(Bruselas) - La Unión Europea (UE) debería congelar los activos de la Compañía Nacional de Petróleo Siria, la Compañía Nacional de Gas Siria y el Banco Central de Siria, hasta que el Gobierno sirio ponga fin a las terribles violaciones de los derechos humanos de sus ciudadanos, Human Rights Watch señaló hoy . El 13 de agosto de 2011, Human Rights Watch envió una carta al Alto Representante de la Unión Europea y los cancilleres de los 27 Estados miembros instándolos a imponer con rapidez dichas sanciones.
Desde el 1 de agosto las fuerzas de seguridad sirias han matado a por lo menos 231 manifestantes antigubernamentales y otros civiles en ataques en Latakia, Deir al-Zor, Homs y otras pequeñas ciudades a lo largo de Siria, según activistas locales de derechos humanos. Durante los últimos cuatro días, las fuerzas de seguridad han atacado y llevado a cabo detenciones a gran escala en los barrios de Slaybeh, Skantouri, Ramla al-Ali y Sheikh Daher, en Latakia. Los servicios de seguridad han detenido también a destacados activistas políticos y de derechos humanos, como Abdel Karim Rihawi.
"Las autoridades de Siria siguen matando a su propia gente, a pesar de los múltiples esfuerzos de otros países, entre los que se encuentran previos aliados, por poner fin a esta situación”, dijo Lotte Leicht, director de Human Rights Watch para la UE. "Es hora de demostrar al Gobierno que los europeos no le ayudarán a financiar esta represión".
De acuerdo a la legislación siria, el Gobierno es el principal accionista en los sectores de petróleo y gas a través de su participación en la Compañía Nacional de Gas Siria y la Compañía Nacional de Petróleo Siria. Ambas empresas tienen una participación del 50 por ciento en todos los proyectos de petróleo y gas en Siria. En un informe de marzo 2010, el Fondo Monetario Internacional estimó que el Gobierno sirio gana aproximadamente 2 mil 100 millones de euros anuales procedentes de los ingresos de petróleo y gas. La mayoría del petróleo y gas de Siria se utiliza en el país, pero se exporta alrededor de 150,000 barriles diarios, y alrededor del 95 por ciento se dirige a Europa, principalmente a Italia, los Países Bajos, Francia y Alemania.
La UE ya ha congelado los activos de 35 funcionarios sirios y cuatro entidades, en respuesta a los abusos generalizados de derechos humanos de Siria. En marzo, la UE impuso congelamientos de activos similares contra el sector petrolero y el Banco Central de Libia.
En la carta, Human Rights Watch instó a la UE a llevar a cabo revisiones regulares de las consecuencias de las sanciones para evaluar el posible impacto humanitario, y para levantar las sanciones a medida que el Gobierno demuestre un cambio de política, como dejar de usar excesivamente la fuerza letal contra manifestantes pacíficos, liberar a todos aquellos detenidos sólo por participar en protestas pacíficas o por criticar a las autoridades sirias, y cooperar plenamente con la misión de investigación del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o con otros mecanismos internacionales encargados investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos.
"El objetivo es perjudicar la capacidad del Gobierno para financiar la represión y no perjudicar a los sirios que exigen valientemente el respeto a sus derechos básicos", dijo Leicht.
Desde el comienzo de las protestas contra el Gobierno, a mediados de marzo, Human Rights Watch ha documentado un patrón sistemático y generalizado de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las autoridades de Siria. Según grupos locales de derechos humanos, hasta ahora las fuerzas de seguridad han disparado y acabado con la vida de aproximadamente 2,000 civiles, y han detenido a más de 10,000 activistas, manifestantes, e incluso transeúntes, sometiéndolos frecuentemente a torturas y malos tratos.
A pesar de las amnistías presidenciales y las promesas de reforma, miles de activistas y manifestantes siguen detenidos, sin que las autoridades hayan informado sobre su paradero o los motivos legales de su detención. Las pruebas de asesinatos sistemáticos, desapariciones forzadas y torturas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad sirias en algunas ciudades de este país, como Daraa, sugieren fuertemente que estos actos alcanzan el nivel de crímenes contra la humanidad.
Las autoridades sirias han tratado de ocultar sus violaciones impidiendo el acceso a los periodistas y observadores independientes , e incluso al equipo de investigación del Consejo de Derechos Humanos, a las áreas de protesta. También han limitado, y, en ocasiones interrumpido, los servicios de comunicación telefónica y de internet en el interior del país.
"Tal vez el régimen sirio trate a las personas mejor cuando se de cuenta de que corre el riesgo de no poder pagar a los miembros de las fuerzas de seguridad", dijo Leicht. "Los Estados miembro de la UE deberían de enviar un mensaje claro y unido al gobierno de Assad de que continuar con estos abusos tendrá consecuencias".
