(Beirut) – Bahréin ha condenado sistemáticamente a cientos de activistas de la oposición y a otras personas por motivaciones políticas y sin ofrecerles un juicio justo, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. El Gobierno debería anular las condenas dictadas en juicios tramitados ante los tribunales militares y la justicia ordinaria de Bahréin que no cumplieron con los estándares internacionales del juicio justo, afirmó Human Rights Watch.
El informe de 94 páginas, “No Justice in Bahrain: Unfair Trials in Military and Civilian Courts” (“Sin justicia en Bahréin: Juicios sin garantías en la justicia militar y ordinaria“), documenta graves violaciones del debido proceso en varios casos resonantes que fueron juzgados por tribunales militares especiales de Bahréin durante 2011 — incluido el juicio de 21 activistas políticos destacados y otros 20 médicos y trabajadores de salud — y en juicios impulsados por motivos políticos ante la justicia penal ordinaria desde 2010. Entre los abusos graves cabe mencionar la negación a los acusados del derecho a recibir asistencia letrada y a presentar una defensa, y la omisión de investigar denuncias creíbles de tortura y maltrato durante los interrogatorios.
“Los procesos ante la justicia militar y ordinaria sin ningún tipo de garantías han sido un aspecto central de la estrategia represiva desplegada por Bahréin contra las protestas a favor de la democracia”, señaló Joe Stork, subdirector para Medio Oriente de Human Rights Watch. “El Gobierno debería revertir los centenares de condenas injustas dictadas durante el último año con el retiro de los cargos contra todas las personas que han sido condenadas por razones políticas y la adopción de medidas efectivas para poner fin a la tortura de personas detenidas”.
Las violaciones flagrantes del derecho a un juicio justo en casos con trasfondo político no solo reflejan la actuación deficiente de algunos fiscales y jueces en particular, sino que muestran la existencia de problemas de fondo que afectan a todo el sistema de justicia penal de Bahréin, aseveró Human Rights Watch.
En una entrevista efectuada el 13 de febrero de 2012, el rey Hamad bin Isa Al Khalifa declaró a la revista Der Spiegel: “No existen presos políticos en Bahréin. No se arresta a personas por expresar sus opiniones, solamente tenemos a delincuentes”.
El informe de Human Rights Watch se basó en más de 50 entrevistas con acusados, abogados defensores y personas que asistieron a juicios en calidad de observadores, así como en un examen exhaustivo de las condenas disponibles y otros documentos judiciales. Human Rights Watch escribió al Procurador General de Bahréin en noviembre de 2010 y al Ministro de Justicia en diciembre de 2011 en relación a los juicios, pero no recibió respuesta alguna.
Al menos cinco personas murieron a causa de torturas sufridas mientras se encontraban bajo custodia de las autoridades. Estos hechos se produjeron tras las medidas represivas implementadas por el Gobierno contra las protestas, en su mayoría pacíficas, que comenzaron a mediados de marzo de 2011, según señaló el informepublicado en noviembre por la Comisión de Investigación Independiente de Bahréin, un órgano integrado por cinco juristas y expertos de derechos humanos internacionales creado por el rey Hamad. Human Rights Watch ha documentadoinformación que señala que durante los últimos años han persistido las prácticas de tortura y maltrato por parte de miembros de las fuerzas de seguridad de Bahréin.
Algunas de las personas cuyas condenas deberían ser anuladas y que deberían ser liberadas de prisión son Ibrahim Sharif, Abdul Hadi al-Khawaja, Hassan Mushaima y Abdul Wahab Hussein, quienes tuvieron un rol de liderazgo durante las protestas, indicó Human Rights Watch.
En uno de los casos, una enfermera fue condenada por “incitar… al odio y la desobediencia al régimen gobernante” y por “destruir bienes muebles… con fines de terrorismo” tras haber presuntamente pisoteado una fotografía del Primer Ministro.
Human Rights Watch instó a Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y otros países a suspender todo tipo de asistencia y ventas de índole militar o de seguridad a Bahréin hasta que el Gobierno aborde las graves violaciones de derechos humanos ocurridas como resultado de la represión de manifestaciones pacíficas y la celebración de juicios sin garantías.
El 15 de marzo de 2011, Hamad decretó por tres meses el “Estado de Seguridad Nacional”, que se asemeja al estado de emergencia, y otorgó extensas facultades al mariscal de campo Khalifa bin Ahmad Al Khalifa, comandante de las Fuerzas de Defensa de Bahréin, que le permiten adoptar amplias reglamentaciones sobre orden público y hacer cumplir estas y otras leyes existentes. El decreto también creó tribunales militares especiales, denominados Tribunales de Seguridad Nacional, para juzgar delitos que “propiciaron el Estado de Seguridad Nacional” y “transgredieron los procedimientos” establecidos en el decreto.
Desde su creación el 4 de abril hasta la conclusión de sus funciones a principios de octubre, estos tribunales juzgaron a cientos de ciudadanos de Bahréin que fueron alcanzados por estas medidas supuestamente destinadas a garantizar la “seguridad nacional”. La designación del juez militar que preside el tribunal y de otros dos jueces de la justicia ordinaria que servirían en estos casos estuvo a cargo del comandante de las fuerzas armadas, y los juicios se desarrollaron en el complejo militar de al-Riffa.
El 7 de octubre, todos los juicios y apelaciones de personas acusadas en relación con los disturbios políticos de los meses anteriores fueron remitidos a la justicia penal ordinaria.
Human Rights Watch observó que varios de los juicios sobre seguridad ante la justicia penal ordinaria realizados con anterioridad a febrero de 2011 mostraban las mismas irregularidades: acciones que responden a motivaciones políticas, propiciadas por expresiones verbales o escritas antes que por delitos concretos, negación de derechos fundamentales al debido proceso como el derecho a recibir asistencia letrada, y denuncias sobre tortura y maltrato durante los interrogatorios.
“El rey Hamad debería examinar los tribunales militares especiales que creó por decreto antes de aseverar que en Bahréin no hay presos políticos”, señaló Stork. “Una y otra vez se condenó a personas por sus ideas políticas, por pronunciar consignas y por participar en actos pacíficos multitudinarios que, según lo ha anunciado públicamente el príncipe heredero, están protegidos por la constitución de Bahréin”.
