(Ciudad de Kuwait) – Kuwait ha incumplido promesas hechas durante décadas de resolver las reclamaciones de ciudadanía de más de 106,000 residentes bidun apátridas, Human Rights Watch señaló en un informe emitido hoy.

El informe de 63 páginas, “Prisoners of the Past: Kuwaiti Bidun and the Burden of Statelessness” (“Prisioneros del pasado: Los bidún kuwaitíes y el peso de ser apátrida”), describe cómo en Kuwait, una de las naciones más ricas del mundo, los bidun viven fuera del ámbito de la sociedad normal, en situación vulnerable y sin protección. Muchos viven en la pobreza. Kuwait considera a los bidun “residentes ilegales”. El Gobierno les ha negado documentación esencial, incluidos los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, así como el acceso a escuelas públicas gratuitas y oportunidades para trabajar legalmente.

“Al igual que el resto del mundo árabe, los bidun están hartos y exigen reformas que el Gobierno debió haber realizado hace años”, indicó Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio de Human Rights Watch. “El Gobierno respondió a los manifestantes pacíficos con promesas de reforma, pero debe ir más allá y abordar sus reclamaciones de ciudadanía”.

En febrero y marzo de 2011, cientos de bidun se aunaron en protesta por la inactividad del Gobierno ante sus solicitudes para conseguir la ciudadanía. Como respuesta, el Gobierno ha prometido algunos beneficios nuevos, incluidos los certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, atención a la salud gratuita, y un mejor acceso a empleos. Si estos pasos se implementan resultarían positivos, afirmó Human Rights Watch. Pero la causa raíz de su estado – sus reclamaciones de ciudadanía – no cambiaría.

Umm Walid, una viuda bidun de 43 años, dijo que carece de papeles que establezcan su relación con su difunto esposo. “[Cuando] muere un bidun, no existe certificado de defunción, [así que] no existen pruebas de que yo haya tenido esposo”, indicó. “Carecemos de identidad”. Basim A. contó a Human Rights Watch: “[Mi hijo] nació sin certificado de nacimiento, [y murió] sin certificado de defunción”.

Los apátridas han existido en Kuwait desde su independencia en 1961. Tras el fin de un periodo de registro inicial, las autoridades trasladaron las solicitudes de ciudadanía de los bidun a una serie de comités que han evadido resolver las reclamaciones, manteniendo la autoridad única para determinar el acceso de los bidun a documentación civil y a servicios sociales. La ley kuwaití prohíbe a los tribunales dictaminar sentencias en casos de reclamación de ciudadanía.

Desde mediados los 80, el Gobierno ha afirmado que la gran mayoría de los bidun son “residentes ilegales” que han destruido deliberadamente las pruebas de su pertenencia a otras nacionalidades, al tiempo que se niega a realizar revisiones de las reclamaciones a nivel individual. Los bidun no registrados, a los cuales las autoridades les han denegado solicitudes para la ciudadanía, o se han negado a incluirlos en el registro, son aún más vulnerables que otros, ya que se enfrentan a restricciones de su libertad de movimiento y al miedo constante a ser deportados.

La legislación internacional prohíbe privar de nacionalidad de forma arbitraria, y requiere que los países consideren a solicitantes con “vínculos genuinos y vigentes” a un país al evaluar las reclamaciones de nacionalidad, incluidos los lazos sociales, culturales, y económicos establecidos con el paso del tiempo. El Gobierno kuwaití debería crear un mecanismo oportuno y transparente que revise las reclamaciones de nacionalidad de los bidun, incorporando estándares de derechos humanos internacionales, indicó Human Rights Watch. El proceso debe tener en cuenta lazos que por largo tiempo han establecido los bidun con Kuwait, y debe incluir la oportunidad de revisión judicial.

