Juan Manuel vive en Lima, donde comparte una vivienda con otros cinco amigos. Juntos cocinan, comen y socializan. Consiguió recientemente un empleo en un banco. En 2010 y 2011, Juan Manuel votó en las elecciones municipales y nacionales. Si bien ninguna de estas actividades debería considerarse algo fuera de lo normal, su historia es un caso de excepción.
Juan Manuel vivió casi dos décadas en una institución gubernamental donde eran muy pocas las ocasiones en que podía tomar sus propias decisiones, como cuándo y qué comer, qué hacer con su tiempo libre o incluso cómo vestirse. También se le negó su derecho a votar.
En nuestra investigación sobre Perú, documentamos los efectos de una política, modificada recién en octubre pasado, que negó de manera arbitraria el derecho de sufragio a miles de personas con discapacidades intelectuales y psicosociales que habían sido clasificadas como individuos con “discapacidad mental.” Estas personas enfrentaron dificultades al momento de obtener documentos de identidad indispensables para votar y no disponían de mecanismos de asistencia para ayudarlas a tomar decisiones sobre votación.
No obstante, se están comenzando a vislumbrar cambios. En junio, el Congreso sancionó una nueva ley sobre discapacidad que permitió actualizar su normativa nacional para adecuarla a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue ratificada tempranamente por Perú en 2008. Cabe señalar que esta ley comenzó como una iniciativa ciudadana impulsada por organizaciones de personas con discapacidad.
La nueva ley establece claramente que las personas con discapacidad pueden actuar en interés propio y que, cuando sea necesario, deben recibir asistencia para ejercer sus derechos. También incluye una disposición totalmente novedosa sobre el derecho de las personas con discapacidad a vivir en forma independiente en la comunidad.
No obstante, muchos peruanos con discapacidades intelectuales o psicosociales aún no consiguen el ejercicio efectivo de tales derechos.
Juan Manuel y sus amigos recibieron el apoyo de HANOPREM, una organización no gubernamental que trabaja con personas con discapacidad intelectual para conseguir que aprendan a vivir en forma independiente y digna en la comunidad. Sin embargo, muchas personas no tienen las mismas oportunidades. Conforme al sistema de interdicción de Perú, el Código Civil permite que un juez declare que una persona con una determinada discapacidad intelectual o mental es incapaz y designe a un tutor. Esta decisión suspende los derechos civiles de la persona y genera obstáculos en casi todos los aspectos de la vida, como votar, abrir una cuenta bancaria, obtener un empleo, poseer o heredar bienes, contraer matrimonio o firmar documentos oficiales en representación de sus hijos, con independencia de si la persona está en condiciones de realizar estas gestiones por su cuenta o con asistencia.
El Poder Ejecutivo debería actuar sin demora para promulgar la nueva ley sobre derechos de discapacidad a fin de asegurar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Posteriormente, y tal como lo exige la nueva ley, debería trabajar con personas con discapacidad en el diseño de un plan de asistencia para la toma de decisiones. Perú se posicionaría como un país pionero en este tema, y la historia de Juan Manuel se convertiría en la regla en vez de la excepción.
Rebecca Schleifer es directora de incidencia del departamento de Salud y Derechos Humanos y Shantha Rau Barriga es investigadora y defensora de derechos de discapacidad de Human Rights Watch.
