(Nueva York) – Las autoridades bolivianas deben garantizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial de los presuntos abusos cometidos por policías contra manifestantes indígenas en las afueras de Yucumo, en el Departamento del Beni, el 25 de septiembre de 2011, señaló hoy Human Rights Watch.
La policía utilizó gases lacrimógenos y bastones para dispersar a los manifestantes, en su mayoría pacíficos, que protestaban contra la construcción de una autopista en la región. El Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena, señaló en declaraciones a una radio local que “hubo uso excesivo de la fuerza” por parte de policías. Un comandante de la policía informó que “al menos” 15 manifestantes resultaron heridos.
“Es crucial que se investiguen las denuncias de abusos policiales en Beni y que los policías que cometieron excesos respondan por sus actos”, afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Aun cuando la conducta de los manifestantes amerite algún tipo de intervención policial, los agentes involucrados solamente pueden emplear la fuerza cuando sea estrictamente necesario y de acuerdo con los principios internacionales vigentes”.
Según versiones de la prensa, el 24 de septiembre algunos manifestantes se enfrentaron con policías y partidarios del Presidente Evo Morales, y como resultado varios policías habrían sido heridos con flechas. El Ministro de Relaciones Exteriores David Choquehuanca fue retenido por manifestantes luego de acercarse a negociar en representación del gobierno, y fue obligado a permanecer con ellos en la protesta durante tres horas. Cuando la policía intervino al día siguiente, el Ministro de Relaciones Exteriores ya había sido liberado y los altercados habían concluido.
El 28 de septiembre, el Presidente Morales ofreció una disculpa pública por las acciones represivas y afirmó que no hubo ninguna orden presidencial de dispersar a los manifestantes. Previamente esa misma semana, dos miembros de su gobierno —los ministros de defensa y de gobierno— presentaron su dimisión tras el incidente.
El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley de las Naciones Unidas establece que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley podrán usar la fuerza sólo cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”. Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego disponen que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley “utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza” y podrán utilizar la fuerza “solamente cuando otros medios resulten ineficaces”. Cuando el uso de la fuerza sea inevitable, dichos funcionarios “ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito”.
