Las autoridades hondureñas deben adoptar medidas concretas para poner fin a la impunidad por los abusos cometidos después del golpe de estado de 2009, y para terminar con los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que continúan ocurriendo, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.
El informe de 70 páginas, "Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras", documenta que los responsables de los abusos cometidos en 2009 durante el gobierno de facto no han rendido cuentas por sus actos. El informe también documenta 47 casos de amenazas y ataques -incluidos 18 asesinatos- contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que ocurrieron después de que el Presidente Porfirio Lobo asumió el poder en enero de 2010.
"Realizamos este análisis independiente debido a que, a un año y medio del golpe en Honduras, aún se sienten las consecuencias para los derechos humanos", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Nuestra investigación demuestra claramente que, hasta que las autoridades hondureñas no adopten medidas concretas para reducir la impunidad y poner freno a los ataques, difícilmente podrá restablecerse la confianza en el sistema democrático del país".
Esta falta de rendición de cuentas, sumada a la violencia y a las amenazas continuas, han logrado inhibir el ejercicio de la libertad de expresión y la participación política en Honduras, especialmente entre quienes se opusieron al golpe de estado de 2009, señaló Human Rights Watch.
El golpe de estado fue condenado por la comunidad internacional. La OEA suspendió la membresía de Honduras y varios gobiernos latinoamericanos retiraron a sus embajadores del país. Estados Unidos también cuestionó el golpe; sin embargo, lamentablemente, demoró más de dos meses en imponer sanciones efectivas en contra del gobierno de facto.
Abusos posteriores al golpe de estado
Luego del golpe de estado, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de derechos humanos -que incluyen el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y detenciones arbitrarias- e impusieron restricciones ilegítimas a la libertad de expresión y de reunión.
Ninguna persona ha sido condenada penalmente por estos abusos. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos del Ministerio Público ha presentado acusaciones fiscales en 20 casos de presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno de facto. En ocho procedimientos, los acusados fueron sobreseídos. Los demás casos se encuentran pendientes ante los tribunales, y algunos están paralizados debido a que los acusados se encuentran prófugos.
Según afirmó Human Rights Watch, los limitados avances se deben principalmente a que otras instituciones del Estado no apoyaron la labor de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, en particular durante las primeras etapas de las investigaciones realizadas en 2009.
Human Rights Watch comprobó que las fuerzas de seguridad obstruyeron la investigación de abusos cometidos después del golpe. Se negaron a entregar armas para efectuar pruebas de balística, no respondieron a pedidos de información que tenían por objeto identificar a policías acusados de cometer abusos y tampoco permitieron el acceso a instalaciones militares. Si bien las fuerzas de seguridad han demostrado una mayor predisposición para cooperar desde que asumió el Presidente Lobo, la anterior falta de colaboración ha tenido un impacto definitivo en las investigaciones.
Otros obstáculos que enfrentó la Fiscalía Especial de Derechos Humanos son sus recursos limitados y la necesidad de recurrir a la policía de investigación, la cual carece de la independencia necesaria para llevar a cabo investigaciones imparciales de las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. La falta de avances en estos casos también se debió a que el gobierno no ha asignado fondos al Programa de Protección a Testigos.
A su vez, la Corte Suprema propició un clima que disuadió a los jueces de tribunales inferiores de pronunciarse en contra del gobierno de facto, afirmó Human Rights Watch. La Corte avaló las acciones del Ejército el día del golpe, y posteriormente desestimó recursos constitucionales de amparo que cuestionaban las políticas del gobierno de facto. También ejerció sus facultades disciplinarias de manera arbitraria y con fines aparentemente políticos en mayo, cuando destituyó a cuatro jueces que habían cuestionado públicamente la legalidad del golpe.
Ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos
Desde que el Presidente Lobo asumió el poder, se produjeron al menos 18 asesinatos de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, muchos de ellos en circunstancias que sugieren que estos crímenes habrían respondido a motivaciones políticas. Por ejemplo, Julio Benítez, un opositor al golpe que había recibido numerosas amenazas telefónicas en las cuales se le advertía que dejara de participar en grupos de oposición, fue asesinado el 15 de febrero por un grupo de hombres armados.
Human Rights Watch también ha recibido denuncias creíbles de otros 29 casos de amenazas o ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos. Por ejemplo:
- El 8 de abril, el Padre Ismael Moreno, un sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos, recibió un mensaje de texto en el cual se amenazaba con asesinar a familiares de una opositora al golpe que había sido anteriormente violada por un grupo de policías. El Padre Moreno había ayudado a esta mujer y a su familia en su intento por abandonar Honduras.
- A principios de junio, Eliodoro Cáceres Benítez, un activista político, recibió tres amenazas de muerte telefónicas, en las cuales se anunciaba que él y su familia serían asesinados por miembros del crimen organizado. Su hijo permanece desaparecido desde el 13 de junio.
- El 15 de septiembre, las oficinas de Radio Uno, un medio que ha expresado su oposición al golpe de estado, fueron atacadas por miembros de la policía y militares, quienes lanzaron gases lacrimógenos, rompieron cristales del edificio, dañaron diversos equipos e hirieron gravemente a una persona.
La información disponible indica que las autoridades hondureñas han logrado avances sumamente limitados o nulos en la investigación de estos casos. Ante la falta de investigaciones exhaustivas, resulta difícil determinar cuántos de los ataques respondieron a motivaciones políticas o si existió algún tipo de participación oficial.
No obstante, la polarización política que existe hoy en Honduras y las pruebas circunstanciales en gran parte de los casos de 2010 analizados en este informe -incluidas declaraciones explícitas de los perpetradores- sugieren que muchas de las víctimas podrían haber sido agredidas deliberadamente debido a sus opiniones políticas. Esto ha fomentado un clima de temor que ha socavado el ejercicio de libertades básicas en el país.
Por ejemplo, una activista política le dijo a Human Rights Watch que se había visto obligada a abandonar su actividad política luego de que ella y sus hijas fueran abordadas por un grupo de hombres armados. Otro activista, que recibió un disparo en la pierna durante un intento de asesinato, señaló a Human Rights Watch que había dejado de participar en actividades políticas como consecuencia del ataque. Un periodista de radio informó que un colega que trabajaba con él en la estación había renunciado después de recibir varias amenazas de muerte por expresar su opinión política.
Recomendaciones
El informe recomienda que las autoridades hondureñas:
Apoyen el trabajo de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos a través de las siguientes medidas:
- Proporcionar fondos adicionales para que pueda extenderse más allá de 2011 el aumento presupuestario otorgado por el Congreso a la Fiscalía Especial por un año;
- Garantizar la plena colaboración de militares y policías con las investigaciones en curso; y
- Asignar fondos al Programa de Protección a Testigos, el cual no ha recibido financiamiento específico desde su creación.
Fortalezcan la independencia judicial a través de las siguientes medidas:
- Crear un órgano independiente que asuma muchas de las funciones disciplinarias de la Corte Suprema; y
- Establecer e implementar procedimientos de nombramiento, sanción y destitución de jueces y empleados judiciales que sean transparentes y eviten la interferencia política en los procesos judiciales.
Creen una Comisión Internacional de Investigación que:
- Lleve a cabo investigaciones exhaustivas de los abusos cometidos después del golpe y de las amenazas y los ataques contra periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos que continúan ocurriendo; y
- Respalde el trabajo desarrollado por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos para juzgar estos casos.
