La prisión federal de Terre Haute en Indiana es una de las 130 instalaciones federales a las que los ​​condenados por delitos federales de drogas pueden ser enviados.

© 2001 Andy Clark/REUTERS

(Nueva York, 5 de diciembre de 2013) –Fiscales federales, de manera rutinaria, amenazan con penas de prisión extraordinariamente severas a los acusados ​​de delitos de drogas con el único fin de coaccionarlos para que renuncien a su derecho a un juicio y se declaren culpables, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. En los pocos casos en los que los acusados ​​insisten en ir a juicio, los fiscales cumplen con sus amenazas. Los delincuentes federales por delitos de drogas que son condenados tras un juicio reciben sentencias en promedio tres veces más largas que aquellos que aceptan un acuerdo con el fiscal, según las nuevas estadísticas elaboradas por Human Rights Watch.

El informe de 126 páginas, “An Offer You Can’t Refuse: How US Federal Prosecutors Force Drug Defendants to Plead Guilty,” (“Una oferta que no podrá rechazar: Cómo los fiscales federales de EE.UU. obligan a los acusados de delitos de drogas a declararse culpables”),detalla cómo fiscales a lo largo de los Estados Unidos extraen declaraciones de culpabilidad de acusados ​​ por casos federales de drogas imputándoles o amenazando con imputarles delitos que implican severas sentencias obligatorias, y solicitando agravantes sobre sus penas. Los fiscales ofrecen sentencias mucho menores a los acusados a cambio de que se declaren culpables. Debido a que los acusados de delitos de drogas casi siempre son condenados, no es de extrañar que el 97 por ciento decide declararse culpable.

“Los fiscales ofrecen a los acusados ​​de delitos de drogas una supuesta elección, que en los casos más graves implica declararse culpable y recibir una pena de 10 años, o arriesgarse a ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional si van a juicio”, dijo Jamie Fellner, asesora principal del Programa de EE.UU. en Human Rights Watch y autora del informe. “Los fiscales presentan ofertas que pocos acusados ​​de delitos de drogas pueden rechazar. Esto es pura y simple coacción”.

En la década de 1980, cuando el Congreso promulgó leyes de sentencia mínima obligatoria, la intención de los legisladores era que los capos de la droga recibieran penas de mínimo 10 años y que los traficantes de nivel medio cumplieran penas de mínimo cinco años. Pero debido a que las leyes vinculan la sentencia al peso y el tipo de droga, y no al papel específico que desempeñó el delincuente, los fiscales pueden imponer los mismos cargos con la misma sentencia obligatoria contra un mensajero que entrega un paquete de drogas que contra el líder de una banda de narcotraficantes para quien eran las drogas. Casi la mitad –48 por ciento—  de los acusados ​​federales por delitos de drogas desempeñan funciones de bajo nivel, tales como traficante ambulante o mensajero, y cerca de la mitad o hasta tres cuartas partes de ellos son condenados por delitos castigados con penas mínimas obligatorias.

Los fiscales también presionan a los acusados ​​por delitos de drogas a que se declaren culpables amenazándolos con agravantes a las sentencias obligatorias y sanciones que se pueden aplicar si el acusado tiene una o más condenas previas por delitos de drogas o poseía un arma de fuego en el momento del delito. Si los fiscales llevan a cabo sus amenazas, consiguen sumar décadas al tiempo que el acusado pasa en la cárcel, lo que se traduce en sentencias que, tal como las describió hace poco John Gleeson, un juez federal del Distrito Este de Nueva York, son “tan excesivamente severas que le quitan a uno el aliento”.

En uno de los cientos de casos que Human Rights Watch revisó, Sandra Avery, una traficante de drogas de poca monta, rechazó una declaración de culpabilidad con una sentencia de 10 años por posesión de 50 gramos de crack de cocaína con la intención de entrega. El fiscal le imputó un agravante a la sentencia basándose en condenas previas por simple posesión de drogas y la acusada fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional.

Además de la revisión de casos, el informe también se basa en numerosas entrevistas con fiscales federales, abogados defensores y jueces. El reporte también incluye nuevas estadísticas elaboradas por Human Rights Watch que proporcionan la medida más reciente y detallada de lo que el informe llama la “pena por juicio”: la diferencia en las penas que reciben los acusados ​​que se declaran culpables en comparación con las que reciben aquellos que son ​​condenados después de un juicio. La pena por juicio es, en esencia, el precio que los fiscales hacen que los acusados tengan que pagar por ejercer su derecho a un juicio.

“Ir a juicio es un derecho, no un delito”, señala Fellner. “Pero los acusados ​​son castigados con penas más severas por ejercer ese derecho”.

Los fiscales son capaces de imponer las condenas a los juicios porque los jueces han sido reducidos a meros espectadores virtuales en los casos de sentencias obligatorias. Cuando los fiscales deciden pedir sanciones obligatorias y el acusado es condenado, los jueces deben imponer las sentencias. En estos casos, no pueden ejercer su papel tradicional de ajustar las penas a la conducta y la culpabilidad de cada acusado, y evitar que las sentencias sean más largas de lo necesario para cumplir con los objetivos de la pena.

