(Washington, DC) – Maryland se convirtió en el sexto estado de Estados Unidos en abolir la pena de muerte en los últimos seis años, y se sumó así a una tendencia que busca poner fin a este castigo esencialmente cruel que existe en el país, señaló hoy Human Rights Watch. El Gobernador de Maryland debería conmutar la pena impuesta a los cinco hombres que han recibido la condena capital en el estado.
El 2 de mayo de 2013, el gobernador Martin O’Malley promulgó un proyecto legislativo de abolición de la pena de muerte en el estado, que dispone su reemplazo por la pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, la ley no afecta en forma directa los casos de cinco internos del estado que aún esperan que se fije una fecha para su ejecución. O'Malley ha señalado que examinará cada caso específico para determinar la posibilidad de conmutar la pena.
“Al derogar la pena de muerte, Maryland se incorpora a una cantidad cada vez mayor de estados que rechazan esta práctica cruel e injusta por naturaleza”, observó Alba Morales, investigadora sobre justicia penal en Estados Unidos de Human Rights Watch. “El Gobernador O’Malley debería aprovechar su extraordinario liderazgo en este tema y conmutar las penas de muerte de estos cinco hombres que aún esperan que se cumpla su condena”.
La derogación de la pena de muerte en Maryland es la última manifestación del creciente impulso que está cobrando la tendencia abolicionista en Estados Unidos, señaló Human Rights Watch. Con la incorporación de Maryland, serán 18 los estados, además del Distrito de Columbia, que han rechazado la pena de muerte. En varios otros estados, las legislaturas están considerando proyectos de ley que proponen derogar esta pena. Simultáneamente a estos acontecimientos, la cantidad de ejecuciones en Estados Unidos muestra un declive en los últimos años: se han registrado un total de 43 ejecuciones en todo el país durante 2011 y también en 2012, a diferencia de las 85 ejecuciones ocurridas en 2000.
Human Rights Watch se opone a la pena de muerte en todas las circunstancias y considera que se trata de un castigo por naturaleza cruel e inhumano. Asimismo, la pena de muerte es una medida indefectiblemente arbitraria y proclive a errores y disparidad racial. En Estados Unidos, 142 personas han sido eximidas de la pena de muerte desde 1973, luego de que se aportaran pruebas que demostraban su inocencia. Kirk Bloodsworth, la primera persona que fue eximida de la pena de muerte en Estados Unidos tras efectuarse pruebas de ADN, acudió a la ceremonia de aprobación el 2 de mayo.
En Maryland, al igual que en muchos estados de los Estados Unidos, la aplicación de la pena de muerte ha estado marcada por una profunda disparidad racial —cuatro de los cinco hombres que serían ejecutados en Maryland son afroamericanos cuyas víctimas eran caucásicas— y rotundas diferencias de criterios entre las distintas jurisdicciones.Por ejemplo, las personas que son condenadas por delitos en el condado de Baltimore tenían muchas más probabilidades de recibir la pena de muerte que quienes delinquían en la ciudad vecina de Baltimore.
Dado que el proyecto abolicionista no prevé ninguna disposición respecto a los cinco hombres condenados a la pena de muerte, los reclusos aún podrían ser ejecutados una vez agotados todos los recursos de apelación. La constitución de Maryland reconoce al gobernador la potestad de conmutar penas. O’Malley debería asegurar que la pena de muerte nunca más se aplique en Maryland conmutando inmediatamente la condena impuesta a los cinco internos que serían ejecutados, indicó Human Rights Watch.
Contrariamente a lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el cual es parte Estados Unidos, la nueva ley no reconoce efecto retroactivo a la derogación de la pena de muerte. Los gobiernos de todos los estados están obligados a cumplir las disposiciones del Pacto, que establece que si una ley prevé la imposición de una pena más leve, deberá tener efecto retroactivo. Cuando ratificó el Pacto en 1992, Estados Unidos incluyó una reserva según la cual no adoptaría esta disposición, y argumentó en este sentido que “el derecho estadounidense habitualmente aplica al infractor la pena vigente al momento en que se cometió el delito”.
“Maryland hizo lo correcto al poner fin a las ejecuciones avaladas por el gobierno”, comentó Morales. “Los 32 estados que aún permiten la pena de muerte deberían seguir el ejemplo de Maryland y erradicar esta práctica inhumana”.
