Antonio Ginatta

El verano pasado, Andrés, un niño de 14 años de edad de Pennsylvania, realizó un acto inapropiado que le llevó ante un juez de menores. Andrés (un seudónimo) puso sus nalgas desnudas sobre el rostro de un niño de 12 años de edad, en contra de la voluntad del ofendido. En el tribunal de menores, el juez decidió que las acciones de Andrés calificaban como asalto indecente agravado, un delito sexual violento.

Si la Asamblea General de Virginia aprueba el proyecto de ley del Senado SB127 o el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 624, tal como ambos se encuentran hoy en día, un niño de Virginia en la situación de Andrés tendría que registrarse como delincuente sexual y permanecer en el registro por lo menos 15 años – y posiblemente para el resto de su vida. El niño tendría que volver a registrarse cada 90 días y ser fotografiado cada dos años. En caso de que no volviera a registrarse, estaría cometiendo un delito grave. La única diferencia significativa entre los proyectos de ley es que el proyecto del Senado permite que los menores aparezcan solamente en un registro privado, para el uso exclusivo de la policía.

Ambos proyectos tienen por objeto poner a Virginia en cumplimiento con la Ley Adam Walsh (AWA, por sus siglas en inglés), de ámbito federal, y con su sección sobre el registro de delincuentes sexuales, la Ley de Registro y Notificación de Delincuentes Sexuales (conocido como SORNA, por sus siglas en inglés)

Virginia no debe buscar dar el mismo trato a los delincuentes juveniles que a los delincuentes adultos. En su lugar, el estado debe cumplir con su compromiso de ofrecer a los jóvenes delincuentes la oportunidad de rehabilitación y reinserción en la sociedad. El sitio web de la legislación de Virginia, acogido por la Oficina del Procurador General Ken Cuccinelli, describe este compromiso adecuadamente: "Hay un sistema de justicia juvenil que trata a los menores de manera diferente que a los adultos porque nuestra sociedad cree que los jóvenes son diferentes a los adultos, tanto en términos de nivel de responsabilidad como en su potencial para rehabilitarse. Aunque existe una preocupación por la seguridad pública y el rendimiento de cuentas de los menores delincuentes, en el sistema de justicia juvenil se pone mayor énfasis en la rehabilitación que en el castigo. 'Rehabilitación' significa restaurar a alguien para una vida útil a través de la terapia y la educación".

La actual legislación de Virginia sobre los agresores sexuales menores de edad reconoce que los jóvenes delincuentes deben ser tratados de manera diferente a los adultos. Los jueces ya gozan de la facultad para decidir si ponen a un joven delincuente de 13 años en un registro, pero sólo después de tomar en cuenta aspectos como la edad y madurez del menor infractor, el grado de fuerza utilizado, los antecedentes penales y otras cuestiones agravantes y atenuantes. Los proyectos de ley SB127 y HB624 quitan a los jueces esta facultad discrecional.

La Corte Suprema de Estados Unidos examinó recientemente la diferencia entre adultos y menores infractores en el caso de Graham contra Florida. El tribunal consideró que la sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para los delincuentes menores que han cometido delitos que no sean homicidios viola la cláusula de castigos crueles e inusuales de la Octava Enmienda. En su decisión, el tribunal enfatizó las "diferencias fundamentales entre las mentes de jóvenes y adultos", y que las acciones de un menor de edad tienen menos probabilidades de ser causadas por una "personalidad irreversiblemente depravada". El tribunal también señaló que aunque no se exime a los jóvenes delincuentes de su responsabilidad por sus acciones, sus actos simplemente no son tan "moralmente reprensibles como los de un adulto".

A nivel internacional, también se establece claramente la distinción entre castigar a adultos y niños. La Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional ratificado por todos los países del mundo salvo Estados Unidos y Somalia, declara que todo niño acusado, llevado ante un juez o condenado por un delito debe ser "tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor", teniendo en cuenta "la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad".

Otros estados de Estados Unidos han rechazado la idea del registro prolongado o de por vida para jóvenes delincuentes. Texas y Nueva York han optado por no cumplir con las disposiciones de registro de la Ley Adam Walsh. En su carta al Departamento de Justicia explicando el porqué, Risa Sugarman, de la Oficina de Gestión de Delincuentes Sexuales de Nueva York, declaró: "Nueva York ha tenido por largo tiempo la política pública de brindar un trato diferente a los delincuentes juveniles que a los delincuentes adultos para que los menores tengan una mejor oportunidad de rehabilitación y reintegración. El requisito federal de que los jóvenes sean colocados en el Registro de Delincuentes Sexuales bajo la Ley Adam Walsh se encuentra en conflicto directo con esta política pública".

Además, algunos estados han logrado cumplir con SORNA sin la necesidad del registro prolongado o de por vida. Maryland, por ejemplo, ha creado un sistema de registro de delincuentes juveniles que establece límites de tiempo, permite solicitudes para la eliminación de personas en el registro, y las elimina automáticamente de cualquier registro a la edad de 21 años. Este sistema, de acuerdo con el Departamento de Justicia, cumple con la Ley Adam Walsh.

Los legisladores de Virginia no deben apartarse de las políticas del estado que consideran la edad de un infractor. Se debe estudiar muy de cerca la cuestión del cumplimiento con la Ley Adam Walsh y el efecto que tendría tanto en un menor infractor como en la sociedad. Los legisladores no deben aprobar ninguna ley que someta un niño de 14 años de edad al mismo nivel de culpabilidad y estigma que al que se enfrentaría un adulto.

Antonio M. Ginatta es el director de Incidencia Política del Programa de Estados Unidos de Human Rights Watch.