(Nairobi) – Diversas organizaciones de Uganda dedicadas a investigación e incidencia en temas polémicos están expuestas a una persecución cada vez mayor por parte del gobierno de ese país, Human Rights Watch señaló en un informe difundido hoy. Recientemente, estas organizaciones se han visto obligadas a interrumpir reuniones, han sufrido amenazas, persecución y detenciones, y han sido castigadas por medio de la intromisión burocrática en sus actividades. El Gobierno de Uganda debería poner fin a su retórica hostil y a la obstrucción reiterada de la labor de las organizaciones no gubernamentales, expresó Human Rights Watch.
El informe de 50 páginas, “Curtailing Criticism: Intimidation and Obstruction of Civil Society in Uganda”(“Restringir la crítica: Intimidación y obstrucción de la sociedad civil en Uganda”), documenta una escalada en los ataques gubernamentales contra organizaciones que se dedican principalmente a temas como transparencia de la renta generada por el petróleo, indemnización por venta forzosa de tierras, reformas legales y en materia de gobernabilidad, y protección de derechos humanos, especialmente los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT). Tanto ministros del gobierno como funcionarios de distrito han participado en esta obstaculización, afirmó Human Rights Watch.
“El gobierno de Uganda está ejerciendo una fuerte presión sobre la sociedad civil, en particular aquellas organizaciones que, según consideran, se interponen a los intereses políticos y financieros de estos funcionarios”, aseveró Maria Burnett, investigadora sénior sobre África en Human Rights Watch. “La sociedad civil debería tener libertad para investigar y participar en debates sobre políticas públicas sin temor a sufrir represalias del gobierno”.
Se cree que Yoweri Museveni, quien ocupa la presidencia desde 1986, se estaría preparando para renovar una vez más su mandato. Desde su reelección en 2011 se han intensificado las tensiones políticas, y las críticas públicas contra el gobierno han ido en aumento. Para conseguir un control más efectivo del sector, altos funcionarios del partido gobernante han impulsado un escrutinio cada vez más riguroso de las organizaciones no gubernamentales y el impacto que podrían tener en la percepción pública sobre gobernabilidad y gestión de fondos públicos, concluyó Human Rights Watch.
El informe se elaboró a partir de investigaciones llevadas a cabo por personal de Human Rights Watch durante 2011, así como de averiguaciones in situ realizadas entre mayo y julio de 2012 y un estudio de las reglamentaciones de Uganda aplicables al sector de organizaciones no gubernamentales y otras normas relevantes. Human Rights Watch entrevistó a 41 personas, incluidos 25 representantes de organizaciones que trabajan en un amplio espectro de temas y de distintos puntos del país, además de donantes, policías y actores del gobierno.
En Uganda, las actividades de las organizaciones no gubernamentales están reguladas por la Ley de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que exige a estas organizaciones inscribirse ante la Junta de ONG, un ente gubernamental gestionado por el Ministro de Asuntos Internos. Algunos miembros de esta Junta pertenecen a los servicios de inteligencia de Uganda, y desde allí monitorean la actividad de la sociedad civil. De este modo, se trata a las organizaciones como potenciales amenazas para la seguridad nacional.
La Ley de ONG, con las modificaciones incorporadas en 2006, limita la actuación de las organizaciones no gubernamentales al establecer requisitos de inscripción excesivamente engorrosos y exigir que cumplan procedimientos confusos para ser autorizadas a realizar investigaciones. En abril de 2009, ocho organizaciones impugnaron esta ley ante el Tribunal Constitucional, afirmando que algunas disposiciones eran incompatibles con la Constitución, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Tratado Constitutivo de la Comunidad de África Oriental. Aún no se ha fijado una audiencia en este proceso.
Actualmente existen en Uganda una gran cantidad (posiblemente miles) de organizaciones no gubernamentales. El gobierno concede a algunas de ellas un amplio margen de actuación, especialmente a aquellas que prestan servicios. Sin embargo, numerosas organizaciones dedicadas a temas de transparencia del sector de petróleo, derechos sobre la tierra, gobernabilidad y derechos humanos han tenido dificultades cada vez mayores para llevar a cabo su labor y promover el cambio en foros públicos, según comprobó Human Rights Watch.
En 2010, el Ministerio de Asuntos Interiores y los líderes del sector de organizaciones no gubernamentales negociaron una Política sobre ONG. Se trata de un documento en gran medida positivo que constituye un paso importante para abordar las cuestiones que preocupan a las ONG. Sin embargo, el gobierno no ha implementado formalmente esta política y, por lo tanto, aún no es exigible legalmente. Algunas medidas adoptadas recientemente por la Junta de ONG, que depende del gobierno, no se condicen con el propósito de esta política. Por ejemplo, en junio de 2012, la Junta indicó a una organización que trabaja en temas de gobernabilidad y transparencia de la renta petrolera que desistiera de participar en “coaliciones informales que no estén registradas”. La Política sobre ONG establece específicamente que deberán fortalecerse las “agrupaciones temáticas, redes o confederaciones”. Las leyes sobre organizaciones no gubernamentales no se pronuncian sobre la necesidad de registrar a las coaliciones como personas jurídicas ni cuál es el procedimiento para hacerlo.
