos de estas personas con sus familias y su comunidad. El gobierno estadounidense debe corregir su sistema inmigratorio desvirtuado e injusto, que en los últimos años ha posibilitado que millones de inmigrantes fueran detenidos y deportados, y que familias enteras quedaran separadas y se desarraigara a personas de sus comunidades. Estados Unidos también debe renunciar a su pretensión de juzgar como delincuentes comunes y encarcelar a migrantes que no tengan antecedentes penales o solamente hayan sido condenados por delitos menores antes de ser deportados, especialmente debido a que, muy a menudo, se procesa penalmente a personas que simplemente intentan reencontrarse con familiares o escapar a contextos de persecución. Estados Unidos debería ofrecer a los millones de inmigrantes no autorizados en el país un proceso de legalización efectivo que respete a las familias, proteja a personas frente a abusos y delitos, y reconozca la contribución que realizan a la sociedad estadounidense quienes residen desde hace tiempo en el país.
De modo que, sí, presidente Obama, coincidimos con usted en que Estados Unidos aún tiene “bastante por hacer” para garantizar de manera más efectiva los derechos fundamentales dentro de sus propias fronteras. Esperamos que esta lista pueda ayudar a poner en marcha iniciativas en estos frentes.
