(Sacramento) – Cerca de 300 jóvenes delincuentes han sido condenados a pasar el resto de sus vidas en las cárceles de California por delitos que cometieron cuando eran adolescentes, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy. Estados Unidos es el único país del mundo donde personas que cometieron un delito cuando tenían menos de 18 años cumplen penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A nivel nacional, hay más de 2,500 delincuentes juveniles que cumplen este tipo de condenas.
El informe de 28 páginas, “When I Die, They’ll Send Me Home: An Update” (“Cuando muera, me enviarán a casa: Versión actualizada“), refleja seis años de investigaciones, entrevistas e intercambios de correspondencia con funcionarios penitenciarios y delincuentes juveniles que cumplen cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Human Rights Watch comprobó que California insiste en seguir condenando a jóvenes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, a pesar de que existe un creciente número de pruebas que indican que los jóvenes tienen una capacidad especial para rehabilitarse.
“Nadie puede predecir qué tipo de persona será un adolescente cuando cumpla 40 años”, afirmó Elizabeth Calvin, defensora sénior de derechos del niño de Human Rights Watch y autora del informe. “Cuando California condena a un joven de 16 años a morir en prisión, el estado no toma en cuenta algo que la ciencia, los padres y los docentes saben desde siempre: que los jóvenes tienen una capacidad extraordinaria de cambiar, crecer y madurar”.
Este es un momento decisivo para el estado, mientras la legislatura analiza un proyecto de ley que podría permitir que se revisen o se vuelvan a dictar las condenas en estos casos. El Proyecto de Ley del Senado N.° 9 (Senate Bill 9) fue aprobado por esta cámara, pero fue rechazado por un voto en la Asamblea en agosto de 2011. Ahora que el proyecto de ley ha sido modificado, se espera que la Asamblea vuelva a someterlo a votación en breve, posiblemente el lunes 5 de marzo de 2012.
Si finalmente se aprueba el Proyecto de Ley del Senado N.° 9, aún sería posible condenar a jóvenes a prisión perpetua, pero estos podrían pedir que se modifique su condena para que admita la posibilidad de libertad condicional. Aunque, incluso en esos casos, se requeriría que un interno cumpla un mínimo de 25 años de prisión para que pueda presentarse ante un tribunal de libertad condicional y pedir que se le conceda este beneficio.
“[N]o tengo ninguna duda de que está donde debe estar [en la cárcel]”, señaló a Human Rights Watch la madre de un adolescente condenado a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. “Sólo que no para siempre”.
Robert D., un interno de 36 años que cumple una pena de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional por un delito que ocurrió cuando estaba en el bachillerato, expresó al respecto: “Dijeron que un joven no podía recibir la pena de muerte, pero cadena perpetua sin libertad condicional es lo mismo. Estoy condenado”.
Existe un reconocimiento cada vez más amplio de que los adolescentes son distintos a los adultos en lo que respecta a su conducta delictiva. La Corte Suprema de Estados Unidos estableció recientemente que “la edad es una realidad que no puede ser ignorada por los tribunales” y que “los castigos que en un momento no parecían crueles e inusuales pueden posteriormente, a la luz de la razón y la experiencia, considerarse crueles e inusuales...”.
El proyecto de ley ha sido impulsado por una gran variedad de organizaciones, coaliciones y grupos religiosos, y ha recibido amplio respaldo de consejos editoriales de todo el estado, entre los que se encuentran: The Sacramento Bee, San Diego Union-Tribune, San Jose Mercury News, Los Angeles Times, San Francisco Chronicle y Ventura County Star.
En California, en el 45 por ciento de los 127 casos examinados, los jóvenes que fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional no habían sido los autores directos del homicidio, según comprobó Human Rights Watch. Entre estos casos se pueden mencionar el de un joven que permaneció de pie junto a la entrada de un garaje e hizo de vigía durante el robo de un automóvil, el de un joven que estaba dentro de un automóvil que se usó para escapar tras un robo y el de otro joven que participó en un robo durante el cual se cometió un homicidio que no fue premeditado.
Si bien todos ellos tuvieron participación en un delito grave, como robo, o bien prestaron auxilio o actuaron como instigadores del delito, ninguno creyó que se cometería un homicidio y ninguno cometió directamente el delito. En investigaciones anteriores, Human Rights Watch observó que a nivel nacional cerca del 59 por ciento de los jóvenes que cumplían condenas de prisión perpetua sin derecho a libertad condicional no tenían antecedentes.
Muchos de estos delitos son cometidos por jóvenes bajo la influencia de adultos. En California, al aplicar la pena los jueces no pueden considerar como factor atenuante si el joven actuó bajo la influencia o incluso siguiendo las órdenes de un adulto. Asimismo, en más de la mitad de los casos en que también había un adulto imputado, este recibió una pena menos severa que el acusado más joven.
Existe además en California uno de los peores índices del país en cuanto a disparidad racial en la aplicación de penas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional a jóvenes delincuentes. La proporción de jóvenes de ascendencia afroamericana condenados a cadena perpetua es 18.3 veces superior a la de los jóvenes caucásicos, mientras que entre los jóvenes hispanos la proporción es 5 veces superior respecto de los caucásicos.
La política adoptada en California, que propone encarcelar a jóvenes que cometen delitos por el resto de sus vidas, también tiene importantes implicancias económicas. Aun si el estado hoy abandonara la práctica de condenar a jóvenes a prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional, la población actual que ha recibido esta condena representará para el estado un costo de aproximadamente 500 millones de dólares. Human Rights Watch calcula que desde 1990 California ha destinado entre US$ 66 y US$ 83 a solventar los costos que supone encarcelar a estas personas, y que este gasto se incrementará a medida que se condene a más jóvenes a pasar el resto de sus vidas en prisión.
“La aplicación de penas de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional a jóvenes en California es una medida que resulta particularmente injusta”, afirmó Calvin. “La adopción de este proyecto de ley sienta las bases para que se imparta justicia de manera más adecuada, se posibilite la rehabilitación de las personas y se modernice y agilice el sistema de justicia penal”.
