Personas desplazadas y miembros de las fuerzas del Gobierno de transición somalí en Dhobley, Somalia, julio de 2011.

©AP Photo/Schalk van Zuydam

(Nairobi) – Todas las partes en el conflicto armado de Somalia han cometido violaciones graves de las leyes de la guerra que contribuyen a la catástrofe humanitaria del país, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Todas las partes deben cesar inmediatamente los abusos contra la población civil, exigir cuentas a los responsables y garantizar el acceso a la ayuda y la libertad de movimiento de las personas que están huyendo del conflicto y la sequía.

El informe de 58 páginas, “‘You Don’t Know Who to Blame’: War Crimes in Somalia” (“‘No sabes a quién culpar’: Crímenes de guerra en Somalia”), documenta numerosos abusos durante la reanudación de los combates a lo largo del año pasado por las partes en el conflicto de 20 años de Somalia. Estas partes incluyen al grupo armado islamista al-Shabaab, el Gobierno Federal de Transición (GFT) somalí, las fuerzas de pacificación de la Unión Africana (AMISOM) y las milicias somalíes respaldadas por Kenia y Etiopía. El informe examina también los abusos de la policía keniana y los crímenes cometidos por bandidos contra refugiados somalíes en la vecina Kenia.

“Los abusos por parte de al-Shabaab y las fuerzas pro gubernamentales han multiplicado enormemente el sufrimiento provocado por la hambruna en Somalia”, dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “Todas las partes tienen que tomar medidas urgentes para detener estos ataques ilegales, permitir la entrada de ayuda y poner fin a esta pesadilla humanitaria”.

El informe, basado en entrevistas con refugiados somalíes recién llegados a Kenia y otras fuentes, examina dos ofensivas importantes del GFT contra al-Shabaab desde septiembre de 2010. La población civil se ha llevado la peor parte de los combates, afirmó Human Rights Watch.

Todas las partes han empleado artillería en la capital, Mogadiscio, con métodos ilegales que han provocado bajas civiles. Al-Shabaab ha lanzado indiscriminadamente fuego de mortero desde zonas densamente pobladas, y las fuerzas del GFT y la AMISOM han respondido con frecuencia de la misma forma con contraataques indiscriminados. Como consecuencia, la población civil no ha sabido a quién recurrir para ponerse a salvo. Aunque la supuesta retirada de al-Shabaab de Mogadiscio podría dar cierto respiro a la población civil de la capital expuesta a los incesantes combates, es probable que se produzcan abusos en el futuro a menos que las partes adopten medidas asertivas para detenerlos, señaló Human Rights Watch.

“Ninguna de las dos partes evita atacar a la gente”, dijo a Human Rights Watch una mujer que había huido de Mogadiscio. “A veces resulta que la persona con la que has desayunado por la mañana muere por disparos de mortero en la tarde”.

Los somalíes describieron también a Human Rights Watch la implacable represión y brutalidad diarias en las zonas bajo el control de al-Shabaab. Las penas duras, notablemente las flagelaciones y las ejecuciones sumarias, que incluyen decapitaciones públicas, son un castigo habitual para aquellos que violan las leyes opresivas de los militantes o son acusados de traición. Al-Shabaab recluta por la fuerza a niños y adultos para sus tropas. Priva a los residentes en áreas bajo su control de urgente asistencia humanitaria, como alimentos y agua, e impide que huyan a zonas más seguras.

En la mayoría de los casos, el GFT no ha garantizado la seguridad básica y la protección de los derechos humanos en las áreas limitadas bajo su control, dijo Human Rights Watch. El GFT y las milicias aliadas con él han cometido graves violaciones de los derechos humanos, que incluyen casos generalizados de arrestos y detenciones arbitrarias, restricciones de la libertad de expresión y asamblea, y ataques indiscriminados con daños a la población civil.

Con frecuencia, las intervenciones de agentes externos en Somalia han sido contraproducentes y han contribuido a continuas amenazas contra la seguridad. Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas ofrecen apoyo al GFT sin hacer un esfuerzo significativo por presionar a sus líderes para que frenen los abusos. A sólo un año para finalizar el mandato del GFT, sus aliados internacionales deben asegurar el establecimiento y el cumplimiento de criterios claros en materia de derechos humanos, lo que incluye la mejora de la rendición de cuentas. Si el gobierno de transición no logra estos objetivos básicos, otros gobiernos y las Naciones Unidas deben reconsiderar su respaldo, afirmó Human Rights Watch.

