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Siria: Miembros del ejército disparan contra manifestantes que intentaban acercarse a observadores

La Liga Árabe debe proteger a los civiles o reconsiderar su misión

La Liga Árabe debe condenar con urgencia el ataque de las fuerzas de seguridad sirias contra manifestantes pacíficos que intentaban acercarse a los observadores en la ciudad norteña de Jisr al-Shughur, Human Rights Watch señaló hoy. A la luz de estas y otras flagrantes violaciones del acuerdo negociado con el gobierno sirio de Bashar al-Assad, la Liga Árabe debe hacer públicas sus conclusiones y evaluar si su misión debe continuar.

 

Dos manifestantes que resultaron heridos en Jisr al-Shughur y huyeron al sur de Turquía dijeron a Human Rights Watch durante entrevistas en persona que, alrededor de las 11am del 10 de enero de 2012, marcharon hacia la plaza del partido Baath (rebautizada como "Plaza de la Libertad" por los manifestantes) para reunirse con los observadores de la Liga Árabe presentes. Según los testigos, cuando se acercaron a un puesto de control en el camino a la plaza, miembros del ejército les impidieron continuar y, después de que los manifestantes se negaron a dispersarse, abrieron fuego contra la multitud, hiriendo a por lo menos nueve manifestantes. Los observadores de la Liga Árabe se encontraban en la plaza del partido Baath, pero se marcharon en automóviles cuando inició el tiroteo, dijeron los testigos. A pesar de varios intentos, Human Rights Watch no ha podido ponerse en contacto con los observadores de la Liga Árabe para confirmar si fueron testigos del incidente.

 

"Este tipo de incidentes, y el aumento constante en el número de muertos, demuestra claramente que la presencia de observadores de la Liga Árabe no ha logrado mucho a la hora de obligar a las autoridades sirias a poner fin a sus crímenes", dijo Anna Neistat, directora adjunta para situaciones de emergencia de Human Rights Watch. "Mientras Al Assad critica a la Liga Árabe en sus discursos, sus tropas se están burlando de la misión de observadores sobre el terreno" agregó Neistat.

 

"Abu-Ahmad," uno de los manifestantes heridos en el ataque, dijo a Human Rights Watch:

 

Éramos entre 300-500 personas, yo estaba al frente. Llevábamos ramos de olivo y cantábamos "paz, paz". Cuando estábamos a unos 100 metros del puesto de control, gritamos al ejército que sólo queríamos reunirnos con los observadores. Pero abrieron fuego contra nosotros - parecía que recibieron las órdenes de los oficiales de los mujabarat que estaban detrás de ellos.

 

Los soldados colocaron tres ametralladoras en el suelo y las apuntaron hacia nosotros. Los vi disparar con rifles Kalashnikov y de francotiradores. Uno de ellos me apuntó con un rifle de francotirador y luego sentí un golpe en la pierna derecha. Varias personas que estaban a mi lado también resultaron heridas.

 

Pude ver a los observadores, y nos estábamos comunicando con ellos por teléfonos celulares [para coordinar una reunión], pero cuando el ejército abrió fuego, se subieron a sus autos y se fueron.

 

Otro testigo que también resultó herido, "Mustafa", dijo a Human Rights Watch que cuando los manifestantes comenzaron a huir, los militares los persiguieron y continuaron disparando. Él estaba en el centro del grupo y sufrió dos heridas de bala en la espalda y una en el brazo izquierdo. De acuerdo a Mustafa, cinco personas resultaron heridas cuando el ejército abrió fuego contra los manifestantes y otras cuatro personas, incluido él, resultaron heridas mientras las personas trataban de huir.

 

Otro testigo de Jisr al-Shughur, "Ali", dijo a Human Rights Watch que durante las últimas semanas los militares no se han retirado de la ciudad, como estipula el acuerdo con la Liga Árabe, por el contrario, han mantenido una fuerte presencia en la ciudad, controlando todas las entradas y patrullando las calles junto con personal mujabarat (de los servicios de inteligencia) y shabeeha (de las milicias progubernamentales). Dijo que el 8 de enero, desde el mediodía hasta la medianoche, las fuerzas de seguridad asaltaron tiendas de telefonía móvil en Jisr al-Shughur y arrestaron a unos 30 propietarios. Ali dijo que fue testigo de uno de estos ataques. Y, según cuenta Ali, los militares bloquearon la calle mientras que los agentes mujabarat entraron a la tienda de teléfonos móviles y detuvieron al propietario, golpeándolo con palos.

 

En el acuerdo que firmó con la Liga Árabe el 19 de diciembre, el Gobierno sirio se comprometió a terminar con la violencia contra las protestas pacíficas, liberar a los manifestantes detenidos, retirar los elementos armados de las ciudades y zonas residenciales, y permitir a los medios de comunicación árabes e internacionales el acceso sin trabas a todas las partes de Siria. Siria también se comprometió en el acuerdo a conceder a los observadores de la Liga Árabe el acceso libre e independiente a todas las personas que deseen entrevistar a fin de verificar el cumplimiento de Siria de estas medidas, como víctimas, detenidos y funcionarios de organizaciones no gubernamentales. Siria garantiza la seguridad de los testigos contra las represalias.

 

Desde el inicio de la misión de la Liga Árabe, ha habido informes a diario sobre ataques de las fuerzas de seguridad contra las protestas pacíficas. Según informes de prensa, la ONU estima que 400 personas han muerto desde que la misión de la Liga Árabe llegó a Siria el 26 de diciembre.

 

Human Rights Watch ha documentado previamente lo que parecen ser los esfuerzos del Gobierno sirio para engañar a los observadores de la Liga Árabe al transferir cientos de detenidos a ​​centros improvisados de detención e instalaciones militares que están fuera del alcance de los observadores de la Liga Árabe. Las autoridades también han emitido a oficiales militares tarjetas de identificación policiales, aparentemente con el fin de dar la impresión de que las fuerzas militares se han retirado de las zonas civiles, como estipula el acuerdo con la Liga Árabe.

 

La credibilidad de la misión ya se había visto empañada cuando se puso al mando al general Mohammed Ahmed al-Dabi, un ex jefe de inteligencia militar de Sudán. Al-Dabi supervisó una agencia de inteligencia conocida por graves abusos cometidos en Sudán y es un cercano aliado político del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, contra quien la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad en Darfur.

 

"Ha llegado el momento para que la Liga Árabe reclame al Gobierno sirio su incumplimiento del acuerdo", dijo Neistat. "Permitir que la misión continúe sin un esfuerzo efectivo y transparente para proteger a los civiles solo conducirá a más muertes". 

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