Uruguayos llevan carteles con fotos de las víctimas de la última dictadura militar en Montevideo.

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(Washington, DC) - La decisión del Parlamento uruguayo de no derogar la ley de amnistía representa un fuerte revés para quienes reclaman justicia por las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, señaló hoy Human Rights Watch.

El 20 de mayo de 2011, la Cámara de Representantes rechazó un proyecto para derogar la ley de amnistía de 1986 -la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado-, que protege a policías y militares de la posibilidad de ser juzgados por delitos cometidos durante la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985. Durante la dictadura, policías y militares cometieron abusos aberrantes, incluidas desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas. En dos plebiscitos realizados en 1989 y 2009, más del 50 por ciento de los votantes uruguayos se pronunció en contra de que se derogue la ley de amnistía.

"A pesar de la ley de amnistía, hubo avances en algunos juicios por los abusos de la dictadura", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Es crucial que el poder judicial continúe impulsando estos casos, ya que hay cientos de familias en Uruguay que aún esperan obtener justicia".

Algunos casos judiciales puntuales han avanzado. El 19 de octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay determinó la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Sin embargo, la decisión de la Corte solamente resulta aplicable al caso en cuestión, sobre la muerte de una joven ocurrida dentro de instalaciones militares en 1974.

De manera similar, dado que la ley de amnistía otorga al poder ejecutivo la facultad de determinar a qué casos debe ser aplicada, la justicia pudo investigar y juzgar a funcionarios que fueron excluidos del alcance de la norma por el ex Presidente Tabaré Vázquez. Por ejemplo, el 22 de octubre de 2009, un tribunal condenó al ex dictador Gregorio "Goyo" Álvarez a 25 años de prisión por la muerte de 37 personas que desaparecieron durante la dictadura, y a un ex marino a 20 años de prisión por el asesinato de 29 personas en circunstancias similares.

En febrero de 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la ley de amnistía uruguaya era incompatible con la obligación jurídica internacional de los gobiernos de brindar recursos efectivos a las víctimas de violaciones de derechos humanos. La Corte sostuvo que "dada su manifiesta incompatibilidad con la Convención Americana [de Derechos Humanos, la ley]... carec[e] de efectos jurídicos y, en consecuencia, no pued[e] seguir representando un obstáculo para la investigación de... casos de graves violaciones de derechos humanos... que puedan haber ocurrido en el Uruguay".