Teachers recite verses from the Koran as they pray for the speedy recovery of schoolgirl Malala Yousufzai at a school in Peshawar on October 12, 2012.

© 2012 Reuters

(Nueva York) – El gobierno pakistaní debe adoptar medidas inmediatas para proteger a estudiantes, docentes, escuelas y defensores de derechos que están expuestos al riesgo de ataques, señaló Human Rights Watch. Los distintos grupos armados, incluidos talibanes, Al Qaeda y otros aliados de sus aliados deberían poner fin a los ataques contra niños, personal educativo y escuelas.

Human Rights Watch ha recabado denuncias de 96 ataques contra escuelas ocurridos en Pakistán tan sólo durante este año. La mayoría de estos atentados se produjeron en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa (KP) y en las Áreas Tribales bajo Administración Federal (Federally Administered Tribal Areas, FATA) en la frontera con Afganistán. En la región de Mohmand, en las áreas tribales, se informaron 14 ataques. En distintos distritos de KP se registraron decenas de atentados. Trece escuelas fueron atacadas en el distrito de Swabi, 12 en el de Charsadda y 11 en Mardan. También en las provincias de Balochistan y Sindh se produjeron ataques contra escuelas. Naciones Unidas, a su vez, informó 152 incidentes de destrucción parcial o total de escuelas en las FATA y la provincia de KP durante 2011.

“Algunas partes de Pakistán se cuentan entre las regiones del mundo donde es más peligroso asistir a la escuela”, indicó Ali Dayan Hasan, director para Pakistán de Human Rights Watch. “Es tiempo de que las autoridades pakistaníes comprendan que no basta con que manifiesten su indignación, y que estos ataques solamente cesarán si se juzga a los responsables”.

Malala Yousafzai, una estudiante de 15 años y ferviente defensora del derecho de los niños a la educación, se encuentra en estado crítico tras recibir disparos en la cabeza y el cuello el 9 de octubre de 2012. Tehreek-e-Taliban Pakistán se atribuyó responsabilidad por el hecho. El ataque despertó el repudio de distintos sectores políticos de Pakistán.

Tan sólo tres días después, tres estudiantes universitarios chiíes de ambos sexos que se dirigían a su hogar en Parachinar, en las FATA, luego de rendir examen en Kohat, provincia de KP, fueron heridos de gravedad cuando un grupo de extremistas les arrojó ácido en el rostro. También en este caso Tehreek-e-Taliban Pakistán ha reivindicado la autoría del hecho.

“El repudio unánime a nivel mundial y la prontitud de la respuesta luego del ataque armado contra Malala fueron algo extraordinario, pero es necesario que se reitere esa misma reacción cada vez que se atenta contra un estudiante o una escuela”, expresó Hasan. “Las escuelas que desde hace años no son más que montañas de escombros en la región noroeste de Pakistán permiten dudar sobre cuál es el verdadero compromiso del gobierno para asegurar que los niños regresen a las escuelas de manera segura”.

Human Rights Watch denunció que trabajadores de organizaciones no gubernamentales en las FATA y KP han sido agredidos deliberadamente, en algunos casos por su trabajo vinculado con la educación.

  • En julio, la activista en derechos de las mujeres Farida Afridi fue asesinada presuntamente por su labor en defensa de la educación de las niñas y la emancipación de las mujeres en la región de Khyber, en las FATA.
  • En el mes de mayo, un político local islamista dictó una fetua en la cual criticó la educación de las niñas por considerarla contraria al islam, sostuvo que la educación persuadía a las jóvenes para que se sumaran a organizaciones no gubernamentales y amenazó con que dispondría el matrimonio forzadode trabajadoras de organizaciones no gubernamentales en Kohistan, KP.
  • En diciembre de 2011, un grupo de militantes habría disparado y asesinado a Zarteef Afridi, un docente con décadas de experiencia que había fundado una escuela y mantenía un profundo compromiso con la defensa de los derechos de mujeres y niños en la región de Khyber, mientras este se dirigía a la escuela.

El gobierno federal de Pakistán debería cooperar con las autoridades provinciales en la creación de un sistema de respuesta rápida para cuando se produzcan ataques en escuelas. Esto permitiría garantizar que los edificios se reparen o reconstruyan sin demora y que se reemplace el material educativo destruido, para que los niños puedan regresar a la escuela tan pronto como sea posible. Durante la reconstrucción, los estudiantes deberían recibir educación por medios alternativos y, cuando sea necesario, también apoyo psicológico.

El Ejército pakistaní debería además evitar que las escuelas se conviertan en objetivos militares utilizándolas como cuarteles, señaló Human Rights Watch. En un documentalde 2009 sobre Malala Yousafza se muestra, por ejemplo, que su escuela había sido utilizada por el Ejército como base militar.

“Estos sucesos van más allá de haber disparado contra una joven valiente y alcanzan la proporción de una crisis que afecta a la totalidad del sistema educativo pakistaní”, aseveró Hasan. “Es tiempo de que las autoridades pakistaníes comprendan que quienes pretenden lastimar a los estudiantes y docentes en realidad buscan privar a Pakistán de cualquier posibilidad de futuro”.