(Washington, DC) -- El juicio político que llevó a que el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, fuera separado de su cargo el 22 de junio de 2012, adoleció de problemas de debido proceso.
La Cámara de Diputados inició el proceso el 21 de junio y acusó a Lugo, entre otros cargos, de ser responsable de los enfrentamientos violentos entre policías y campesinos que tuvieron como resultado la muerte de 17 personas de ambos grupos a mediados de junio. Al día siguiente, el Senado llevó a cabo el juicio político, que duró menos de cinco horas, durante el cual Lugo solamente contó con dos horas para presentar su defensa. El Senado lo declaró culpable y lo separó del cargo. Según lo informaron los medios, el presidente Lugo solicitó más tiempo para preparar su defensa, pero su pedido fue rechazado por el Senado. El mismo día, Federico Franco, vicepresidente de Lugo, asumió como primer mandatario de Paraguay.
“La extrema rapidez con que se llevó a cabo el proceso de destitución del expresidente Lugo genera dudas acerca de su posibilidad de defenderse adecuadamente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Si el proceso que lleva a separar de su cargo a un jefe de estado electo no respeta las garantías básicas del debido proceso, se afecta gravemente el estado de derecho”.
La destitución de Lugo se realizó en virtud de un procedimiento contemplado en el artículo 225 de la Constitución de Paraguay, que establece que el presidente puede ser separado de su cargo “por mal desempeño de sus funciones” o por la comisión de delitos. La Constitución exige contar con una mayoría representada por dos tercios de los votos para sustentar la acusación de la Cámara de Diputados. Luego, debe realizarse un juicio público en el Senado. Para separar al presidente de su cargo, es necesario contar con una mayoría absoluta de dos tercios en el Senado.
No obstante, la Constitución también contempla el derecho de defensa en cualquier proceso “del cual pudiera derivarse pena o sanción” y establece explícitamente que toda persona tiene derecho a disponer de los “plazos indispensables para la preparación de su defensa”.
