La máquina legislativa del Congreso estadounidense está trabajando a toda velocidad, conforme los legisladores implementan proyectos de ley en respuesta a la indignación mundial sobre la desenfrenada vigilancia por parte de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés). Estas propuestas logran algunos avances para colocar la vigilancia bajo controles más estrictos. Sin embargo, no van lo suficientemente lejos .
Ayer, un autor original de la Ley Patriota de EE.UU. presentó un proyecto de ley para limitar la vigilancia de la NSA . La propuesta del congresista Jim Sensenbrenner incluye muchos puntos positivos, entre los cuales se destacan los siguientes: exigir que el gobierno obtenga una orden judicial para rastrear el contenido de las comunicaciones de los estadounidenses, la creación de un defensor especial para proteger la privacidad y los derechos civiles ante el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera de EE.UU. (FISA, por sus siglas en inglés), impulsar la información pública y la transparencia en las órdenes de vigilancia y endurecer las condiciones para la recopilación de metadatos y otros “informes de empresa”. Bajo el proyecto de ley, la vigilancia tendría que “pertenecer a” en lugar de “referirse a” un blanco extranjero. No está claro si se trata de una distinción sin una diferencia, dada la forma en que el gobierno ha extendido el actual lenguaje de autorización hasta el punto de quiebre, o si en realidad “acabaría con la recolección en masa” tal como promete Sensenbrenner.
El proyecto de ley del congresista Rush Holt también contiene puntos muy fuertes: sólo se deshace de las disposiciones legales que permiten la vigilancia masiva , y hace que la recopilación de inteligencia extranjera vuelva a necesitar de una orden válida para la vigilancia de “ciudadanos estadounidenses” tras demostrar una causa probable. Holt también protegería a los informantes de inteligencia e impedir que el gobierno requiera medios electrónicos y software subrepticios para eludir las protecciones de privacidad. Ambos proyectos son probablemente mucho mejores que la propuesta legislativa que está preparando la senadora Diane Feinstein, que ha sugerido que preservaría la autoridad del gobierno para la recolección masiva de datos y apenas introduce unos pocos cambios estéticos para mejorar la transparencia y la puesta a punto para cuando los analistas acceden a la información de inteligencia.
Sin embargo, el Congreso no está abordando algunos puntos críticos. En primer lugar, ninguno de estos proyectos de ley requiere que el gobierno de EE.UU. respete la privacidad de los extranjeros fuera del país. La defensa de los derechos universales implica que no es aceptable que un gobierno torture a los ciudadanos de otro, o los convierta a la fuerza, o los castigue por el simple hecho de expresarse. Entonces, ¿por qué se puede violar su privacidad sin causa o reparación? Y hasta el momento, ninguno de los proyectos requiere una revisión exhaustiva e independiente por parte del Congreso de todos los programas de vigilancia de EE.UU., para que puedan evaluar la magnitud del problema que pretenden resolver. Es probable que el teléfono de la canciller alemana Angela Merkel fuera vigilado por EE.UU. bajo la Orden Ejecutiva 12333, que autoriza la colección de cualquier dato de inteligencia que el gobierno necesite, y que ninguna de estas leyes reformaría. Esa es la misma autoridad detrás de la revelación de hoy de que el gobierno está desviando grandes cantidades de enlaces de comunicaciones vía Google y Yahoo fuera de EE.UU. El alcance de la participación corporativa en la vigilancia estadounidense, o los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para debilitar la seguridad cibernética, también son incógnitas. Estas cuestiones tienen que formar parte del debate, y de manera inmediata, si el Congreso quiere actuar antes de que Europa pierda la paciencia y tome sus propias medidas para restringir la recolección de datos por parte de EE.UU.
