(París) - Las autoridades francesas están llevando a cabo desalojos y expulsiones masivas de romaníes en Francia procedentes de Europa del Este, Human Rights Watch señaló hoy al publicar un documento informativo que envió en julio a la Comisión Europea.
Hace un año, la Comisión Europea advirtió a Francia que abordara sus políticas abusivas o enfrentaría posibles sanciones ante el Tribunal de Justicia de la UE. A pesar de la falta de una verdadera reforma, la Comisión dijo a finales de agosto de 2011 que se encontraba satisfecha con la respuesta de Francia.
"La expresión francesa 'Mientras más cambian las cosas, más permanecen igual', no podía ser más adecuada", dijo Judith Sunderland, investigadora principal de Europa Occiental de Human Rights Watch. "Un año y una nueva ley de inmigración después, los romaníes en Francia siguen siendo vulnerables a los desalojos masivos, expulsiones injustas y discriminación".
El documento informativo de Human Rights Watch, que consta de 19 páginas, detalla la manera en que una nueva ley de inmigración, promulgada en junio de 2011, está muy lejos de cumplir con las obligaciones de Francia de acuerdo a las reglas sobre libertad de movimiento de la UE y la legislación internacional de derechos humanos. El documento también sostiene que existe una amplia evidencia de que Francia se está enfocando ilegalmente en los romaníes en sus desalojos y expulsiones masivas.
Durante el año pasado, miles de romaníes rumanos y búlgaros han recibido órdenes de salir de Francia conforme a procedimientos que violan sus derechos, señaló Human Rights Watch. Las órdenes se emiten con frecuencia a gran escala en los días previos o durante los desalojos de los campamentos informales, sin un examen suficiente de las circunstancias individuales de la gente que ocupa estos lugares.
Los que reciben una orden (en francés Obligation de quitter le territoire français, OQTF), tienen que presentar una apelación o salir del país dentro de los 30 días siguientes. Si no, pueden ser detenidos y expulsados a la fuerza. Los tribunales han adoptado un enfoque inconsistente antes las apelaciones. En Lyon, por ejemplo, entre octubre de 2010 y abril de 2011, una cámara del tribunal administrativo anuló 12 órdenes OQTF porque no se basaron en evaluaciones individuales, mientras que otra cámara rechazó 11 recursos contra decisiones idénticas.
Existen informes consistentes de repetitivas visitas de la policía a los asentamientos informales, donde los miembros de la policía cuestionan a todos los presentes acerca de la duración de su estancia en Francia y sus medios de subsistencia. La policía exigió a los residentes del campamento, aunque muchos de ellos no sabían leen francés, a firmar papeles sin comunicarles su contenido ni dejarles una copia.
Desde mediados de septiembre, cientos de romaníes han sido desalojados de los asentamientos informales en Lyon, en una ola concentrada de los desalojos. En la gran mayoría de los casos, no se les ofreció una vivienda alternativa. En un caso, la policía supuestamente le dijo a un grupo de entre 80 y 100 romaníes que habían estado buscando un nuevo refugio durante dos días y dos noches después de un desalojo, muchos de ellos niños, que se dirigieran a otro campo informal. Las expulsiones de campamentos se han llevado a cabo en otras partes de Francia, como Marsella y París. A finales de agosto, en la ciudad de Saint-Denis, en las afueras de París, la policía desalojó a unos 150 romaníes rumanos y búlgaros y los acompañó en tranvía a la estación de tren.
"Francias complació a la Comisión Europea, pero la situación de los romaníes en Francia ha empeorado", dijo el Sunderland, "Es vital que la Comisión reanalice estas prácticas abusivas, que violan la legislación europea y los derechos humanos".
Algunos romaníes abandonan Francia de acuerdo al programa de la Oficina de Inmigración e Integración sobre "retornos voluntarios asistidos", bajo el cual los adultos reciben 300 euros y los niños 100 euros para regresar a Rumanía o Bulgaria. Muchos lo hacen sólo después de recibir la orden de abandonar el país, mientras que hay informes de activistas de los derechos de los romaníes de que algunos romaníes viajan a Francia con el propósito explícito de recibir esta ayuda. El 20 de septiembre, en un vuelo fletado se regresaron a alrededor de 150 romaníes de la región de Lyon.