En los últimos meses, la AMISOM ha adoptado medidas para minimizar las bajas civiles durante las operaciones militares. No obstante, persisten las violaciones graves a manos de sus fuerzas y no se ha exigido cuentas a los soldados responsables de ellas.

Etiopía y Kenia participan en el conflicto, ya que han movilizado unidades de sus fuerzas armadas en operaciones militares en el sur de Somalia durante 2011. También han prestado asistencia militar a las milicias que apoyan al GFT. Sin embargo, ni Etiopía ni Kenia han intentado asegurar la rendición de cuentas por los abusos cometidos por sus tropas o las milicias a las que apoyan.

Human Rights Watch reiteró su llamamiento a que se establezca de una comisión de la ONU encargada de investigar las violaciones de los derechos humanos y las leyes de la guerra cometidas por todas las partes desde el comienzo del conflicto, y se establezcan las bases para la rendición de cuentas. Human Rights Watch instó a todas las partes en conflicto en Somalia a que adopten medidas concretas para proteger a la población civil, sobre todo el cumplimiento de las medidas fundamentales destinadas a proteger a la población civil durante los ataques, y garanticen en todo momento el acceso de la asistencia humanitaria.

“No existe una solución rápida para la tragedia de Somalia, pero está claro que la impunidad para los abusos graves perpetúan la inseguridad”, señaló Bekele. “La presión internacional para que todas las partes pongan fin a los abusos es más crucial que nunca: el aumento de la seguridad y el respeto por los derechos humanos en Somalia reducirá la tendencia a la violencia y la hambruna”.

La escalada de los combates ha provocado un desplazamiento masivo de la población de Mogadiscio, así como de otras regiones fronterizas. Una región a lo largo de la frontera con Kenia conocida como “Jubaland” se ha visto especialmente afectada, y el Gobierno keniano ha indicado que quiere convertirla en una zona de contención entre su territorio y las áreas controladas por al-Shabaab. Los ministros kenianos ha reclamado que se asista a los somalíes dentro de esta “zona de contención”, en lugar del interior de Kenia, y afirman que esta zona es segura. Sin embargo, esta área sigue sufriendo mucha inseguridad e inestabilidad.

Kenia lleva mucho tiempo acogiendo a varios centenares de miles de refugiados somalíes: una enorme carga que ha aumentado durante el año pasado. Durante 2011, los combates y la sequía han hecho que cientos de miles de somalíes abandonen sus hogares, y más de 100,000 de ellos han cruzado la frontera con Kenia.

Según Human Rights Watch, los refugiados somalíes se enfrentan a graves dificultades en Kenia. El viaje hasta los campos de refugiados de Dadaab es peligroso. Las investigaciones de Human Rights Watch desde 2010 han determinado que los refugiados sufren extorsión y violencia policial, arrestos y detenciones arbitrarias, y deportaciones ilegales a Somalia, prácticas que han continuado durante 2011. Los refugiados dijeron a Human Rights Watch que tomaron caminos alternativos peligrosos para evitar a la policía keniana, pero que los bandidos les habían robado y violado a lo largo de estos caminos.

A 24 de julio, el campamento de refugiados de Dadaab, construido originalmente para albergar a 90,000 personas, tenía una población registrada de 390,000 refugiados. Los refugiados somalíes recién llegados se enfrentan al hacinamiento y condiciones de vida inhumanas en los campamentos, asó como retrasos en el registro para obtener incluso asistencia mínima.

El campamento de extensión Ifo II está vacío y listo para albergar a 40,000 refugiados desde noviembre de 2010, y se le debe dar uso de inmediato. Human Rights Watch exhortó al Gobierno de Kenia, con un creciente apoyo de los donantes internacionales, a proporcionar más terrenos para campamentos. Human Rights Watch renovó también su llamamiento al Gobierno keniano para que abra un nuevo centro de control de refugiados en la ciudad fronteriza de Liboi, con el fin de registrar a los recién llegados y transportarlos a salvo a los campamentos.
“Animamos a la comunidad internacional a prestar asistencia dentro de Somalia, además de a los refugiados en Kenia y Etiopía”, dijo Bekele. “Los países vecinos tienen que respetar el derecho de todos los que huyen de Somalia a solicitar asilo”.