En mayo de 2012, el gobierno ordenó que la Junta de ONG indagara cuáles eran las actividades de investigación llevadas a cabo por una organización que documenta casos de adquisición ilegal de tierras. La Junta se extralimitó en su mandato legal y recomendó a la organización que se disculpara por haber publicado un informe sobre el tema y lo sacara de circulación, ya que de lo contrario se cancelaría su inscripción.
Otra organización que colabora para que comunidades locales reciban una indemnización justa por el uso de tierras para proyectos eléctricos de gran escala fue acusada de mantener una actitud “rayana con el sabotaje de programas del gobierno” por un organismo gubernamental que participa en el proyecto. El gobierno exige a todas las organizaciones solicitar autorización escrita al secretario permanente del Ministerio de Desarrollo Energético y Mineral cada vez que pretendan visitar la región petrolera, si bien no existe ninguna ley ni política públicamente conocida que obligue a obtener tal permiso de visita. Estas políticas y prácticas obstruyen el acceso a comunidades afectadas y disuaden la investigación y la promoción de transparencia y rendición de cuentas en el sector petrolero.
Un representante de una organización no gubernamental dijo a Human Rights Watch: “Si la investigación que realizas pone al descubierto a personas poderosas de Uganda y muestra que estas se llevan el dinero del país, corres un grave riesgo. Si defiendes los derechos humanos, entonces estás en contra del desarrollo y te acusan de sabotaje económico. Mucho menos puedes hablar de tierra, petróleo y gobernabilidad. Esto es apenas el comienzo, pero las tensiones se vienen acumulando”.
A su vez, no ha mermado el trato hostil y persecutorio contra los líderes y miembros de la comunidad LGBT de Uganda por parte del gobierno. Los funcionarios gubernamentales que demonizan la homosexualidad ponen la mira en un sector vulnerable de la población y desinforman deliberadamente al público, instigan el odio e intentan distraer la atención de los donantes. Las organizaciones de LGBT se ven obligadas a operar en forma clandestina, ya que las leyes penales sobre homosexualidad prohíben la posibilidad de inscribirse legalmente ante la Junta de ONG. En los últimos meses, dos talleres sobre promoción de derechos de personas LGBT fueron interrumpidos por policías que seguían órdenes del Ministro de Ética e Integridad, pese a que no existe un fundamento legal para esta medida. En uno de estos hechos, se detuvo momentáneamente a varios activistas. Y el Ministro ha expresado en forma inequívoca que se cancelará la inscripción de aquellas organizaciones que promuevan los derechos de personas LGBT.
Ante el desencanto popular con los dirigentes del partido gobernante que se manifiesta desde las elecciones de febrero de 2011, muchos consideran que la tenaz insistencia gubernamental sobre la amenaza que supuestamente representa la homosexualidad no es más que una estrategia demagógica simplista para conseguir apoyo. La comunidad LGBT en Uganda continúa siendo sumamente vulnerable a la persecución pública y la violencia. Diversas organizaciones comentaron a Human Rights Watch que temían que la animosidad frente a la comunidad LGBT pueda ser usada para difamar a las organizaciones de derechos humanos y frustrar su trabajo en todos los ámbitos.
“En Uganda no es ilegal debatir sobre homosexualidad ni promover reformas legales que permitan su despenalización, por lo que los funcionarios del gobierno no deberían actuar de este modo”, dijo Burnett. “Los funcionarios deberían recordar que tienen la obligación de defender los derechos de todos los ciudadanos, y no únicamente de aquellos con quienes están de acuerdo”.
Dado que el entorno en el cual operan es cada vez más difícil, el personal y los representantes de numerosas organizaciones no gubernamentales afirmaron que temen seriamente no poder proseguir con sus investigaciones, difundir sus ideas en temas controvertidos o proteger a sus empleados. Representantes de estas organizaciones dijeron a Human Rights Watch que no están seguros de si podrían cumplir su mandato en vista del contexto hostil en el cual actúan, y algunos admitieron que han comenzado a censurar su trabajo para poder mantener al menos un cierto grado de actividad.
El gobierno de Uganda debería modificar su postura respecto de todas las organizaciones no gubernamentales, especialmente aquellas que trabajan en temas sensibles o controvertidos, y mejorar el ámbito de actuación para la sociedad civil en general, expresó Human Rights Watch. El gobierno debería abandonar su retórica hostil, reformar la legislación que trata a las organizaciones no gubernamentales como posibles amenazas para la seguridad nacional y apoyar públicamente el rol fundamental que desempeña la sociedad civil. Por su parte, los socios internacionales de Uganda, sobre todo aquellos que consideran la posibilidad de financiar la Junta de ONG, deberían manifestar activamente su preocupación sobre la necesidad de que se ponga fin a la intromisión injustificada en las actividades de la sociedad civil.
“El gobierno debería apoyar públicamente el rol esencial de la sociedad civil en la promoción del debate público, en vez de atacar este componente clave de cualquier democracia donde se respeten los derechos humanos”, declaró Burnett. “Los socios internacionales de Uganda deberían manifestar activamente su preocupación ante estas amenazas contra organizaciones no gubernamentales, especialmente ahora que se ha recrudecido la hostilidad gubernamental frente a la libertad de expresión y asociación”.