Siendo “residentes ilegales”, los bidun se enfrentan a obstáculos para obtener documentación civil, lo que les imposibilita recibir servicios sociales de manera consistente, o desenvolverse como miembros normales de la sociedad. El Sistema Central para Resolver el Estatus de los Residentes Ilegales, el “Comité Bidun” (el último órgano administrativo encargado de resolver las reclamaciones de los bidun) debe aprobar todos los asuntos oficiales relacionados con este grupo.

Human Rights Watch entrevistó a 70 personas para el informe, incluidas 18 que se identifican como bidun apátridas, así como a defensores locales de los derechos humanos y de la sociedad civil, abogados, y académicos. Human Rights Watch también se reunió con funcionarios del Sistema Central para la Resolución de los Asuntos de los Residentes Ilegales.

Los bidun entrevistados dijeron que el comité ha denegado sus solicitudes para obtener documentación oficial, aduciendo pruebas de que tenían “otras nacionalidades” – pruebas que no se les ha permitido ver o rebatir. Contaron que el organismo ha rechazado peticiones para certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, dejándoles sin forma de demostrar relaciones legales con familiares.

La legislación internacional de derechos humanos obliga a los gobiernos a dotar de cierta documentación civil a todos sus residentes, sean legales o ilegales, incluido el derecho de un niño a registrarse al nacer, y el derecho a casarse y fundar una familia. El Gobierno kuwaití debería garantizar el derecho de los bidun a recibir documentación civil, incluidos los certificados de nacimiento, matrimonio o defunción, y los papeles para viajar.

“Negar a los bidun documentos básicos de identificación en base a pruebas secretas de que tienen otra nacionalidad es arbitrario e injusto”, aseveró Whitson. “La política del Gobierno kuwaití de hacer invisibles a los bidun no hace desaparecer el problema de los bidun, pero sí hace sufrir y excluye a gente vulnerable”.

Los bidun también se enfrentan a violaciones de sus derechos sociales y económicos, incluidos sus derechos a educación, sanidad, y trabajo, afirmó Human Rights Watch. El Gobierno kuwaití entrega ciertas dádivas, y el 26 de mayo accedió a suministrar cartillas de racionamiento de comida a través de cooperativas dirigidas por el Gobierno. Pero el Gobierno no ha reconocido como obligatorios los derechos legales y los beneficios para los bidun, y continúa imponiéndoles políticas discriminatorias.

Aunque algunos bidun llevan carnés de seguridad que les permiten obtener servicios disponibles para ellos, los bidun no registrados ni siquiera tienen estos documentos y temen dejar sus hogares ante el riesgo de ser arrestados y deportados. El Gobierno excluye a los bidun no registrados de las dádivas que suministra, incluidas algunas de las nuevas reformas prometidas esta primavera. Los bidun no registrados se enfrentan a obstáculos considerablemente mayores para acceder a educación, sanidad y oportunidades de empleo.

A pesar de que Kuwait ha firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a los gobiernos a facilitar educación universal y educación primaria gratuitas, muchos niños bidun no pueden ir a las escuelas públicas gratuitas para niños kuwaitíes. En lugar de eso, con ciertas ayudas para costear la matrícula, van a escuelas privadas inferiores que son casi exclusivamente para los bidun. Los niños kuwaitíes reciben educación gratuita hasta acabar la universidad.

Umm Abdullah, una mujer bidun de 58 años, contó a Human Rights Watch que, entre sus cuatro nietos, dos nietas no fueron a la escuela, y aunque un nieto recibió ayuda para pagar la matrícula, el otro nieto no. Los bidun que fueron a la escuela se quejaron de la falta de oportunidades para la educación superior y para trabajar, aunque contaran con un buen desempeño escolar.

“Nuestra escuela era muy mala”, dijo Fátima A., una mujer bidun de 24 años. “Y [aunque] obtuve un 96 de promedio escolar, después no pude hacer nada”.

