(Nueva York) – La sentencia dictada el 20 de agosto de 2012 por un tribunal federal de apelación, en la cual determinó que Alabama y Georgia se habían extralimitado en su facultad de regular a inmigrantes, dejó intacta una serie de disposiciones abusivas. El tribunal mantuvo vigentes disposiciones que permiten a las autoridades investigar la situación legal de las personas que son interceptadas por la policía.
El Tribunal Federal de Apelaciones del 11.° Circuito determinó en tres casos que las autoridades de Alabama no podrán exigir que se verifique la situación migratoria de los niños antes de inscribirlos en escuelas ni prohibir a la justicia del estado que exija el cumplimiento de contratos en los cuales una de las partes sea un inmigrante no autorizado. El tribunal también dispuso que Georgia no podrá sancionar a personas que transporten a inmigrantes indocumentados o trabajen con ellos.
“Hemos visto que la justicia en varias ocasiones ha puesto a raya a los estados que dictan leyes sobre inmigrantes no autorizados con un contenido excesivamente amplio y punitivo”, señaló María McFarland, directora interina del programa de Estados Unidos. “Otros estados deberían mostrarse cautos antes de seguir los pasos de Georgia y Alabama”.
Sin embargo, el 11.° Circuito no modificó aspectos clave de las leyes sobre inmigración de Alabama y Georgia que permiten a las autoridades exigir que las personas interceptadas por la policía comprueben su situación legal, una práctica que en Alabama ya ha dado lugar a abusos.
El informe de Human Rights Watch “Vivir sin Dignidad”, publicado en 2011, comprobó que la Ley Beason-Hammon de Protección a Contribuyentes y Ciudadanos de Alabama (Beason-Hammon Alabama Taxpayer Citizen and Protection Act), conocida como HB 56, provocó un aumento en la cantidad de incidentes de persecución discriminatoria por parte de autoridades del estado y particulares. Si bien algunos funcionarios del estado de Alabama han manifestado públicamente en varias oportunidades que no tolerarán que se realicen controles aplicando criterios selectivos de tipo raciales, en la práctica se ha registrado un aumento de las denuncias de hostigamiento.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por Estados Unidos en 1994, exige al gobierno asegurar que las políticas de inmigración no den lugar a discriminación por motivos de raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico. Cuando la actuación de la policía tiene efectos discriminatorios, aun si no existe voluntad de discriminar, el gobierno incurre en violación del tratado. En 2010, el gobierno federal recordó a los gobernadores de todos los estados las obligaciones asumidas en virtud del tratado contra la discriminación racial.
La ley de Alabama también procuró que se exigiera a los estudiantes de escuelas públicas que dieran a conocer su situación migratoria. Pese a que la Corte Suprema de Estados Unidos dispuso en 1982 que no se podría excluir a inmigrantes no autorizados de la educación primaria pública, la aprobación de la ley HB 56 provocó que numerosos padres tomaran la determinación de sacar a sus hijos de la escuela, como se documentó en “Vivir sin Dignidad”. El 11.° Circuito determinó que obligar a estudiantes a revelar su condición de inmigrantes no autorizados redundaría en “procesos penales, persecución e intimidación” y violaría la Cláusula sobre Protección Igualitaria de la Constitución estadounidense, la cual dispone que no podrá negarse a ninguna persona en Estados Unidos la protección igualitaria conforme a la ley.
El tribunal también dejó sin efecto una sección de la ley de Alabama que impediría que los tribunales estatales dieran cumplimiento a contratos en los cuales una de las partes fuera un inmigrante no autorizado. El tribunal indicó que, a causa de esta disposición, “básicamente los inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Alabama ya ni siquiera tienen la posibilidad de mantener una existencia mínima”. El tribunal determinó que la disposición era incompatible con la capacidad del gobierno federal de permitir la presencia de inmigrantes en el estado y, por lo tanto, quedaba invalidada por el derecho federal.
Como se ha documentado en varios informes de Human Rights Watch, el sistema federal de inmigración de Estados Unidos a menudo incumple estándares internacionales sobre derechos humanos, por ejemplo, cuando no genera condiciones seguras para las personas detenidas por razones migratorias o no adopta medidas para asegurar que todas las víctimas de delitos, incluidos los inmigrantes, tengan acceso a la justicia. Las leyes sobre inmigración adoptadas por los estados en forma autónoma obstaculizan la capacidad del gobierno estadounidense de regular la inmigración de un modo que respete los derechos de todas las personas dentro del territorio de Estados Unidos.
El Congreso estadounidense debería actuar sin demora para adoptar una reforma migratoria integral que respete los derechos humanos y evite que se produzcan abusos por motivos raciales.
“Seguramente continuarán presentándose recursos ante los abusos cometidos en los estados contra inmigrantes, y es posible que la justicia responda favorablemente a estos reclamos”, aseveró McFarland. “Sin embargo, para evitar mayores daños, el Congreso debería intervenir y promulgar una reforma integral en materia inmigratoria”.
