Ashia Suleiman Abbackar, una mujer desplazada con sus dos hijos: Fatna y Shadia, de 2 y 7 años respectivamente, en su tienda en un asentamiento de personas desplazadas en Tawilla, al norte de Darfur, después de huir de la violencia de su pueblo en septiembre.

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(Johannesburgo) – En los últimos seis meses, los abusos graves han aumentando en Darfur mientras la atención mundial se ha centrado en la inminente independencia de Sudán Meridional, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que será informado sobre Darfur el 8 de junio de 2011, y la Unión Africana deben hacer mucho más para garantizar que los responsables de los continuos crímenes de guerra en Darfur rindan cuentas, así como para presionar al Gobierno sudanés para que ponga fin a los ataques contra civiles en Darfur, cese la detención arbitraria de activistas de derechos humanos y reforme el aparato de seguridad del Estado, señaló Human Rights Watch.

El informe de 28 páginas, “Darfur in the Shadows: The Sudanese Government’s Ongoing Attacks on Civilians and Human Rights”, (“Darfur en la sombra: Los ataques constantes del Gobierno sudanés contra la población civil y los derechos humanos”), documenta la intensificación del conflicto de ocho años durante los últimos seis meses. Desde diciembre de 2010, un incremento de los ataques dirigidos por el Gobierno contra zonas pobladas y una campaña de bombardeos aéreos han matado y herido a veintenas de civiles, destruido propiedades y desplazado a más de 70,000 personas, sobre todo de las comunidades de origen étnico zaghawa y fur, que se relacionan con los grupos rebeldes, señaló Human Rights Watch.

“En cierto momento, Darfur encabezaba los titulares noticiosos, pero ahora está en riesgo de pasar al olvido”, señaló Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “A sólo un mes para que Sudán se divida en dos países, la presión internacional para poner fin a los abusos constantes del Gobierno y la impunidad por los crímenes de guerra es más urgente que nunca”, agregó.

El informe del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) del 8 de junio ante el Consejo de Seguridad de la ONU acerca de los crímenes internacionales cometidos en Darfur constituirá una oportunidad importante para que los gobiernos insistan en la cooperación de Sudán con la CPI y aumenten su presión sobre Jartum, dijo Human Rights Watch. Ninguno de los acusados de crímenes cometidos en Darfur por la CPI que se encuentran en Sudán, entre ellos el presidente Omar al-Bashir, ha sido llevado ante la justicia.

El informe de Human Rights Watch se basa en la investigación llevada a cabo entre enero y mayo de 2011 en el norte y el sur de Darfur, así como en Jartum. Los investigadores de Human Rights Watch entrevistaron a más de 50 darfuríes testigos y víctimas de ataques y violaciones de los derechos humanos, funcionarios del Gobierno, abogados y miembros de la sociedad civil en ciudades, pueblos y campamentos de personas desplazadas.

La reanudación de los combates en Darfur comenzó el 10 de diciembre con ataques del Gobierno contra Khor Abeche, al sur de Darfur y Shangil Tobayi, al norte de Darfur, tras el deterioro de las relaciones entre el Gobierno y Minni Minawi, el único líder rebelde importante del Ejército de Liberación de Sudán (ELS) que había firmado los Acuerdos de Paz de Darfur de 2006.

Las fuerzas gubernamentales continúan violando las leyes de la guerra en sus operaciones militares contra las fuerzas rebeldes con absoluta impunidad. Se han producido enfrentamientos y ataques contra civiles en el norte y el sur de Darfur, así como en regiones orientales como Jebel Mara, donde los combates desde principios de 2010 ya habían hecho que decenas de miles de civiles se desplazaran adentrándose en las montañas. Tan solo hasta mediados de mayo, se había informado de que los ataques aéreos del Gobierno en el norte y sur de Darfur habían cobrado las vidas de más de 20 civiles.

“Las claras prácticas sistemáticas de abusos, basadas con frecuencia en el origen étnico, han acompañado a la intensificación de los combates”, señaló Bekele. “El hecho de que por largo tiempo el Gobierno no haya exigido cuentas a los responsables parece estar fomentando la continuación de los abusos”, agregó.

En solo un caso documentado por Human Rights Watch, durante un ataque del Gobierno en Shangil Tobayi, el 21 de diciembre, alrededor de una veintena de soldados rodearon y saquearon la casa de un jeque o líder local. Exigieron saber a qué tribu pertenecía y amenazaron con “matar a todos [los zaghawa] y violar a todas su mujeres”. Los soldados robaron el equipo agrícola del jeque y secuestraron a su primo de 22 años, al que acusaron de formar parte del grupo rebelde ELS.

