Soldados birmanos cargan sus armas durante el desfile del Día de las Fuerzas Armadas en Naypyidaw, la capital de Birmania, el 27 de marzo de 2010.

© 2010 Reuters

(Nueva York) – Las autoridades militares de Birmania deben adoptar medidas para poner fin a los abusos y garantizar que los responsables rindan cuentas, Human Rights Watch señaló hoy en una carta al juez abogado general de las fuerzas armadas birmanas, el mayor general Yar Pyae.

En la carta enviada el 27 de marzo de 2011, el día 66vo de las Fuerzas Armadas Birmanas, Human Rights Watch instó al juez abogado general a ordenar públicamente que todos los miembros de las fuerzas armadas cumplan con las normas internacionales de derechos humanos y derecho humanitario. El Ejército birmano sigue cometiendo abusos graves y generalizados en sus operaciones contra grupos étnicos armados, dijo Human Rights Watch. Estos incluyen ejecuciones extrajudiciales, torturas, violaciones, trabajos forzosos, destrucción, así como robo de alimentos y bienes.

"El Ejército birmano, a diferencia del Gobierno, ni siquiera pretende ser una entidad ‘nueva y mejorada’, y su triste historial lo demuestra" dijo James Ross, director jurídico y de políticas de Human Rights Watch. "Las autoridades del Ejército necesitan enviar el mensaje de que los abusos deben terminar y hacer cumplir este mensaje mediante la persecución de los responsables".

Human Rights Watch dijo que el Ejército birmano debe tomar todas las medidas
necesarias para minimizar el daño a los civiles durante las hostilidades, y garantizar que
toda persona que cometa abusos sea plenamente investigada y enjuiciada, y castigada según corresponda. También se debe fomentar una mayor supervisión civil en la persecución de los delitos cometidos por soldados contra la población civil, así como garantizar que los miembros de grupos armados no estatales procesados por crímenes sean juzgados en tribunales civiles, no en tribunales militares.

A Human Rights Watch le preocupa profundamente el hecho de que las fuerzas armadas birmanas, o Tatmadaw, no investiguen ni enjuicien seriamente a los miembros militares por su participación en violaciones de las leyes de la guerra, las cuales aplican para Birmania.

Desde noviembre de 2010, las operaciones Tatmadaw han aumentado en el centro del estado de Karen, al este de Birmania, lo que ha resultando en decenas de miles de civiles desplazados en ambos lados de la frontera de Birmania con Tailandia. Los civiles han sido obligados a cargar al personal herido del Ejército a través de áreas que contienen minas terrestres antipersonales y artefactos explosivos improvisados (IEDs). Se ha obligado a un gran número de reclusos de varias prisiones en Birmania a fungir como porteros para el Ejército durante las operaciones militares, lo que incluye caminar al frente de las tropas para activar las minas terrestres, en una práctica conocida como "desminando mediante atrocidades".

Human Rights Watch instó al juez abogado general a apoyar los llamamientos para una
comisión de investigación de las Naciones Unidas sobre violaciones a la legislación internacional de derechos humanos y de derecho humanitario. Las demandas por una comisión de investigación han aumentado desde marzo de 2010, cuando el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Tomás Ojea Quintana, la recomendó en su informe al Consejo de Derechos Humanos.

La carta al juez abogado general incluye una versión actualizada de preguntas y respuestas sobre una comisión de investigación, tanto en birmano como en inglés. Hasta la fecha, 16 países han apoyado públicamente la propuesta, entre ellos Australia, Bélgica, Canadá, República Checa, Dinamarca, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Eslovaquia, el Reino Unido, y Estados Unidos.

"Una comisión de investigación de las Naciones Unidas en Birmania ayudaría a reducir los abusos por todas las partes beligerantes del país", dijo Ross. "También abriría en el país la puerta para un debate serio sobre justicia y rendición de cuentas".

Las elecciones de noviembre de 2010 resultaron en una gran mayoría de los escaños parlamentarios para el partido apoyado por el Ejército, el Partido Unión Solidaridad y Desarrollo (USDP), en un proceso marcado por intimidaciones en el período previo a las
votaciones, irregularidades generalizadas y leyes que marginaban a la mayor parte de la
oposición. Desde que las dos asambleas nacionales y las 14 regionales y estatales
se reunieron en enero de 2011, casi todos los puestos clave en el Parlamento y
el Ejecutivo han sido asignados a oficiales militares de alto nivel recién retirados. Con una cuarta parte de todos los asientos en las legislaturas nacionales y regionales reservados para militares activos y la inmensa mayoría de candidatos del USDP, el Ejército cuenta con más de tres cuartas partes de todos los asientos necesarios para promulgar leyes, lo que marginaliza a la pequeña cantidad de miembros de la oposición real o miembros independientes del Parlamento.

"Las elecciones de noviembre de 2010 no cambiaron la naturaleza del autoritario
régimen militar en Birmania o la participación del Ejército en las violaciones cometidas durante los conflictos”, afirmó Ross. "El Ejército birmano tiene que revertir este curso mediante la adopción de medidas que pondrían fin a los abusos cotidianos contra la población civil".