Al ser “residentes ilegales”, los bidun no pueden mantener la mayoría de los puestos de trabajo legalmente. El Gobierno ha reducido a un grupo muy pequeño los puestos para los que se pueden presentar. Algunos bidun contaron que habían recurrido a trabajos informales y poco fiables, como la venta callejera de vegetales, la reparación de vehículos, o la sastrería. Aquellos que han empezado sus propios negocios han tenido que depender de amigos con ciudadanía o de parientes para registrar licencias y propiedad a su nombre, ya que los bidun no pueden tener propiedades u obtener licencias para negocios.

“Mi padre sirvió en el Ejército kuwaití durante 27 años”, dijo Zahir, un bidun de 50 años, “[Pero ahora,] nadie de mi familia trabaja”.

Los bidun entrevistados tampoco tenían acceso a servicios de salud, o ninguno que pudieran costearse. Siendo pacientes indigentes, algunos no podían pagar los cuidados médicos que les habían sido recetados, mientras que otros carecían de los documentos que hospitales y clínicas dicen necesitar para darles tratamiento. El Gobierno kuwaití recientemente prometió a los bidun atención a la salud gratuita. Todos los ciudadanos kuwaitíes reciben sanidad gratuita en clínicas y hospitales gubernamentales.

El Relator Especial de la ONU para los derechos de los no ciudadanos ha insistido en que “todas las personas, por su humanidad esencial, deberían gozar de todos los derechos humanos”, incluidos los derechos a educación y sanidad con sólo “distinciones excepcionales”, mientras que la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, con la cual Kuwait es Estado parte, prohíbe la discriminación en base al origen nacional o la carencia de ciudadanía.

“Dada la gran cantidad de recursos disponibles, es vergonzoso que cualquier niño en Kuwait no vaya a la escuela, o que haya familias que deban vivir al día”, indicó Whitson. “Al confinar a los bidun a escuelas distintas, a empleos marginales o ilegales y a vidas separadas, el Gobierno está imponiendo la segregación, una forma de discriminación atroz”.

Antecedentes
Durante un movimiento a favor de la ciudadanía que condujo a la independencia de Kuwait, un número importante de personas que vivían en los alrededores de Kuwait, especialmente entre tribus beduinas nómadas, no completaron sus solicitudes siguiendo los procedimientos debidos. Algunos eran analfabetos y no pudieron presentar documentos que demostraran sus peticiones según la Ley de Nacionalidad kuwaití, mientras que otros sencillamente no entendieron la importancia que adquiría posteriormente la nacionalidad.

En las décadas de los 60 y los 70, Kuwait concedió a los bidun el mismo acceso a servicios sociales y públicos que tenían los ciudadanos, a excepción del derecho al voto. Pero durante la inestabilidad política de los 80, cuando el país sufrió una serie de ataques terroristas, la política hacia los bidun cambió dramáticamente y el Gobierno les privó de acceso a escuelas públicas, atención a la salud gratuita, y ciertos empleos gubernamentales. Los funcionarios gubernamentales empezaron a afirmar que la gran mayoría de los bidun eran ciudadanos de países vecinos que habían destruido sus documentos con la esperanza de reclamar para sí los beneficios para los ciudadanos kuwaitíes, y que eran “residentes ilegales”.

Tras la invasión iraquí de 1991, y la posterior liberación, los bidun se enfrentaron a mayores dificultades y cuestionamientos. En una época de grandes sospechas sobre la presencia de iraquíes infiltrados, los bidun dejaron de ser considerados parte de la sociedad kuwaití y muchos perdieron sus empleos en las fuerzas armadas y la policía.

En noviembre de 2010, funcionarios gubernamentales prometieron una nueva iniciativa para resolver la situación en un plazo de cinco años, y tras las protestas de los bidun en febrero y marzo, hicieron más promesas de conceder a todos los bidun registrados atención a la salud gratuita, educación gratuita para los niños y más oportunidades de empleo. Sin embargo, ninguna de estas promesas han pasado a ser derechos legales obligatorios.