Según observó Human Rights Watch, las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Gobierno contra activistas de la sociedad civil también se han intensificado. El 6 de mayo, funcionarios de seguridad nacional arrestaron a Hawa Abdallah, una activista comunitaria del campamento de personas desplazadas de Abu Shouk, en El Fasher, y empleada de la misión de pacificación de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID). El 8 de mayo, el servicio estatal de noticias publicó un artículo acusándola de “cristianizar” a los niños en los campamentos de personas desplazadas y de tener relación con un grupo rebelde, un crimen sancionable con la pena de muerte conforme a las leyes sudanesas. En la foto que acompañaba al artículo, aparece Abdallah sujetando una biblia con muestras visibles de cansancio y aparentes moratones en la cara.

Otras docenas de activistas y personas desplazadas darfuríes están detenidas en Darfur y en Jartum, muchos de ellas sin cargos y durante períodos que superan el máximo permitido por la legislación de Sudán, señaló Human Rights Watch. Desde el 24 de abril, el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad ha detenido sin cargos a otro empleado sudanés de la misión de pacificación, quien es un conocido activista. Dos hombres del campamento de Abu Shouk, que fueron arrestados poco después de la visita del Consejo de Seguridad de la ONU en octubre, también están detenidos en El Fasher. Cuatro líderes de un grupo de personas desplazadas llevan casi dos años recluidos por la aplicación de leyes de emergencia.

Human Rights Watch documentó casos en los que las fuerzas de seguridad gubernamentales asaltaron a los residentes de campamentos de personas desplazadas, reprimieron manifestaciones pacíficas de estudiantes y cometieron actos de violencia sexual. Sin embargo, todavía no se conoce el alcance total del sufrimiento humano y de los abusos contra los derechos humanos, ya que el Gobierno continúa restringiendo el acceso de las fuerzas de pacificación y las organizaciones de ayuda humanitaria a la mayor parte de Darfur.

Al parecer, Sudán también ha emprendido un polémico “proceso político interno” dentro de Darfur para que miembros de la sociedad darfurí participen en diálogos sobre soluciones para el conflicto. Según Human Rights Watch, no está claro el impacto de estos diálogos sobre las conversaciones de paz con los grupos rebeldes de Darfur y sobre los nuevos mecanismos constitucionales de Sudán Septentrional, tras su separación de Sudán Meridional. El Gobierno también ha anunciado la creación de dos nuevos estados en las regiones occidental y oriental de Darfur, y tiene previsto celebrar un referendo sobre la situación administrativa de Darfur en julio, que, según los rebeldes y los observadores, complica las conversaciones de paz.

Sudán Meridional se separará formalmente del Gobierno de Jartum el 9 de julio, en cumplimiento del resultado de un referendo del pasado mes de enero sobre la independencia del sur, convocado conforme a las condiciones del Acuerdo General de Paz de 2005, que puso fin a la guerra de 22 años en Sudán.

Tanto la Unión Africana como la ONU han anunciado su respaldo a un nuevo proceso político interno en Darfur, a condición de que Sudán cree un “entorno propicio” que garantice los derechos y las libertades de los participantes. Todavía no se ha establecido claramente una lista de los indicadores del cambio en la situación de Darfur ni cómo se medirán.

“La Unión Africana y las Naciones Unidas, que desempeñan un papel fundamental en Darfur, tienen que garantizar que su misión conjunta de pacificación pueda seguir adecuadamente la situación de los derechos humanos”, señaló Bekele. “Cualquier apoyo que presten a Sudán tiene que promover y proteger los derechos humanos, no debilitarlos”, agregó.

En marzo, el Gobierno de Sudán declaró que iba a poner fin al estado de emergencia, que le autoriza a detener a personas sin control judicial, lo que supone una concesión aparente a los llamamientos de reforma con vistas a cualquier proceso político en Darfur. No obstante, todavía no ha ejecutado este anuncio.

Las organizaciones de derechos humanos llevan mucho tiempo instando a Sudán a que reforme el Servicio Nacional de Inteligencia y Seguridad, que tiene autoridad para detener a personas durante largos períodos sin control judicial y un historial ampliamente conocido de maltrato y tortura de detenidos.

El Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación en Darfur a la CPI en 2005. Desde entonces, la Corte ha dictado órdenes de arresto por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra tres sospechosos de crímenes cometidos en Darfur. Además del presidente al-Bashir, los acusados son Ahmed Haroun, gobernador del estado de Kordofan Meridional, y Ali Kosheib, un líder de las milicias janjawid. En 2010, debido a la obstrucción de la labor de la Corte y la falta de arresto de sospechosos por parte de Sudán, la CPI emitió un dictamen formal de falta de cooperación del Gobierno sudanés en los casos de Haroun y Kosheib.

Sudán tampoco ha implementado ninguna de las recomendaciones clave en materia de justicia formuladas en el informe del Grupo de la Unión Africana sobre Darfur, emitido en octubre de 2009, que subrayó la importancia de que se enjuiciaran los crímenes más graves cometidos en Darfur.

“El Consejo de Seguridad de la ONU remitió la situación en Darfur a la CPI”, dijo Bekele. “Ahora tiene que defender firmemente su promesa a las miles de víctimas y presionar a Sudán para que colabore con la Corte”, agregó.