Un fiscal lee declaraciones durante el juicio de cinco hombres de origen uzbeko acusados de matar a un hombre de origen kirguiso durante la violencia de junio de 2010 al suroeste de Kirguistán.

© 2010 Dean C.K. Cox

(Biskek)—Las investigaciones y los juicios posteriores a los episodios de violencia interétnica, que sacudieron el sur de Kirguistán en junio de 2010, han sido fundamentalmente defectuosos y socavan los esfuerzos de brindar justicia, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 86 páginas, “Distorted Justice: Kyryztan’s Flawed Investigations and Trials on the 2010 Violence” (“Justicia distorsionada: Las investigaciones y juicios defectuosos en Kirguistán después de la ola de violencia de 2010"), concluye que las investigaciones penales sobre los brotes de violencia que estallaron en 2010 se han visto menoscabadas por el uso generalizado de detenciones arbitrarias y malos tratos, incluida la tortura. Autoridades fiscales se han negado a investigar las denuncias de tortura, y los tribunales se han basado en gran medida en confesiones presuntamente obtenidas bajo coacción y tortura para sentenciar a los acusados a largas penas de prisión, después de audiencias en que las amenazas, otras muestras de intimidación y, en algunos casos, hasta ataques físicos contra los acusados y sus abogados no fueron cuestionados. Las investigaciones y los juicios profundamente defectuosos, que afectaron principalmente a la minoría étnica uzbeca, socavan los esfuerzos para promover la reconciliación y alimentan las tensiones que podrían conducir a la reanudación de la violencia, dijo Human Rights Watch.

"En muchos casos, todo el proceso, desde la detención hasta la sentencia, se ha visto afectado por violaciones atroces", dijo Ole Solvang, investigador de situaciones de emergencia de Human Rights Watch. "La gente debe rendir cuentas por crímenes cometidos durante la ola de violencia de junio, pero las autoridades deben hacerlo respetando la ley".

El informe ha sido redactado a partir de más de 40 entrevistas con abogados, acusados, víctimas y representantes de las autoridades.

Human Rights Watch instó a las autoridades de Kirguistán a:

  • Promulgar inmediatamente una política de cero tolerancia a las violaciones durante las detenciones;
  • Modificar la legislación de Kirguistán para asegurarse de que incorpore plenamente sus obligaciones de acuerdo a la legislación internacional, con el fin de prevenir y sancionar todos los casos de tortura;
  • Investigar de forma inmediata y objetiva todas las denuncias de torturas, malos tratos, y otras violaciones de los derechos de los detenidos;
  • Iniciar un proceso formal de revisión de todos los casos relacionados con la violencia en el sur;
  • Llevar a cabo nuevas investigaciones y juicios en todos los casos en los que se han producido graves violaciones, y
  • Facilitar una visita a Kirguistán del relator especial de la ONU sobre la tortura.

Durante cuatro días en junio de 2010, grupos étnicos uzbecos y kirguisos se enfrentaron en el sur de Kirguistán, en las provincias de Osh y Jalal-Abad, matando a más de 400 personas y destruyendo cerca de 2,000 viviendas. Durante esos episodios, se cometieron horrendos crímenes contra los miembros de ambas etnias.

El informe de Human Rights Watch pone en evidencia que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en el sur recurrieron a la tortura de forma generalizada en sus investigaciones sobre la violencia. Human Rights Watch ha recibido información fidedigna de que hubo tortura y malos tratos en 65 casos. En muchos de éstos, hay amplias evidencias que corroboran el testimonio de las víctimas, incluyendo fotos de sus lesiones, documentos médicos y declaraciones de abogados, familiares y otros detenidos que vieron a las víctimas mientras se encontraban todavía detenidos. Hay pruebas sólidas de que al menos una persona murió debido a las torturas a las que fue sometida durante la detención.

A pesar de la abundancia de declaraciones bien fundadas, las autoridades de Kirguistán abrieron sólo una investigación penal sobre el presunto empleo de tortura y malos tratos, pero luego fue suspendida. La Fiscalía no investigó los casos de tortura, ni siquiera cuando un juez absolvió a un acusado por considerar que su confesión fue obtenida con métodos de tortura.

Los jueces tampoco evaluaron las denuncias de tortura de manera crítica y, en la mayoría de los casos, sumariamente las ignoraron o desestimaron. Los magistrados también concedieron un peso excesivo a las "confesiones" a pesar de su dudosa fiabilidad – a veces las sentencias a largas penas de prisión se basaban en poco más que eso. Asimismo, al menos en algunos casos parecían hacer caso omiso a los testimonios y pruebas favorables a la defensa.

“La total impunidad de la tortura no solo pervierte la justicia, también da a entender a las fuerzas policiales y de seguridad que la tortura seguirá siendo una práctica aceptada", denunció Solvang.

Human Rights Watch también documentó numerosos casos en que personas de la audiencia, que habían asistido al tribunal para observar los juicios, amenazaron, hostigaron, intimidaron e incluso atacaron físicamente a los acusados, sus familiares y abogados y otros miembros del público, antes, durante y después de las sesiones de la corte. Estos ataques rara vez fueron impugnados por los jueces y otras autoridades en los tribunales. El entorno extremadamente hostil y violento en el que se celebraron estos juicios socavaron los derechos de los acusados a un juicio justo, dijo Human Rights Watch.

Las personas de origen uzbeco constituyeron la gran mayoría de las víctimas del brote de violencia en junio, sufriendo el mayor número de muertes y casas destruidas. Pero la mayoría de los detenidos y acusados (casi el 85 por ciento) también eran de origen uzbeco. De 124 personas detenidas por cargos de asesinato, 115 eran de uzbecos. Teniendo en cuenta las declaraciones de las víctimas que describieron el uso de insultos étnicos por parte de las autoridades y su fijación con el origen étnico de los detenidos, estas estadísticas plantean serias dudas sobre los prejuicios étnicos que dominaron la investigación y el enjuiciamiento de crímenes durante la violencia de junio, afirmó Human Rights Watch.

Un nuevo fiscal general, nombrado en abril de 2011, emitió la orden de responder con prontitud a todas las acusaciones de tortura y violaciones de esta naturaleza, y de abrir investigaciones para llevar a todos los responsables ante la justicia. Human Rights Watch dijo que si bien la orden es encomiable, aún no ha terminado con la impunidad a la tortura por la violencia de 2010.

"Es difícil evitar la impresión de que las autoridades se han preocupado más por satisfacer a la mayoría de etnia kirguisa que de proveer justicia y garantizar la rendición de cuentas", dijo Solvang. "Esa no es forma para asegurar la reconciliación y un futuro de paz. El Gobierno tiene que solucionar de inmediato estos problemas. "