Los acuerdos entre la defensa y la parte acusadora son ampliamente aceptados en gran parte bajo el supuesto pragmático de que si cada caso penal fuese a juicio, el sistema de justicia se sobrecargaría hasta quedar paralizado. La Corte Suprema de EE.UU. ha aceptado esta lógica en fallos que autorizan estos acuerdos con la fiscalía. Sin embargo, principios de derechos humanos, y principios fundamentales de la justicia penal de EE.UU., establecen que las sentencias penales no deberían ser más largas de lo necesario para proteger al público y asegurar que los delincuentes rindan cuentas.

Los fiscales prefieren las sentencias obligatorias ya que refuerzan su influencia no sólo para obtener fallos condenatorios a través de estos acuerdos, sino también para conseguir que los acusados ​​cooperen con el gobierno en el enjuiciamiento de otros a cambio de una sentencia menor. “No permitimos que la policía golpee a los sospechosos para obtener confesiones”, dijo Fellner. “Pero amenazar a alguien con una sentencia a cadena perpetua puede ser igual de coercitivo e igual de injusto”.

En agosto de 2013, el fiscal general Eric Holder instruyó a los fiscales federales a que no presentaran cargos castigados con penas mínimas obligatorias contra ciertos delincuentes no violentos. También les dio instrucciones de que evitaran solicitar agravantes obligatorias que estén basadas en sentencias penales previas, a menos que la conducta del acusado justificara este tipo de sanciones severas. Es muy pronto para saber cómo los fiscales llevarán a cabo estas políticas, pero contienen lagunas fácilmente explotables y no prohíben a los fiscales que busquen la imposición de penas severas  contra cualquier acusado que se niegue a declararse culpable.

Por otra parte, si los fiscales ignoran las indicaciones o  de las políticas de Holder, o hacen caso omiso a las intenciones que las motivan, no existe alternativa. Si un acusado es declarado culpable, el juez debe imponer la pena mínima obligatoria aplicable así como las agravantes adicionales solicitados por el fiscal.

El fiscal general debería instruir a los fiscales para que busquen sentencias proporcionadas para todos los delincuentes de delitos de drogas, independientemente de si se declaran culpables o van a juicio, recomendó Human Rights Watch. Además, debería prohibir a los fiscales que amenacen o busquen aumentar significativamente sus penas, simplemente porque los acusados ​​se niegan a aceptar un acuerdo de culpabilidad pactada. Aún más importante es que el Congreso de EE.UU. elimine las penas mínimas y agravantes obligatorias por los delitos de drogas, con el fin de que los jueces puedan usar su criterio a la hora de emitir sus fallos.

“Jueces federales independientes que no tienen ningún interés personal o institucional en el resultado deberían tener la última palabra sobre la pena”, señaló Fellner. “Los jueces deberían tener la discreción para asegurar que los acusados ​​en casos de delitos de drogas reciban penas proporcionales a sus crímenes, no a su disposición a declararse culpables”.

Las nuevas estadísticas que Human Rights Watch elaboró para el informe, basadas en datos de sentencias federales para el año 2012, revelan lo siguiente:

• La sentencia promedio para los delincuentes federales en casos de drogas que se declararon culpables fue de cinco años y cuatro meses; para aquellos que fueron condenados después del juicio, la sentencia promedio fue de 16 años.

• En el caso de los acusados ​​de delitos de drogas punibles con penas mínimas obligatorias, los que se declararon culpables recibieron una sentencia promedio de 82,5 meses, en comparación con los 215 meses para los convictos tras un juicio, una diferencia de 11 años.

• Entre los acusados ​​por temas de drogas con condenas anteriores por delitos graves, las probabilidades de recibir un agravante en base a esas condenas era 8,4 veces mayor para aquellos que fueron a juicio que para los que se declararon culpables.

• Entre los acusados que llevaban un arma en el momento de cometer el delito, las probabilidades de recibir el agravante reglamentario por llevar un arma fue 2,5 veces mayor para los que fueron a juicio que para aquellos que se declararon culpables.

A continuación, algunos de los casos documentados en el informe:

• Después de que Mary Beth Looney, una delincuente sin antecedentes penales, se negara a aceptar un acuerdo de culpabilidad pactada con una pena de 17 años por tráfico de metanfetaminas y posesión de armas de fuego en su casa, el fiscal presentó una acusación formal sustituta que incrementaba sus cargos. Condenada después del juicio, Looney recibió una sentencia de 45 años y medio en prisión.

• Lashonda Hall fue acusada originalmente de conspiración para distribuir cocaína y crack y se enfrentaba a una condena de 10 años. Cuando se declaró no culpable, los fiscales presentaron una acusación formal sustituta que incrementó los cargos por tráfico de drogas y sumaron dos cargos por posesión de armas.  Luego de ir a juicio, Hall fue condenada a 45 años y medio en prisión.

• Roy Lee Clay afrontaba una condena de 10 años por conspiración para distribuir un kilogramo o más de heroína. Cuando se negó a declararse culpable, el gobierno impuso un agravante a su sentencia mínima obligatoria en base a sus condenas anteriores. Clay fue condenado después de un juicio y sentenciado a cadena perpetua.