(Nueva York) – Una nueva ley filipina sobre “ciberdelincuencia” endurece considerablemente las penas previstas para el delito de injurias y otorga a las autoridades facultades excesivamente amplias e indiscriminadas para cancelar sitios web y controlar la información que se publica en línea, señaló hoy Human Rights Watch. El presidente Benigno Aquino III promulgó la Ley de Prevención de Ciberdelincuencia de 2012 el 12 de septiembre de este año.
Las sanciones penales establecidas por la norma para casos de injurias a través de Internet, además de otras restricciones, constituyen una grave amenaza para la libertad de expresión en Filipinas. Se han interpuesto una serie de recursos ante la Corte Suprema de Filipinas para conseguir que este tribunal, entre otras cosas, declare la inconstitucionalidad de la ley en razón de que viola las garantías de libertad de expresión consagradas en la Constitución de Filipinas y diversos tratados de derechos humanos ratificados por el país.
“La ley sobre ciberdelincuencia debe ser derogada o reemplazada”, manifestó Brad Adams, director para Asia. “Vulnera el derecho de los filipinos a la libertad de expresión y resulta absolutamente incompatible con las obligaciones del gobierno de Filipinas conforme al derecho internacional”.
Esta norma reciente define nuevos actos que se incluyen en la categoría de “ciberdelitos”. Entre los actos prohibidos se encuentran el “cibersexo”, la pornografía infantil en línea, el acceso ilegal a sistemas informáticos o la piratería informática, el robo de identidad en línea y el envío de mensajes de correo electrónico no deseados.
La sección sobre injurias dispone que este delito de naturaleza penal, que ya se definía en el artículo 355 del Código Penal Revisado de Filipinas, se aplicará en adelante a aquellos actos “cometidos a través de sistemas informáticos o cualquier otro medio similar que se diseñe en el futuro”. La nueva ley prevé una sanción significativamente más severa para las injurias proferidas a través de medios informáticos, y aumenta doce veces la pena mínima, que inicialmente era de seis meses y ahora es de seis años. A su vez, la pena máxima se duplica de 6 a 12 años de prisión.
“Cualquier persona que utilice las redes sociales o publique contenidos en línea se expone ahora a la posibilidad de recibir una pena de prisión prolongada si alguno de sus lectores —entre ellos, los funcionarios gubernamentales— interpone una demanda por injurias”, aseveró Adams. “Las expresiones presuntamente difamatorias, expresadas tanto en línea como por otros medios, deberían evaluarse como un asunto privado de naturaleza civil, y no como un delito”.
Human Rights Watch instó al gobierno de Filipinas a derogar la ley penal sobre injurias que está vigente actualmente. El gobierno de Aquino, por su parte, ha mostrado escaso interés en apoyar una norma que está siendo tratada actualmente en el Congreso filipino y que despenalizaría las injurias.
Además de la sección sobre injurias, la ley contiene una disposición que otorga nuevos poderes al Departamento de Justicia para que, por iniciativa propia y sin necesidad de una orden judicial, pueda ordenar el cierre de cualquier sitio web si considera que viola la ley. También autoriza a la policía a recabar datos informáticos en tiempo real sin una orden de la justicia.
La aplicación de las leyes penales sobre difamación también ha inhibido expresiones de otros sectores, particularmente aquellos con participación en temas similares.
Cuando los ciudadanos se enfrentan a la posibilidad de terminar en prisión por denunciar el desempeño de las autoridades, la corrupción o prácticas comerciales abusivas, es esperable que otras personas se hagan eco de esta advertencia y probablemente decidan no involucrarse en este tipo de problemas, lo cual redunda en detrimento de la gobernabilidad efectiva y la sociedad civil.
En los últimos años, varios periodistas de Filipinas han sido encarcelados por injurias, y esto ha agudizado la precaria situación de la libertad de expresión en el país. En el caso del periodista de radio Alexander Adonis de la ciudad de Davao, que en 2007 fue condenado a dos años de prisión por injurias, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que el gobierno filipino había violado el artículo 19 sobre el derecho a la libertad de expresión y opinión del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Comité exhortó al gobierno de Filipinas a despenalizar las injurias.
“Mientras se mantenga vigente, la nueva ley sobre delitos informáticos tendrá un efecto inhibitorio para todos los miembros de la comunidad en línea de Filipinas”, indicó Adams.
