Human Rights Watch está seriamente preocupada por la situación de derechos humanos en Venezuela. La violencia desatada a raíz de las manifestaciones de estudiantes y opositores que comenzaron el 12 de febrero en el país ha dejado como saldo más de 20 muertos, decenas de heridos, cientos de detenidos y serias denuncias de brutalidad, torturas y vejámenes cometidos por las fuerzas de seguridad. El Estado, además, ha tolerado y colaborado con grupos armados civiles que apoyan al gobierno.
La Fiscalía General de la República, a regañadientes –y gracias a los vídeos y la presión de la opinión pública–, ha dado algunos pasos para investigar las verdaderas responsabilidades en estos hechos. Sin embargo, aprovechándose de la falta de independencia judicial en el país, sigue avanzando con una velocidad notable para atribuirle responsabilidad penal por la violencia a la oposición política. Leopoldo López, uno de los líderes más prominentes de la oposición se encuentra actualmente detenido en una prisión militar, esperando que una jueza provisoria (sin inamovilidad en el cargo) decida si será sometido a juicio, sin que hasta ahora se haya exhibido ninguna evidencia válida en su contra.
La reacción internacional, salvo contadas excepciones, ha sido decepcionante. Human Rights Watch respetuosamente insta a los Estados aquí presentes a exigirle al gobierno de Nicolás Maduro que asuma sus obligaciones jurídicas internacionales de respetar los derechos humanos y, específicamente, exijan que cesen los abusos contra manifestantes y la liberación y el respeto de las garantías del debido proceso de quienes fueron detenidos arbitrariamente.
