(Washington) – La decisión del gobierno de Obama de poner fin a la deportación de algunos jóvenes inmigrantes no autorizados reconoce que la situación de los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos desde la infancia merece una consideración especial, señaló hoy Human Rights Watch.
“La decisión del gobierno de reconocer los vínculos estrechos que mantienen los inmigrantes que crecieron en Estados Unidos es un paso importante hacia una política de cumplimiento más justa”, aseveró Antonio Ginatta, director de incidencia del Programa sobre Estados Unidos de Human Rights Watch. “Estos casos muestran la necesidad de que el Congreso enmiende la ley de inmigración estadounidense”.
En un memorando divulgado el 15 de junio de 2012, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, anunció que el departamento pondría a fin a la deportación de inmigrantes no autorizados que se encuentren en Estados Unidos desde antes de los 16 años, tengan menos de 30 y hayan vivido en el país durante al menos 5 años. Tampoco deben haber sido condenados por un delito penal grave y deberán asistir actualmente a la escuela, haber obtenido un diploma de educación secundaria o haber servido en el ejército.
Los requisitos de la nueva política son similares a los propuestos en diversas versiones de la Ley DREAM, un proyecto que ofrecería a jóvenes inmigrantes una vía para alcanzar la condición de residentes permanentes y, eventualmente, la ciudadanía. No obstante, la nueva política no les permitiría regularizar su situación legal, ya que esta decisión solamente puede ser adoptada por el Congreso. En vez de ello, los inmigrantes no autorizados que reúnan los criterios podrán solicitar una prórroga de los procedimientos migratorios (deferred action) y una autorización de trabajo por dos años, que podría ser renovada.
Human Rights Watch ha instado desde hace tiempo a que se abandone el enfoque “único e invariable” que aplica Estados Unidos en materia de deportación. Antes del cambio de política, un inmigrante no autorizado que hubiese vivido en Estados Unidos desde la infancia habría tenido oportunidades sumamente limitadas de evitar su deportación exponiendo las razones por las cuales se le debía permitir permanecer en el país.
El cambio de política iniciado por el gobierno de Obama aproxima la situación de Estados Unidos a la de otros países donde se exige que en las decisiones sobre deportación se consideren los lazos positivos entablados por una persona con el país de residencia, expresó Human Rights Watch. Las leyes y prácticas vigentes en 61 países de todo el mundo ofrecen a quienes no son ciudadanos la posibilidad de plantear factores como la unidad familiar, la proporcionalidad, los vínculos con su país de residencia y otras consideraciones de derechos humanos antes de una deportación.
El gobierno debería asegurar que la nueva política sea aplicada de manera coherente y justa por los funcionarios de inmigración en todo el país, indicó Human Rights Watch. Un artículo publicado recientemente por el New York Times mostró que otra decisión similar adoptada en noviembre de 2011, mediante la cual se determinó que las medidas de aplicación de la ley se centrarían en aquellos inmigrantes que representaran un riesgo para la seguridad pública, solamente redundó en una reducción del 2 por ciento en las deportaciones.
“El anuncio del gobierno de Obama sobre otro paso gradual hacia un enfoque racional de la inmigración debería impulsar al Congreso a adoptar medidas urgentes para concretar reformas más permanentes y exhaustivas”, aseveró Ginatta.
