(Washington, DC) - El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debe mantenerse firme en su promesa de vetar una ley aprobada por el Senado el 1 de diciembre de 2011, que contiene disposiciones sobre la detención de sospechosos de terrorismo que socavan los esfuerzos de Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, Human Rights Watch señaló hoy. El Gobierno de Obama había esbozado previamente sus objeciones a las disposiciones de la iniciativa de ley sobre detenidos, la Ley de Autorización de Defensa Nacional (LADN) para el año 2012, y amenazó con vetarla si los problemas no fuesen abordados.
"El presidente Obama debería vetar este intento de hacer de la detención sin juicio una característica permanente de la ley estadounidense", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "Esta iniciativa de ley le daría luz verde a los gobiernos abusivos de todo el mundo para hacer lo mismo y quitaría de las manos del sistema de justicia penal ordinaria el enjuiciamiento de los sospechosos de terrorismo".
La LADN autoriza, pero no es indispensable, la financiación de la mayoría de las operaciones del Departamento de Defensa. Además de incorporar en la legislación la detención indefinida sin cargos en Estados Unidos, el proyecto de ley requeriría que el sistema de justicia militar, en lugar los organismos de aplicación de la ley federales, estatales o locales, maneje ciertos casos de terrorismo. El Ejército podría renunciar a este requisito, pero sólo en las condiciones que ha señalado como no viables y onerosas. También permitiría que las restricciones impuestas el año pasado sobre la entrega de detenidos de Guantánamo a otros países -incluso aquellos cuya liberación fue aprobada por el Gobierno- permanezcan en vigor por lo menos un año más.
Cuando la iniciativa de ley estuvo ante la consideración del Senado, varios altos funcionarios del Gobierno, como el secretario de Defensa, el fiscal general, el director de Inteligencia Nacional, el director del FBI, y el director de la CIA, todos objetaron a que el ordenar la detención militar, con pocas excepciones, podría interferir con la capacidad del Gobierno para combatir eficazmente el terrorismo.
"Este proyecto de ley trata de desmantelar un sistema que por mucho tiempo ha perseguido e incapacitado a terroristas peligrosos y reemplazarlo con las disfuncionales comisiones militares de Guantánamo y su comprobado historial de fracaso", dijo Roth.
En los últimos 10 años más de 400 personas han sido enjuiciadas en tribunales federales de Estados Unidos por delitos relacionados con terrorismo. Mientras tanto, en las comisiones militares de Guantánamo, durante el mismo período, sólo seis casos han sido procesados.
El 29 de noviembre, fracasó un intento por eliminar las controvertidas disposiciones del proyecto de ley antes de su aprobación en el Senado, pero con un margen de 60 a 38 votos, lo que indica que los defensores de la ley no tendrían los votos necesarios, dos tercios del total, para anular un veto presidencial.
