El periodista Ernan Baldomero busca justicia para su padre, Fernando "Nanding" Baldomero. El 5 de julio de 2010, un hombre armado disparó y mató a Baldomero afuera de su casa en Kalibo, en la provincia de Aklan, cuando estaba a punto de llevar a su hijo de 12 años a la escuela.

© 2011 Veejay Villafranca for Human Rights Watch

(Manila) - El hecho de que el Gobierno de las Filipinas no haya investigado ni enjuiciado las ejecuciones extrajudiciales fomenta nuevos abusos de las Fuerzas Armadas, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno debe asegurar que los funcionarios investiguen enérgicamente las violaciones graves de los derechos humanos o se enfrenten a medidas disciplinarias, dijo Human Rights Watch.

El informe de 98 páginas, "‘No Justice Just Adds to the Pain': Killings, Disappearances, and Impunity in thePhilippines" ("La falta de justicia sólo agrava el dolor": Asesinatos, desapariciones e impunidad en Filipinas), expone en detalle las sólidas pruebas de la implicación de las Fuerzas Armadas en siete asesinatos y tres desapariciones forzadas de activistas de izquierda, desde que el presidente Benigno Aquino III asumió el cargo el 30 de junio de 2010.

"Están matando a tiros a activistas en la calle y los soldados implicados salen en libertad", afirmó Elaine Pearson, subdirectora para Asia de Human Rights Watch. "El Gobierno de las Filipinas sólo puede acabar con estos horribles abusos si deja en claro que todo aquél que los ordene o los cometa será encarcelado y su carrera militar llegará a su fin".

El informe se basa en más de 80 entrevistas en 11 provincias con víctimas de abusos, sus familiares, testigos y oficiales policiales y militares, entre ellos un ex soldado que dijo que sus mandos militares le ordenaron matar a activistas de izquierda e intimidar a testigos.

Human Rights Watch no pudo investigar varias otras presuntas ejecuciones extrajudiciales denunciadas recientemente por la prensa local, debido a las limitaciones de tiempo y los problemas de seguridad.

Filipinas se enfrenta a varios movimientos insurgentes del grupo comunista Nuevo Ejército del Pueblo (NEP), así como de otros grupos armados responsables de muchos abusos graves. En su respuesta, el Gobierno debe respetar sus obligaciones legales conforme al derecho internacional humanitario y de derechos humanos, señaló Human RightsWatch.

Al parecer, las Fuerzas Armadas han perseguido a varias de estas víctimas como sospechosas de pertenecer al NEP, debido a su relación con organizaciones de izquierda, su trabajo sobre reforma agraria o su oposición a la presencia militar en sus comunidades. Las unidades militares que operan en áreas afectadas por el conflicto consideran con frecuencia que todas las organizaciones de izquierda son pantallas del grupo rebelde y que todos los que se oponen a la presencia militar son miembros del NEP.

"Mi esposo estaba tirado con heridas abiertas [de bala] en el pecho y el cuello", dijo Mercy Dejos, al describir cómo encontró los cuerpos de su esposo, un activista comunitario de derechos humanos, y de su hijo. "Le habían arrancado las uñas".  A su hijo le habían disparado aparentemente por la espalda, según dijo.

Varias de las víctimas fueron asesinadas o secuestradas delante de testigos, ya sea cuando hombres armados entraron en la propiedad de la víctima y dispararon contra ella a sangre fría, o lo hicieron desde una motocicleta. Algunos asaltantes llevaban ropa de civil y el rostro cubierto, mientras que otros llevaban uniformes militares y no intentaron ocultar su identidad.  En varios casos, hay pruebas de que los soldados operaron conjuntamente con miembros de las fuerzas paramilitares - principalmente las Unidades Geográficas de las Fuerzas Armadas Ciudadanas (CAFGU) - o "activos" militares pagados, entre ellos "rebeldes repatriados" (rebelreturnees), antiguos miembros del grupo rebelde.

Un ex soldado dijo a Human Rights Watch que los mandos militares le habían ordenado que matara a activistas de izquierda y que ocultara o quemara sus cuerpos. Dijo que las Fuerzas Armadas lo habían entrenado a él y a otros soldados para hacer que los asesinatos selectivos parecieran obra del grupo rebelde Unidad Partisana Especial (SPARU), usando pistolas del calibre 45 mm y portando los pasamontañas que los caracterizan.

"El carácter flagrante de algunos de estos abusos - a plena luz del día y delante de testigos - demuestra que los miembros de las Fuerzas Armadas pueden matar y desaparecer a gente sin que les importen casi nada las consecuencias", señaló Pearson. "Calificar a alguien de activista de izquierda es como anunciar abiertamente que está en una lista negra del Ejército".

El Gobierno no ha investigado eficazmente ni enjuiciado los asesinatos y las desapariciones forzadas cometidas durante la última década, afirmó Human RightsWatch. Tampoco ha exigido cuentas a los responsables de los abusos más recientes.

Sólo siete casos de ejecuciones extrajudiciales se han enjuiciado con éxito en la última década, que se saldaron con la condena de 12 acusados, pero ninguno desde que Aquino asumió la Presidencia. No se ha condenado a ningún miembro activo de las Fuerzas Armadas en el momento de cometer el asesinato. No se ha condenado a ningún oficial superior del Ejército por su participación directa en estas violaciones o por responsabilidad del mando.

