Ricardo Sandoval Palos

El discurso político sobre la inmigración, especialmente en épocas de campaña presidencial, consigue que se acepten como ciertos una serie de mitos y que se ignore la verdadera situación de los millones de inmigrantes no autorizados que viven en Estados Unidos.

Un argumento que surge una y otra vez es que los inmigrantes no autorizados están inmersos en la pobreza y absorben un volumen desproporcionado de recursos públicos. Sin embargo, algunas cifras sugieren que este sector genera aportes concretos: en 2007, los empleadores estadounidenses informaron haber destinado US$ 90,000 millones al pago de salarios de trabajadores que no figuran en la nómina con un nombre o número de Seguridad Social verdadero. De esa cantidad, US$ 11,200 millones representaron contribuciones al fondo de seguridad social (Social Security Trust Fund) y US$ 2,600 millones ingresaron al fondo nacional de salud (Medicare.) Pese a ello, los inmigrantes no autorizados no reúnen las condiciones para recibir la mayoría de los beneficios públicos; incluso los inmigrantes legales no pueden exigir estos beneficios hasta cinco años después de obtener la residencia.

El verdadero problema —cuyo análisis se omite sistemáticamente durante los debates políticos en nuestro país— es la práctica nacional que insiste en mantener a los inmigrantes no autorizados al margen y la sombras de la sociedad. Si bien algunas empresas dependen de trabajadores no autorizados para recolectar alimentos, limpiar habitaciones de hoteles y cuidar a nuestros mayores a bajo costo, en estados como Arizona y Alabama pareciera existir simultáneamente una presión para que se identifique a los inmigrantes no autorizados o para conseguir que estos opten por irse voluntariamente del país. Naturalmente, las personas que están en el país sin autorización temen ser descubiertas y procuran evitar el contacto con cualquier persona que vista uniforme.

Esta situación no sólo muestra una profunda hipocresía, sino que además es poco saludable para la sociedad. El temor de los inmigrantes a interactuar con las autoridades puede obstaculizar el cumplimiento de la ley y los expone a violaciones de sus derechos humanos fundamentales.

Numerosos informes de Human Rights Watch en los últimos años han mostrado que los inmigrantescon frecuencia son objeto de persecución policial; que las familias con “estatus mixto”, en las que algunos de sus miembros son ciudadanos estadounidenses, a menudo se ven desintegradas; y que los principios del debido proceso en el sistema legal parecieran perder toda vigencia cuando se trata de inmigrantes.

Consideremos el ejemplo de los trabajadores agrícolas, una mano de obra indispensable para Estados Unidos:

Muchos trabajadores agrícolas ya se ven afectados por la pobreza y los bajos salarios, y trabajan en un marco legal que prevé para ellos un trato distinto al que reciben los trabajadores de casi todos los demás sectores de Estados Unidos. Por ejemplo, las leyes que regulan el trabajo de los menores de edad, el salario mínimo y el pago de horas extras para el sector de la agricultura son menos rigurosas. El Southern Poverty Law Center ha comprobado que, entre 2004 y 2006, el ingreso anual promedio de las mujeres que trabajaban en la agricultura era de US$ 11,250, y que para los hombres era de US$ 16,250.

Sin embargo, en el caso de los inmigrantes no autorizados que trabajan en la agricultura, el riesgo de sufrir abusos es aun mayor. Solamente el 39 por ciento reúne las condiciones para cobrar el seguro de desempleo, pese a que muchos de sus empleadores remiten pagos al sistema. Menos de la mitad de los trabajadores no autorizados están en condiciones de exigir una indemnización si sufren alguna lesión en el trabajo. Y el 21 por ciento de los trabajadores agrícolas reciben alojamiento de sus empleadores.

Además, existen menos probabilidades de que los trabajadores agrícolas denuncien abusos. Anteriormente este año, Human Rights Watch documentó que las mujeres y niñas que realizaban tareas agrícolas se enfrentaban a un riesgo significativo de violencia y acoso sexual. Sin embargo, son pocas las veces en que denuncian los abusos, no sólo por la posibilidad de represalias, sino porque además temen que las fuerzas de seguridad locales tengan mayor interés en deportarlas que en investigar los delitos sufridos.

¿Realmente conviene a los intereses de Estados Unidos contar con políticas que generan un temor tan profundo entre los inmigrantes no autorizados que estos prefieren no denunciar hechos de violencia sexual u otros abusos?

El gobierno de Estados Unidos tiene plena facultad de regular la inmigración. Pero debe hacerlo de un modo justo, que respete los estándares sobre derechos humanos reconocidos internacionalmente, valores que Estados Unidos afirma promover y respetar.

Si Estados Unidos pretende cumplir estos estándares, debe efectuar una reforma integral de las leyes sobre inmigración. Cuanto más tiempo se demoren los cambios al sistema inmigratorio, más proclive será el entorno a que se cometan abusos contra un grupo específico de personas y, a su vez, más riesgosas serán las divisiones entre las comunidades.

El gobierno estadounidense mantiene desde hace tiempo que primero se deben asegurar las fronteras, antes de abordar la realidad de los numerosos inmigrantes no autorizados que viven en el país. Ahora que el crecimiento real de la inmigración proveniente de México es nulo y que a través del personal y la tecnología se ha aplicado una fortificación masiva de la frontera sur, es razonable que nos preguntemos: ¿cómo es posible que este país continúe demorando la reforma en materia de inmigración?

Mientras los políticos hacen sus apuestas para la carrera por la presidencia durante las convenciones partidarias, alguien debería recordarles que existen millones de estadounidenses dispuestos a debatir una reforma inmigratoria que saque de la clandestinidad a un gran número de personas que desean convertirse en miembros productivos y valiosos de la sociedad.

Ricardo Sandoval-Paloses investigador del programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. Con amplia trayectoria en periodismo, ha escrito extensamente sobre América Latina y la frontera entre Estados Unidos y México.