La decisión adoptada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela el 17 de octubre de 2011, por la cual desestima una decisión vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso sobre un político de oposición, constituye un grave retroceso para el estado de derecho, señaló hoy Human Rights Watch.
El caso es sobre Leopoldo López, ex alcalde de uno de los municipios de Caracas y posible candidato presidencial. Desde 2008, López ha sido inhabilitado para ejercer cargos de elección popular por decisión de la Contraloría General de la República, debido a acusaciones de corrupción. Sin embargo, nunca fue formalmente acusado, juzgado ni condenado.
“El Tribunal Supremo venezolano hoy en día básicamente responde al Presidente Chávez”, expresó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Desde que sus partidarios coparon el Tribunal en 2004, sus sentencias han en reiteradas oportunidades procurado proteger la agenda política del presidente, en vez de garantizar derechos humanos básicos”.
El 1 de septiembre, tras una acción interpuesta por López, la Corte Interamericana dispuso que Venezuela debía permitirle postularse a elecciones. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que el fallo de la Corte Interamericana era “inejecutable”.
El Tribunal Supremo sostuvo que las normas internacionales no deben contradecir la Constitución de Venezuela ni violar la soberanía del país, y que implementar la sentencia contravendría las obligaciones internacionales asumidas por el gobierno para luchar contra la corrupción. La sentencia del Tribunal no tiene en cuenta que Venezuela asumió obligaciones jurídicas vinculantes al suscribir la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela, y el gobierno de Chávez, no sólo están obligados a implementar las disposiciones de la Convención de buena fe, sino que además no pueden invocar ninguna norma del derecho interno para rechazar o incumplir sus obligaciones.
En una conferencia de prensa, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Luisa Estella Morales, indicó que López igualmente estaría en condiciones de inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral, pero señaló que no podía pronunciarse acerca de si se le permitiría asumir el cargo en caso de ser elegido.
El Presidente Hugo Chávez y sus partidarios han logrado neutralizar la independencia del poder judicial de Venezuela, expresó Human Rights Watch. Ante la ausencia de control judicial de sus acciones, el gobierno de Chávez ha limitado sistemáticamente derechos humanos fundamentales.