Testimonios seleccionados de “You Don’t Know Who to Blame” (“No sabes a quién culpar”):

Una mujer de 37 años de Mogadiscio que huyó de los ataques de artillería indiscriminados:

Ninguna de las dos partes evita atacar a la gente. A veces resulta que la persona con la que has desayunado por la mañana muere por disparos de mortero en la tarde. A al-Shabaab le gusta disparar sus armas desde áreas residenciales, sabiendo muy bien que la parte va a responder disparando contra ese lugar. Entonces al-Shabaab se retira. Y al GFT y la AMISOM no les importa si hay civiles o no en los lugares contra los que disparan. No sabes a quién culpar: ¿le echas la culpa a al-Shabaab por esconderse entre la gente, o al Gobierno por contraatacar el mismo sitio desde donde recibieron los disparos?

Una mujer de 40 años de Mogadiscio cuyo esposo fue detenido por al-Shabaab:

Me llamaron ellos mismo y me dijeron: “¿Tenemos en nuestra posesión a tu esposo quien es también un infiel, verdad?” Les dije: “Mi esposo es musulmán”. Dijeron: “Es un infiel y lo vamos a matar”. Dos días después de detenerle me volvieron a llamar. Me dijeron que éramos infieles, que nuestros hijos eran infieles y que nos comportáramos... Sus amenazas aún me resuenan en los oídos.

Un joven de Sakoh que huyó de una zona controlada por al-Shabaab:

Murieron todos nuestros animales. Ya no había camellos, cabras ni ganado, y hasta la gente empezó a morir. No había alimentos porque al-Shabaab no permitía que las agencias de ayuda los trajeran. Decían: “No queremos la comida de los no creyentes”.

Un anciana de Dhobley que fue atacada cuando se dirigía a Dadaab:

Hace tres días de que salí de Dhobley [en camioneta]. Nos robaron por el camino. Éramos unos 40, y llegaron diez hombres con rifles y nos los pusieron en el cuello, y había otros diez en los matorrales. Separaron a los hombres y las mujeres y nos dijeron que entregáramos los celulares, el dinero y todo lo que tuviéramos. Algunas muchachas fueron violadas, unas seis de ellas. En mi caso, sólo me pusieron un arma en el cuello y me quitaron el dinero y el teléfono móvil, ya que soy una persona anciana y no me violaron.

Un hombre de mediana edad detenido arbitrariamente por la milicia aliada con el GFT Ahlu Sunna Waj-Jama’a:

Los oficiales de [Ahlu Sunna Wal Jama’a] me arrestaron y robaron. Estaba sentado en un lugar del centro de la ciudad BulaHawo y se produjo una explosión. Una mina destruyó un vehículo del GFT. Inmediatamente después, las tropas [de Ahlu Sunna Wal Jama’a] entraron en la ciudad y empezaron a disparar sin miramientos. Nos detuvieron a todos y nos trasladaron a la comisaría de policía. Cuando me llevaban a la celda, los soldados me robaron el teléfono móvil y 7,000 chelines kenianos.

Detuvieron a 500 personas. Nos encerraron en un barracón. Algunos estaban en una celda. También arrestaron a mujeres y las encerraron por separado. Algunas llevaban a niños pequeños. Pusieron en libertad a las mujeres y los niños el mismo día, pero los hombres estuvieron detenidos dos días.

Después de ponernos en libertad, hubo una mitin público del GFT. Nos dijeron que podíamos hacer una de tres cosas: irnos a Kenia o Etiopía, o unirnos a la gente de al-Shabaab. [Un funcionario del distrito] dijo: “Si vuelve a ocurrir algo aquí, les haremos responsables y les mataremos”. Al día siguiente del mitin popular, nos dimos cuenta que no podíamos vivir ahí. Decidimos irnos.