(Nueva York) – El Senado de Estados Unidos debe prorrogar la Ley sobre Violencia contra la Mujer (Violence against Women Act, VAWA) cuando vote sobre este tema más adelante en marzo de 2012, señaló hoy Human Rights Watch. Se trata de la principal ley federal que brinda protección y servicios legales destinados a combatir la violencia doméstica y sexual y el acoso. La aprobación permitirá mantener programas clave y reforzar las garantías legales contra la violencia, indicó Human Rights Watch.
“La Ley sobre Violencia contra la Mujer no es como los demás proyectos legislativos”, afirmó Meghan Rhoad, investigadora sobre derechos de la mujer en Human Rights Watch. “Constituye un compromiso asumido por los legisladores frente a las mujeres en 1994 de que adoptarían medidas para afrontar los niveles sorprendentemente altos de violencia sexual y doméstica que existen en el país”.
Según cifras de diciembre de 2011 aportadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), una de cada cuatro mujeres en Estados Unidos ha sufrido violencia física grave por parte de su pareja en algún momento de su vida, y casi una de cada cinco ha sido violada. Los CDC comprobaron que en Estados Unidos, en promedio, cada minuto 24 personas son víctimas de violación, violencia física o acoso por una pareja.
El proyecto bipartidista que propone prorrogar la norma (S. 1925) fue presentado por el senador Patrick Leahy, representante demócrata por Vermont, y por el senador Mike Crapo, representante de Idaho por el partido republicano. El proyecto de ley cuenta con la firma de otros 57 legisladores. El Congreso ha prorrogado la VAWA en dos ocasiones desde que fue sancionada originalmente en 1994.
La VAWA promueve diversos servicios de atención a víctimas, como centros para personas que hayan sufrido violación sexual, alojamiento temporario para quienes hayan sobrevivido hechos de violencia doméstica y programas que abordan la violencia contra personas con discapacidad. En un momento en que los estados aplican significativos recortes en el presupuesto, el financiamiento resulta indispensable para la continuidad de estos programas, manifestó Human Rights Watch.
Uno de los aspectos básicos de la ley consiste en asegurar que se persigan los casos de violencia sexual y doméstica a través del sistema de justicia penal. El proyecto de ley mantiene el financiamiento de programas que procuran superar las demoras que existen a nivel nacional en el análisis de cientos de miles de muestras recogidas con posterioridad a los hechos de violencia sexual y que contienen pruebas forenses. Diversos estudios nacionales han comprobado que los casos en que estas muestras fueron analizadas tuvieron mayores probabilidades de avanzar en el sistema de justicia penal y llevar a la detención de los responsables.
El proyecto de ley también arregla lagunas importantes en las iniciativas implementadas en el país para prevenir hechos de violencia contra las mujeres inmigrantes y responder a este tipo de actos, señaló Human Rights Watch. El proyecto reforzaría las visas de categoría “U”, de carácter temporario, que permiten a víctimas de delitos graves permanecer en Estados Unidos para brindar asistencia a las autoridades de aplicación de la ley durante la investigación y el enjuiciamiento de estos hechos. Cada año se expiden solamente 10,000 visas de tipo “U”, y el proyecto de ley permitiría otorgar anualmente hasta 5,000 visas que no se hayan utilizado durante períodos anteriores una vez que se hayan agotado las disponibles para el año en curso. Asimismo, el acoso se añadiría a la lista de delitos graves contemplados para el otorgamiento de visas de categoría “U”.
“Son muchos los casos en que agresores de mujeres inmigrantes se aprovechan del hecho de que sus víctimas no se atreven a denunciarlos antes las autoridades por el temor de ser deportadas”, aseveró Rhoad. “La visa de tipo ‘U’ transmite a las mujeres el mensaje de que podrán denunciar lo sucedido y solicitar ayuda a las autoridades de aplicación de la ley con independencia de su condición migratoria, y que el Gobierno no permitirá que la ley estadounidense sobre inmigración sirva como herramienta a quienes cometen abusos”.
El proyecto de ley también exigiría que el Departamento de Seguridad Nacional (Department of Homeland Security) adopte reglamentaciones destinadas a prevenir el abuso sexual en centros de detención migratoria. Pese a que existe una clara voluntad parlamentaria de incluir a los centros de detención migratoria en la Ley para la Eliminación de las Violaciones Sexuales en Prisión (Prison Rape Elimination Act), las reglamentaciones propuestas excluyen actualmente a dichos establecimientos de las responsabilidades establecidas por esta legislación.
Según documentos del Gobierno obtenidos por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union), entre 2007 y mediados de 2011 se efectuaron casi 200 denuncias de casos de abuso sexual ocurridos en establecimientos de detención migratoria. La cantidad de casos denunciados está lejos de representar la verdadera magnitud del problema, expresó Human Rights Watch.
Las personas que son víctimas de abuso en centros de detención se enfrentan a diversos obstáculos y factores que las disuaden de presentar una denuncia, indicó Human Rights Watch. Estos factores incluyen la falta de información sobre las normas aplicables a la conducta del personal, el temor a hablar en contra de las mismas autoridades que intentan deportarlas, el trauma causado por el abuso ocurrido durante su detención o por hechos de violencia u otros abusos sufridos en el país de origen.
“La Ley sobre Violencia contra la Mujer permitió conseguir avances notables”, afirmó Rhoad. “Pero aún queda mucho por hacer para cumplir el compromiso de reducir la violencia sexual y doméstica”.