Las investigaciones policiales se han estacando, especialmente cuando las pruebas apuntan a las Fuerzas Armadas. No se han ejecutado las órdenes de arresto contra presuntos responsables y casi no han existido investigaciones internas dentro de las Fuerzas Armadas. El programa inadecuado del Departamento de Justicia de las Filipinas para la protección de testigos, quienes han sido objeto de hostigamiento e intimidación, ha obstaculizado aún más los esfuerzos por llevar ante la justicia a los responsables.

Las ejecuciones extrajudiciales llevan tiempo siendo un problema en las Filipinas. Cientos de miembros de partidos políticos de izquierda, activistas políticos, periodistas críticos y religiosos que se han expresado abiertamente han sido asesinados o desaparecidos por la fuerza en las Filipinas durante la última década.

En 2006 y 2007, cuando las Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y varios otros donantes importantes expresaron públicamente su preocupación por los asesinatos por motivos políticos durante el gobierno de la entonces presidenta Gloria Macapagal Arroyo, el número de asesinatos se redujo drásticamente. Sin embargo, bajo el mandato del presidente Aquino, lo que se ha reducido es la presión internacional, mientras continúan los asesinatos, señaló Human RightsWatch.

Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia y otros gobiernos deben presionar a las Filipinas para queinvestiguen exhaustivamente estos asesinatos, enjuicien a los responsables, exijan una rendición de cuentas rigurosa en las Fuerzas Armadas y definan claramente las consecuencias si no se adoptan estas medidas, afirmó Human RightsWatch.

Human RightsWatch apeló a Aquino para que cumpla su promesa de campaña de poner fin a las violaciones graves de los derechos humanos en las Filipinas ordenando a la Policía y la Oficina Nacional de Investigación (NBI) que persigan enérgicamente los presuntos crímenes cometidos por las Fuerzas Armadas o se expongan a medidas disciplinarias. Las Fuerzas Armadas deben emprender investigaciones internas transparentes y disciplinar a los oficiales y los soldados responsables de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, incluso bajolos principios de responsabilidad del mando.

"El presidente Aquino debe esforzarse para que el legado de su gobierno sea un Ejército profesional y responsable", señaló Pearson. "Estados Unidos, la Unión Europea y otros donantes deberían formular las preguntas difíciles al Gobierno de las Filipinas acerca de por qué los asesinatos y las desapariciones siguen sucediendo después de un año del gobierno de Aquino".
 

Testimonios de "‘No Justice Just Adds to the Pain': Killings, Disappearances, and Impunity in the Philippines":

"Vi gotas de sangre. Cuando di vuelta en la esquina vi los cuerpos de mi esposo y de mi hijo. Mi esposo estaba tirado en el suelo con heridas abiertas en el pecho y el cuello... Le habían arrancado las uñas... Tenía rasguños en los antebrazos como si le hubieran atado los brazos... Tenía moratones en el pecho como si le hubieran golpeado con la culata de un rifle. Mi hijo, Rudyric, estaba acurrucado a su lado y pude ver heridas de bala en su espalda con salida en la parte superior del pecho... En ese momento perdí la conciencia".
- Mercy Dejos, mujer que encontró a su esposo y su hijo asesinados el 27 de febrero de 2011, en la provincia de Davao del Sur. Dijo que los soldados habían amenazado a su esposo, un funcionario comunitario de derechos humanos, en varias ocasiones antes de asesinarlo.

"Alrededor de las dos de la madrugada [me desperté al oír a] alguien golpear la puerta [de la casa]....  Los hombres armados usaron las culatas de sus rifles para entrar en la casa. Los soldados vieron inmediatamente a Toto y lo golpearon con sus rifles. Lo golpearon sin parar; él estaba intentando huir al segundo piso de la casa, pero lo seguían deteniendo y no paraban de golpearle... Nos lo arrancaron de las manos y lo arrojaron al primer piso. Entonces los soldados bajaron. Un soldado le gritó a otro que lo sujetara; y entonces le dispararon [tres veces]. El comandante ordenó entonces a los soldados que se movieran y se fueron.  Estábamos muy asustados. No pudimos hacer nada, ni siquiera gritar o decir una palabra".
- Un testigo del asesinato de René "Toto" Quirante el 30 de septiembre de 2011 en la provincia de Negros Oriental.

"[La mayoría de mis compañeros agentes de policía] han creado un entorno amenazante para mí....  Una vez cuando llegué a la comisaría, un agente me gritó que yo era un enemigo del Estado... Hay influencia del grupo... Me limito a evitarles y... hacer mi trabajo. Un día en la comisaría, un compañero me dijo: ‘Te van a exigir cuentas porque te estás esforzando demasiado' [para investigar este caso]".
- Un agente de policía que investigaba el asesinato de un activista de izquierda, describiendo la manera en que sus colegas lo habían amenazado y hostigado porque estaba investigando activamente el crimen.

"[Ella] me dijo que habían venido cinco hombres a su casa.... Eran de las Fuerzas Armadas.  [Uno de ellos] la amenazó diciendo que si [testificaba], le pasaría algo a su familia.... Dijo: ‘No estoy exagerando y digo esto muy en serio'. Desde entonces, le han dicho que personas han estado visitando regularmente [su casa]. Desde entonces no está viviendo en su casa".
- Un funcionario del Gobierno local describiendo cómo los soldados amenazaron a una testigo de una violación de derechos humanos que tenía previsto testificar en contra de las Fuerzas Armadas.