Las cárceles y los centros de detención de Estados Unidos funcionan en la práctica —aunque de manera absolutamente deficiente— como establecimientos de salud mental.
Lamentablemente, este grave problema es de larga data. En 2003, Human Rights Watch publicó “Ill Equipped” (Sin preparación), un extenso informe sobre este fenómeno donde se aborda el hecho de que las prisiones no están en condiciones de funcionar como establecimientos de salud mental, del mismo modo en que los internos con discapacidad mental no están en condiciones de afrontar las rigurosas restricciones de la vida en prisión.
La última década no fue testigo de grandes cambios. Debido a limitaciones presupuestarias, en los servicios de salud mental de establecimientos penitenciarios aún persisten problemas como falta de personal, infraestructura insuficiente y programas limitados. Es común encontrar en cárceles de distintas regiones de Estados Unidos a presos con esquizofrenia, trastorno bipolar y depresión profunda, entre otras condiciones, que reciben tratamiento insuficiente, inadecuado o directamente nulo. Algunos de ellos desvarían, despotrican, balbucean incoherencias o se quedan acurrucados y en silencio en sus celdas. Otros golpean su cabeza contra las paredes de la celda, se cubren con excremento, se lesionan deliberadamente o incluso se suicidan. Muchas veces, los guardias los consideran personas difíciles y con mal comportamiento que causan alboroto, y los asignan a régimen de aislamiento durante meses o incluso años, lo que supone una experiencia particularmente devastadora para quienes padecen discapacidad mental.
Para intentar apreciar las enormes dificultades que enfrentan los presos con discapacidad mental, no hay más que leer una sentencia dictada recientemente con respecto a las nefastas condiciones en una de las prisiones de Carolina del Sur, donde “han muerto internos, debido a falta de atención básica de la salud mental”, o ver un video donde se muestran imágenes de guardias penitenciarios que rocían con gas pimienta a un preso con discapacidad mental en California.
La alta proporción de personas encarceladas con discapacidad mental se debe, en gran medida, a la falta de financiamiento, la desorganización y el carácter fragmentado de los servicios comunitarios de salud mental. Numerosas personas con graves trastornos psiquiátricos —especialmente si además no tienen recursos económicos o vivienda, sufren de alcoholismo o consumen drogas, como sucede a menudo— no pueden obtener la ayuda de salud mental que necesitan y, con demasiada frecuencia, en vez de ello terminan en prisión. Su encarcelación también es un reflejo de décadas de políticas de justicia penal de tipo punitivas, que privan de la libertad a demasiadas personas, incluso por delitos de poca gravedad, en vez de derivarlas a mecanismos alternativos gestionados por la comunidad.
Las soluciones podrían coordinarse fácilmente, e implicarían: crear más programas comunitarios gratuitos para el tratamiento y la derivación de casos de salud mental, a fin de que las personas con discapacidad mental no terminen en prisión; disponer la creación de establecimientos separados y regidos por principios de salud mental, en vez de penitenciarios, para las personas con discapacidad mental que sean condenadas por delitos y no puedan recibir contención segura en la comunidad; y destinar recursos para asegurar que el tratamiento de la salud mental en las prisiones cumpla con los estándares vigentes en la comunidad.
Sin embargo, para que estas soluciones sean posibles, se necesitará mucho más compromiso, compasión y sentido común del que han demostrado los legisladores hasta el momento.
