(Washington, D.C.) – Honduras debería realizar una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial del asesinato de decenas de campesinos en el Valle del Bajo Aguán, señaló hoy Human Rights Watch.

De acuerdo con una organización local, 15 personas, entre ellas 6 campesinos y 4 guardias de seguridad privada, fueron asesinadas en el Valle del Bajo Aguán en agosto de 2011. El gobierno del Presidente Porfirio Lobo ordenó el despliegue de fuerzas militares en la zona luego de los incidentes. 

“Es crucial que se lleve a cabo una investigación oportuna e imparcial para asegurar que los responsables de los asesinatos en el Valle del Bajo Aguán sean juzgados”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

Los asesinatos se produjeron en el marco de un conflicto territorial de larga data entre campesinos y terratenientes en el Valle del Bajo Aguán. Al menos 40 campesinos, además de varios guardias de seguridad y otros particulares, fueron asesinados en la región desde que Porfirio Lobo asumió la presidencia en enero de 2010.

Si bien las autoridades han dictado varias órdenes de detención, ninguna persona ha sido arrestada o acusada hasta el momento en relación con estos asesinatos, según informó una fuente del Ministerio Público a Human Rights Watch.

Honduras es parte de varios tratados internacionales, incluida la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos tratados obligan a los Estados a adoptar medidas para impedir y prevenir violaciones de derechos humanos, investigar y juzgar a los agresores y proporcionar recursos efectivos a las víctimas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que “el Estado tiene la obligación de combatir [la impunidad] por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares”.