De acuerdo con cifras oficiales, 4,714 rumanos y búlgaros fueron expulsados de Francia en los primeros tres meses del año. Un poco más de 9,500 fueron expulsados en todo 2010. Organizaciones de los derechos de los romaníes señalan que el número estimado de romaníes en Francia procedentes de Europa del Este se ha mantenido estable, en alrededor de 15,000 durante varios años.
La ley de inmigración de junio se enfoca a los romaníes para expulsarlos, incluso por repetidas estancias a corto plazo en Francia, por mendicidad y ocupación de tierras. Cuando las medidas fueron propuestas por primera vez en agosto de 2010, los ministros de alto rango del gobierno mencionaron la necesidad de enfocarse en los ciudadanos rumanos y búlgaros en particular, así como en los campamentos de romaníes. Claude Guéant, el actual ministro del Interior, anunció a mediados de septiembre que un oficial de enlace de Rumania pronto comenzaría a trabajar en París para facilitar la repatriación de niños rumanos acusados de delitos, aunque el fundamento jurídico de tales retornos no quedaba claro.
La ley permite a las autoridades expulsar a ciudadanos de la UE por "abuso de derechos" si han estado en Francia en repetidas estancias a corto plazo o se encuentran en Francia "con el propósito fundamental" de beneficiarse del sistema de asistencia social. Esto va en contra de la legislación de la UE, que permite a los ciudadanos de los países miembros permanecer en cualquier país de la UE hasta un máximo de tres meses sin condiciones. Para estancias de larga duración, las personas deben estar empleadas o trabajando por cuenta propia, o disponer de los medios suficientes para subsistir sin convertirse en una carga para el sistema de asistencia social del país de acogida.
Autoridades de todo el país han convertido en una práctica el expulsar a romaníes con la mera presunción de que algún día podrían recibir beneficios sociales. Desde junio, se ha ordenado a los romaníes salir de Francia por la sencilla razón de que ya habían estado previamente en Francia, a pesar de que su estancia actual era menor de tres meses.
"Estas prácticas violan la ley y las reglas de la libertad de movimiento del espíritu de Europa", dijo Sunderland. "Y uno tiene que preguntarse si de la misma forma,por ejemplo, los alemanes o los suecos serían expulsados por visitar estar en Francia dos veces también".
La nueva ley exige a las autoridades llevar a cabo una evaluación individual, teniendo en cuenta la edad de la persona, la salud, la situación económica y familiar, así como la integración en Francia, antes de emitir una orden de abandonar el país o pedir una expulsión obligatoria por motivos de seguridad pública.
Sin embargo, esta importante garantía no incluye todos los criterios necesarios, tales como el impacto de una expulsión en la vida económica, personal y familiar, así como los riesgos que el cónyuge o pareja y los niños enfrenten en el país de origen, Human Rights Watch afirmó.
Existen preocupaciones por la falta de un genuino análisis individual. Y la nueva ley permite a las autoridades expulsar a los extranjeros considerados una amenaza para el orden público, ya que podrían ser procesados por mendicidad y ocupación abusiva de tierras, por ejemplo, sin exigir explícitamente análisis individual alguno.
"Esta ley se supone que proporciona una mayor protección contra las expulsiones injustas, pero es muy posible las incremente, en lugar de reducirlas", dijo Sunderland. "Garantías débiles y escasas, y medidas dirigidas hacia los romaníes - esto no es una mejora".
A pesar de profundas deficiencias en la legislación y evidencias de que existe una discriminación persistente contra los romaníes, la Comisión Europea, sin embargo, emitió un comunicado el 25 de agosto indicando que estaba satisfecha con los pasos que Francia ha tomado.
La comisaria europea de los Derechos Fundamentales, Viviane Reding, había amenazado con emprender acciones legales contra Francia hace un año, a raíz de una campaña altamente publicitada para desmantelar los asentamientos informales romaníes y expulsar a los romaníes procedentes de Rumanía y Bulgaria.
En ese momento, Reding reaccionó con firmeza ante una circular administrativa del Ministerio del Interior fechada el 5 de agosto y que se filtró a la prensa a principios de septiembre de 2010. Esta circular ordenaba a los prefectos a tomar "una acción sistemática para desmantelar campamentos ilegales, dando prioridad a los romaníes", y asociaba estas medidas con la "expulsión inmediata de extranjeros en situación irregular". A raíz de las críticas, Francia adoptó una nueva circular en septiembre que suprimía la referencia a los romaníes. En abril de 2011, el Consejo de Estado francés dictaminó que la circular del 8 de agosto discriminaba ilegalmente a los romaníes.
