(Nueva York) – Una proporción muy baja de quienes ingresan al sistema de justicia penal de la Ciudad de Nueva York tras ser detenidos por posesión de marihuana se convierten posteriormente en delincuentes peligrosos, indicó Human Rights Watch en un informe divulgado hoy.
En el informe de 33 páginas “A Red Herring: Marijuana Arrestees Do Not Become Violent Felons” (Pista falsa: Las personas detenidas por marihuana no se convierten en delincuentes violentos), Human Rights Watch presenta nuevos datos que indican que son pocos los casos en que personas que ingresan al sistema de justicia penal por posesión de marihuana en público cometen delitos violentos en el futuro. En los últimos 15 años, la Policía de la Ciudad de Nueva York arrestó a más de 500.000 personas, en su mayoría jóvenes negros e hispanos, por delitos menores de posesión de marihuana en pequeñas cantidades y en público. Si bien el alcalde Michael Bloomberg y la Policía han señalado que estas detenciones ayudaron a reducir los delitos violentos, nunca precisaron de qué manera.
“Nuestras conclusiones confirman las de otros investigadores que cuestionan los beneficios de los arrestos masivos por tenencia de marihuana para la seguridad pública”, indicó Jamie Fellner, asesora sénior del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch y coautora del informe. “Los funcionarios públicos deben explicar exactamente en qué modo detener a miles de personas cada año por posesión de marihuana reduce los índices de delitos violentos”.
A partir de datos proporcionados por el Departamento de Servicios de Justicia Penal de Nueva York (New York Department of Criminal Justice Services), Human Rights Watch efectuó un seguimiento, hasta mediados de 2011, de los registros penales de casi 30.000 personas que no tenían condenas previas al momento en que fueron arrestadas por posesión de marihuana en público durante 2003 y 2004. De este grupo, el 90 por ciento no tuvo condenas posteriores por delitos graves. Solamente el 3,1 fue condenado posteriormente en relación con un delito grave violento. Y otro 0,4 por ciento recibió dos o más condenas por delitos graves violentos.
Según datos de Human Rights Watch, la policía de la Ciudad de Nueva York arrastra al sistema de justicia penal de la ciudad a una gran cantidad de personas – especialmente jóvenes de color – que luego no se convierten en peligrosos delincuentes. Estos hallazgos confirman y complementan la investigación de Harry Levine, un sociólogo de Queens College, en la City University of New York, que muestra que una gran proporción de personas detenidas por posesión de marihuana no tienen condenas penales anteriores.
Existe actualmente una fuerte controversia ante señalamientos que asocian los arrestos efectuados en la ciudad por posesión de marihuana con discriminación racial, y afirman que violan los derechos constitucionales y suponen para la ciudad un costo de cientos de millones de dólares en gastos judiciales y de seguridad pública. En junio, el gobernador Andrew Cuomo intentó infructuosamente que se sancionara una nueva ley que reduciría las penas previstas para la posesión de marihuana en público, calificándola como una contravención simple, sin carácter penal, en vez de un delito de gravedad menor. La ley recibió el apoyo de Bloomberg, el comisionado de Policía Raymond Kelley y los cinco fiscales de distrito de la Ciudad de Nueva York.
Las condenas aplicadas por tenencia simple de marihuana, e incluso los arrestos que no dan lugar posteriormente a una condena, pueden tener consecuencias sumamente negativas para quienes son detenidos, como menoscabar sus posibilidades de conseguir empleo, vivienda y préstamos. En relación con las personas que son detenidas por el delito de posesión de marihuana en público, el Fiscal de Distrito de Manhattan (Manhattan District Attorney) Cyrus Vance ha manifestado: “El costo humano que tiene para cada una de estas personas y sus familias es grave y concreto”.
“Mientras continúen deteniendo a personas y obligándolas a pagar un precio tan alto por posesión de marihuana en público, los funcionarios de la Ciudad de Nueva York deberán explicar a la población de qué modo estos arrestos contribuyen a la seguridad pública”, señaló Issa Kohler-Hausmann, coautor del informe y consultor de Human Rights Watch para este proyecto. “Si estos arrestos efectivamente reportan beneficios para el control del delito que superan los costos, aún no han sido identificados por los funcionarios públicos”.
