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Honduras debe terminar con la descalificación de fiscales de derechos humanos

La falta de cooperación policial impide que avancen investigaciones sobre abusos

(Washington, D.C.) - El gobierno de Lobo debe asegurar que cesen los ataques verbales de funcionarios que buscan socavar la credibilidad de fiscales de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. El Presidente Porfirio Lobo también debería dar instrucciones a las fuerzas de seguridad para que cooperen plenamente con las investigaciones sobre posibles abusos, afirmó Human Rights Watch.

El 26 de mayo de 2011, el Viceministro de Seguridad Armando Calidonio criticó públicamente a Sandra Ponce, titular de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público, por iniciar una investigación tras la muerte de siete jóvenes que supuestamente eran miembros de una mara en Ciudad Planeta, cerca de San Pedro Sula. Los informes de prensa señalan que se produjo un enfrentamiento con la policía y que los presuntos miembros de la mara estaban armados. Desde las declaraciones públicas de Calidonio, han ocurrido varios mensajes intimidatorios contra Ponce.

"Es en sí mismo problemático que las fuerzas de seguridad no se hayan mostrado dispuestas a cooperar con las investigaciones en curso sobre presuntos abusos", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Pero la hostilidad directa por parte de altos funcionarios del gobierno pone en riesgo a los fiscales que investigan violaciones de derechos humanos y resulta absolutamente inaceptable".

El 25 de mayo, pocas horas después del incidente en Ciudad Planeta, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad un informe detallado sobre los hechos y pidió que se indicaran los nombres de los policías que participaron en el operativo. Los fiscales también pidieron inspeccionar las armas de fuego utilizadas por la policía. La Fiscalía Especial tiene la misión de investigar posibles abusos cometidos por policías o militares.

Al día siguiente, durante un programa en la Radio Nacional de Honduras, Calidonio señaló que la investigación sobre Ciudad Planeta mostraba una "saña contra la policía" y que los fiscales de derechos humanos serían responsables por "cualquier ataque o cosa que les pase a los policías". Los medios informaron que Héctor Iván Mejía Velásquez, jefe de la policía preventiva en San Pedro Sula, también había descalificado la investigación como "injusta".

Ponce dijo a Human Rights Watch que estas críticas públicas contra los fiscales había generado una "campaña de odio" e intimidación. En varios mensajes de blackberry que circularon en Honduras, se criticaba a Ponce por cuestionar el trabajo de la policía. Uno decía que Ponce estaba realizando una "persecusión de policías" y continuaba: "¿quién velará por nuestros hijos si ahora nuestros agentes de Policía no pueden defenderse?".

Decenas de lectores que comentaron los artículos periodísticos donde se describía el incidente criticaron a Ponce, se refirieron a ella como una "vieja loca" que defiende a delincuentes y escribieron amenazas. En uno de los comentarios, por ejemplo, un lector afirma: "Me gustaría que te mataran a un familiar para que veas lo que se siente basura, te odio y cuidate la espalda vieja pedorra porque te quedan pocos días de vida."

El 28 de mayo, Ponce pidió al Fiscal General Luis Rubí que adoptara medidas para garantizar la seguridad de los fiscales de derechos humanos, pero no ha recibido respuesta para resolver este asunto. Las obligaciones jurídicas regionales e internacionales de Honduras exigen que investigue cualquier posible uso excesivo de la fuerza letal por agentes del Estado, y que proteja a quienes cumplan con esta obligación de cualquier represalia como resultado de su trabajo. Cuando los agentes del Estado incumplan con estas obligaciones, deben rendir cuentas por sus actos, señaló Human Rights Watch.

En diciembre de 2010, Human Rights Watch publicó el informe "Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras", donde se documenta la impunidad de los abusos cometidos durante el gobierno de facto en 2009, así como los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que continuaron después. El informe da cuenta de diversos obstáculos que enfrenta la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, entre ellos la falta de colaboración por parte de agentes de orden público.

"Si el Presidente Lobo desea enviar el mensaje correcto a la comunidad internacional en un momento en que la democracia hondureña está siendo evaluada, debe rechazar inmediatamente cualquier intento de denigrar a los fiscales de derechos humanos y debe asegurar la plena cooperación del gobierno con sus investigaciones", expresó Vivanco.

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