Human Rights Watch reconoce la importancia del informe sobre el Examen Periódico Universal de Venezuela, que incluye recomendaciones destinadas a mejorar la precaria situación de los derechos humanos en el país. Si bien el gobierno de Venezuela aceptó muchas de las recomendaciones, rechazó varias sumamente importantes destinadas a abordar algunos de los problemas de derechos humanos más urgentes que enfrenta el país. Venezuela aún debe adoptar medidas concretas para fortalecer la independencia judicial, proteger la libertad de expresión, apoyar el trabajo independiente de las ONG y cumplir con las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Venezuela rechazó recomendaciones que instaban a respetar la independencia del poder judicial, a cumplir con sus obligaciones internacionales, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones de los sistemas internacional y regional de protección de derechos humanos. En diversas oportunidades, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) se ha negado a reconocer sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos destinadas a proteger derechos fundamentales de los venezolanos. Desde 2004, el TSJ no ha cumplido su rol de contralor de la actuación del poder ejecutivo. Ese año, los aliados del Presidente Hugo Chávez en la Asamblea Nacional adoptaron una ley que permitió el copamiento político del TSJ y que se designaran como magistrados a partidarios del gobierno. Tras las elecciones de 2010, en las cuales se redujo significativamente la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, pero con anterioridad a que asumieran los nuevos representantes de la oposición, los legisladores chavistas reformaron los plazos para la designación de magistrados y nombraron a sus aliados como magistrados por segunda vez.
El ejemplo más evidente de la falta de independencia judicial en Venezuela es el juzgamiento y la detención arbitraria desde diciembre de 2009 de la jueza María Lourdes Afiuni, encarcelada el mismo día en que dispuso en forma legítima la liberación de un empresario del sector bancario y opositor de Chávez acusado de corrupción. El presidente se refirió a Afiuni como una “bandida” y afirmó que debía recibir la “pena máxima”.
Sin un control judicial efectivo de sus actos, el gobierno ha adoptado numerosas medidas que debilitan el derecho a la libertad de expresión y la capacidad de los defensores de derechos humanos de trabajar en forma independiente. Ha ejercido sus facultades regulatorias de manera abusiva para castigar a medios opositores y censurar contenidos críticos. Ha repudiado públicamente a defensores de derechos humanos y miembros de organizaciones de la sociedad civil, y ha procurado limitar sus posibilidades de obtener financiamiento internacional. Durante el Examen Periódico Universal, Venezuela rechazó varias recomendaciones relativas a la necesidad de fortalecer la libertad de expresión y de proteger los derechos de defensores de derechos humanos.
Asimismo, en diciembre de 2010, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional sancionó una serie de leyes que refuerzan aun más la capacidad del gobierno de limitar la libertad de expresión y restringir el trabajo de los defensores.
Human Rights Watch insta a Venezuela a cumplir de manera más rigurosa con sus obligaciones jurídicas internacionales en materia de derechos humanos fortaleciendo la independencia judicial, el derecho a la libertad de expresión y la capacidad de los defensores de derechos humanos de trabajar sin temor a sufrir represalias; implementando las sentencias vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y ordenando la liberación inmediata de la jueza Afiuni y que se retiren todos los cargos en su contra.
