(Washington, D.C.) – Honduras no ha logrado hacer justicia en los casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas después del golpe de estado de junio de 2009, señaló Human Rights Watch en una declaración experta presentada ante un tribunal estadounidense. La presentación, realizada el 2 de noviembre de 2011 en el marco de un caso contra Roberto Micheletti, el presidente de facto que asumió después del golpe, señala que dos obstáculos clave que enfrentan los fiscales de derechos para llevar a los responsables de abusos ante la justicia son la falta de cooperación por parte de las fuerzas de seguridad y la independencia comprometida del poder judicial.
En junio de 2011, el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights) presentó una demanda contra Micheletti en representación de los padres de Isis Obed Murillo, un jóven que fue asesinado de un disparo por miembros del Ejército hondureño en julio de 2009, durante una manifestación en contra del golpe. Micheletti solicitó al tribunal que desestimara el caso. El 2 de noviembre, el Centro por los Derechos Constitucionales se opuso a la moción de Micheletti y presentó la declaración experta de Human Rights Watch sobre la impunidad de los abusos cometidos después del golpe.
“Las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas después del golpe no han encontrado justicia en el sistema judicial hondureño”, señaló José Miguel Vivanco, Director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta declaración experta se presentó como parte de un esfuerzo por obtener un recurso efectivo para la familia de Isis Obed Murillo, una de las tantas víctimas de abusos graves cometidos tras el golpe”.
La acción civil iniciada por el Centro por los Derechos Constitucionales tramita ante un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito Sur de Texas.
El 28 de junio de 2009, miembros del Ejército hondureño arrestaron a José Manuel Zelaya, presidente elegido democráticamente, y lo sacaron del país. Micheletti, el presidente del Congreso, asumió la presidencia interina del país ese mismo día y permaneció en el poder hasta enero de 2010.
Diversos organismos internacionales de derechos humanos han documentado serios abusos cometidos durante el gobierno de facto, incluido el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes, que tuvo como resultado varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias. Además, después del golpe, las fuerzas militares y policiales cerraron arbitrariamente varios medios de comunicación. Ninguna persona ha sido condenada penalmente por las violaciones de derechos humanos perpetradas en 2009 durante el gobierno de facto.
Para leer la declaración experta de Human Rights Watch, visite:
