(Kabul) – Las milicias y algunas unidades de la nueva Policía Local Afgana, apoyada por Estados Unidos, están cometiendo graves abusos contra los derechos humanos, pero el Gobierno no está supervisándolas adecuadamente ni exigiéndoles responsabilidades, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno afgano y Estados Unidos deben cortar sus vínculos con los grupos armados irregulares y tomar medidas inmediatas para crear fuerzas de seguridad con una formación y aprobación adecuadas a las que se exijan cuentas por sus acciones.
El informe de 102 páginas, “‘Just Don’t Call It a Militia:’ Impunity, Militias and the ‘Afghan Local Police’”, (“‘No la llames una milicia’: Impunidad, milicias y la ‘Policía Local Afgana’”) documenta abusos graves, como asesinatos, violaciones, detención arbitraria, secuestros, apropiación de tierras por la fuerza y redadas ilegales por parte de grupos armados irregulares en la provincia septentrional de Kunduz y por parte de las fuerzas de la Policía Local Afgana (PLA) en las provincias de Baghlan, Herat y Uruzgan. El Gobierno afgano no ha exigido cuentas a estas fuerzas, lo que fomenta futuros abusos y genera simpatías para los talibanes y otras fuerzas de oposición, afirmó concluyó Human Rights Watch.
“El Gobierno afgano ha respondido a la insurgencia mediante la reactivación de milicias que amenazan las vidas de los afganos de a pie”, señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Kabul y Washington necesitan dejar definitivamente de respaldar a las milicias abusivas y desestabilizadoras para mantener alguna esperanza de adoptar una estrategia de seguridad viable y a largo plazo”.
Como parte de su estrategia de salida, las fuerzas armadas de Estados Unidos están formando y asesorando a las unidades locales de la PLA, las cuales fueron creadas hace un año. En marzo de 2011, el comandante de las fuerzas internacionales en Afganistán en ese momento, el general David Petraeus, afirmó ante el Senado de Estados Unidos que se podía argumentar que la PLA era “el elemento más esencial en nuestro esfuerzo por ayudar a Afganistán para que mantenga la seguridad en el país de manera independiente”.
Los casos investigados por Human Rights Watch generan graves preocupaciones acerca de los esfuerzos del Gobierno afgano e internacionales por armar, financiar, aprobar y exigir cuentas a los grupos armados irregulares. En la provincia de Kunduz, las milicias se han expandido rápidamente en los últimos años. Su proliferación responde a una política deliberada de la Dirección Nacional de Seguridad (DNS), la agencia de inteligencia de Afganistán, que ha reactivado las redes de milicianos sobre todo a través del Shura-e-Nazar (“Consejo de Supervisión” del norte) y las redes de Jamiat-i-Islami, a las que ha suministrado dinero y armas sin suficiente control.
“Just Don’t Call It a Militia” se basa en más de 120 entrevistas con víctimas de abusos y familiares, ancianos de las comunidades, testigos, trabajadores de organizaciones no gubernamentales, fuerzas de seguridad afganas, trabajadores de derechos humanos, funcionarios del Gobierno, oficiales militares y diplomáticos extranjeros, periodistas y analistas sobre Afganistán.
En la mayoría de los casos de abusos graves documentados por Human Rights Watch en Kunduz, no se han adoptado medidas contra los responsables. Por ejemplo, en agosto de 2009 en el distrito de Khanabad, una milicia asesinó a cuatro hombres debido a una disputa familiar. Un funcionario de la DNS confirmó que la policía no pudo detener a ninguna de las personas implicadas en los asesinatos debido a la relación del comandante de la milicia con el jefe provincial de la policía y un cabecilla local involucrado con los grupos armados abusivos. Un fiscal, que es también el padre de uno de los hombres asesinados, dijo a Human Rights Watch: “Nadie me ha ayudado y trabajo para el Gobierno, por lo que me pregunto, ¿cómo les irá a los demás? ¿quién los va a escuchar?”
“Supuestamente, las relaciones patronales con altos cargos de las fuerzas de seguridad local y el gobierno central permiten a las supuestas milicias progubernamentales aterrorizar a las comunidades locales y operar con impunidad”, señaló Adams.
Al mismo tiempo, el rápido crecimiento de la PLA ha agravado las preocupaciones acerca de su respeto por la ley, dijo Human Rights Watch. Se supone que esta fuerza, creada en julio de 2010 a instancias de Estados Unidos, complementa a la policía y al ejército nacional afganos a nivel de comunidades y aldeas. Las fuerzas armadas estadounidenses consideran que la Policía Local Afgana contribuye a abordar las presiones que conlleva el intento de ceder el control de la seguridad al Gobierno afgano para 2014.
Los shuras (consejos) aldeanos son los responsables de nombrar y aprobar a los miembros de la PLA, cuyas unidades dependen del jefe de policía del distrito. Se está armando y movilizando a unidades, con tan sólo 21 días de entrenamiento, en áreas con una presencia limitada de la policía y el ejército nacional afganos. En agosto se había reclutado a 7,000 hombres para esta fuerza y se han puesto en marcha planes para armar y formar hasta 30,000 efectivos.
Los funcionarios afganos y estadounidenses dijeron que la PLA ha mejorado la seguridad en algunas zonas. En algunas comunidades, los residentes locales entrevistados por Human Rights Watch recibieron con beneplácito a la nueva fuerza y mencionaron mejoras en la seguridad. Sin embargo, otros residentes dijeron que no se había inspeccionado adecuadamente a la nueva policía y mencionaron que la fuerza había acogido a ciertos elementos criminales e insurgentes. Muchos se quejaron de que, al igual que en el caso de otros grupos armados irregulares, no se exige cuentas a la PLA cuando está implicada en abusos.
A pesar de que la fuerza es bastante nueva, Human Rights Watch documentó varios abusos graves cometidos por sus miembros. Por ejemplo, en febrero, en el distrito de Shindad de la provincia de Herat, una unidad de la PLA invadió varias casas, en las que robó pertenencias, golpeó a los residentes y detuvo ilegalmente a seis hombres. En otro caso, se ha acusado a la PLA de golpear a adolescentes y clavar clavos en los pies a un muchacho, pero no se ha detenido a nadie.
En la provincia de Baghlan, la PLA había reclutado a antiguos combatientes del grupo islamista Hezb-i-Islami, entre ellos un abusivo local, Nur-ul Haq. Haq y sus hombres han sido acusados de asesinatos, apropiaciones de tierras y secuestros. Sin embargo, la policía se ha negado a investigar estas denuncias, y dijo a Human Rights Watch que no pueden cuestionar a los miembros de la PLA denunciados debido a sus conexiones con poderosos funcionarios del Gobierno y las fuerzas especiales de Estados Unidos. En abril, cuatro miembros armados de la PLA en Baghlan secuestraron a un muchacho de 13 años cuando regresaba a su casa de un bazar, y se lo llevaron a la casa de un subcomandante de la PLA, donde lo violaron en grupo. Se escapó al día siguiente. Aunque se conocía perfectamente la identidad de los responsables, no se han producido arrestos.
En diciembre de 2010 en la provincia de Uruzgan, un líder local, Neda Muhammed, detuvo a seis ancianos cuando se negaron a suministrar hombres a la PLA. Los funcionarios y los residentes locales han implicado a algunos miembros de la PLA en Khas Uruzgan en redadas ilegales, palizas y la recaudación por la fuerza del ushr (un impuesto informal).
Los partidarios afganos e internacionales de la PLA señalan las salvaguardias tales como que la PLA está controlada por el Ministerio del Interior afgano, sus miembros son aprobados por la shura comunitaria, y reciben formación y asesoramiento de las fuerzas de operaciones especiales de Estados Unidos. Sin embargo, la policía nacional carece de estructuras adecuadas de mando y control y, con frecuencia, la PLA cuenta con muchos más efectivos que la policía nacional en los distritos en los que opera, señaló Human Rights Watch. Además, los funcionarios del Ministerio del Interior han reconocido a Human Rights Watch que dichas salvaguardias también se prometieron en el caso de muchas iniciativas anteriores de defensa de las comunidades que acabaron fracasando.
Abusivos líderes locales o las facciones étnicas o políticas se han apropiado de los programas anteriores para la creación de fuerzas locales de defensa y han sembrado el terror, motivado venganzas y, en algunas zonas, han llegado incluso a favorecer a los insurgentes talibanes, señaló Human Rights Watch. Un ejemplo de ello es la Policía Nacional Auxiliar Afgana (PNAA), creada en 2006, con una formación escasa, un control mínimo de la selección de miembros, normas de intervención mal definidas, altos niveles de infiltración y mucha corrupción. Otro caso fue el de la Fuerza Pública Afgana de Protección (AP3) de la provincia de Wardak, de la que se apropiaron las cabecillas locales y estuvo implicada en casos de palizas e intimidación.
“Aunque existe la necesidad de aumentar la seguridad a nivel comunitario, los gobiernos afgano y estadounidense deben tener mucho cuidado de no repetir los errores cometidos con las milicias anteriores”, dijo Adams. “Si no se corrige rápidamente la situación, la PLA podría acabar siendo una milicia más que causa más problemas de los que soluciona”.
Human Rights Watch instó a los gobiernos de Afganistán y de Estados Unidos a que eviten precipitarse en el establecimiento de nuevas unidades de la PLA alrededor del país sin mecanismos de aprobación, control y rendición de cuentas adecuados, como ha ocurrido con algunas unidades.
Human Rights Watch exhortó también al Gobierno afgano a que investigue todas las denuncias de abusos por parte de las milicias y la PLA, asigne recursos adecuados para investigar las denuncias y cree un organismo externo de quejas que tome medidas con respecto a los abusos cometidos por la PLA y otras fuerzas policiales.
“La presión para reducir el número de tropas internacionales no debe perjudicar los derechos de los afganos”, señaló Adams. El Gobierno afgano y sus partidarios tienen que entender que la inseguridad no proviene solamente de la insurgencia. “La mala gestión de gobierno, la corrupción, los abusos contra los derechos humanos y la impunidad de las fuerzas afiliadas con el Gobierno alimentan la insurgencia, y estas cuestiones tienen que abordarse para poder lograr una verdadera estabilidad en Afganistán”.
