(Kampala) - La Unidad de Respuesta Rápida de la Policía de Uganda con frecuencia opera al margen de la ley, llevando a cabo torturas, extorsiones y, en algunos casos, asesinatos extrajudiciales, señaló Human Rights Watch en un informe emitido hoy. Las autoridades ugandesas deben iniciar con urgencia una investigación independiente sobre la conducta y actividades de la unidad, y exigir que cualquiera que sea responsable de violaciones de los derechos humanos rinda cuentas, afirmó Human Rights Watch.

El informe de 59 páginas, "Violence Instead of Vigilance: Torture and Illegal Detention by Uganda's Rapid Response Unit,"  ("Violencia en lugar de vigilancia: Tortura y detenciones ilegales por la Unidad de Respuesta Rápida de Uganda"), documenta los métodos investigativos ilegales de la unidad y sus graves violaciones de los derechos de las personas arrestadas y retenidas. La unidad arrastra un historial de operaciones violentas e ilegales desde que fue formada por el presidente Yoweri Museveni en 2002 bajo el nombre de Operación Wembley, y puesta bajo la dirección de un miembro en activo del ejército ugandés. Posteriormente, la unidad pasó a ser la Unidad de Lucha Contra Delitos Violentos, siendo formalmente puesta bajo mando policial. En 2007 se le dio el nuevo nombre de Unidad de Respuesta Rápida.

"Que cambie el nombre, el liderazgo y el mando de la unidad no les importa nada a las personas torturadas, retenidas o, en algunos casos, asesinadas por esta unidad", afirmó Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. "Las autoridades y los donantes que financian a la policía tienen que tomar medidas serias para que los agentes abusivos de esta unidad rindan cuentas".

La investigación de Human Rights Watch abarca un periodo desde noviembre de 2009 a enero de 2011, e incluye más de 100 entrevistas con personas arrestadas y retenidas por la unidad, generalmente conocida como RRU, así como con familiares de antiguos detenidos, empleados y ex empleados de la unidad, otros oficiales de la policía, oficiales de servicios de inteligencia, abogados, periodistas, y miembros de la sociedad civil.

Al margen de la ley
La misión de la unidad consiste en investigar "crímenes violentos", pero sus agentes y personal afiliado han realizado arrestos por una amplia gama de supuestos crímenes, desde delitos menores a terroristas. El personal de la unidad opera típicamente en coches sin distintivo, viste ropa civil sin insignias de identificación, y lleva una variedad de armas de fuego, desde pistolas a rifles de asalto más grandes. Los miembros de la unidad en algunas ocasiones han transportado a sospechosos en la cajuela de sus coches sin distintivo.

Human Rights Watch también descubrió que la unidad emplea la tortura de manera rutinaria para forzar confesiones. De 77 entrevistados arrestados por la RRU, sesenta dijeron a Human Rights Watch que recibieron una severa paliza en algún momento durante su detención e interrogatorio. En 2010 al menos dos personas murieron por lesiones producidas por palizas durante los interrogatorios, y cuatro personas murieron a causa de disparos en el transcurso de un arresto. Varios antiguos detenidos contaron a Human Rights Watch que vieron a otros detenidos morir a causa de palizas durante los interrogatorios, pero que ignoraban los nombres de los individuos.

Veintenas de víctimas por toda Uganda describieron tratos casi idénticos durante sus interrogatorios a manos de agentes de la unidad. Los detenidos fueron golpeados con bastones en las articulaciones durante varios días mientras se encontraban esposados en posiciones de tensión con las manos bajo las piernas. Human Rights Watch también descubrió que el personal de la RRU golpeó con regularidad a detenidos con bastones, palos, botellas de vidrio, bates, tuberías de metal, candados, patas de mesa, y otros objetos. En raras ocasiones, los agentes de la unidad introdujeron alfileres bajo las uñas de los detenidos o emplearon torturas con descargas eléctricas. Las autoridades ugandesas de todos los niveles tienen el deber tanto de poner fin a estas prácticas como de procesar a los responsables, indicó Human Rights Watch.

Un antiguo detenido por la unidad habló con Human Rights Watch sobre su arresto e interrogación por la presunta posesión de una pistola:

Me esposaron y golpearon con una botella de Coca-Cola [de vidrio]. También golpearon a mi amigo. Lo golpearon mucho en las orejas. Mientras hablaban me abofeteaban, diciendo: "Dinos dónde está la pistola", mientras me pegaban en los tobillos, la cara, las orejas y los codos. Fuimos a la oficina de la RRU. Me quitaron el dinero - unos 70,000 chelines [unos 30 USD]. Nos llevaron de vuelta a casa - registraron la casa y empezaron a torturarme de nuevo".

El robo de dinero durante las investigaciones es una queja común entre los antiguos detenidos. A algunos también les dijeron que serían puestos en libertad si sus parientes les traían dinero en efectivo a los agentes. En varias ocasiones,  víctimas de robos contaron a Human Rights Watch que agentes de la RRU les dijeron que se había recuperado dinero durante las investigaciones, pero después los agentes se quedaban parte o todo el dinero.

Confesiones forzadas y procesos ilegales
Varios antiguos detenidos contaron a Human Rights Watch que el personal de la RRU les obligó a firmar declaraciones bajo coacción, al tiempo que los detenidos recibían palizas o eran amenazados con más violencia. Ninguno de los entrevistados por Human Rights Watch fueron llevados ante un tribunal dentro de las 48 horas que manda la Constitución. En la mayoría de los casos, se les negó acceso a parientes o a abogados, en contra de la ley.

Los arrestados por la RRU con frecuencia son retenidos en la sede de la unidad en Kireka, Kampala. Después suelen ser entregados a las autoridades militares para ser juzgados por tribunales militares. En 2009 el tribunal constitucional del país dictaminó que los tribunales militares no tienen jurisdicción sobre los civiles. Asimismo, la Comisión Africana ha prohibido los juicios de civiles en tribunales militares. Sin embargo, las autoridades ugandesas hacen caso omiso de tales dictámenes y continúan los procesos ilegales.

No existe conocimiento sobre si los jueces de tribunales militares, a pesar de oír testimonios detallando torturas, hayan tomado pasos en respuesta a los abusos. Human Rights Watch observó juicios en los cuales confesiones obtenidas mediante tortura fueron admitidas como pruebas por el tribunal militar sin que la fuente y los métodos empleados para obtener las pruebas fueran examinados debidamente.

Asesinatos extrajudiciales
Se desconoce el número preciso de personas que pueden haber muerto bajo custodia de la RRU, o como resultado de los abusos de la unidad. Sin embargo, la investigación de Human Rights Watch documentó al menos seis asesinatos extrajudiciales en 2010. Agentes de la RRU dispararon y mataron a cuatro personas en Kyengera en enero. En mayo, Henry Bakasamba murió mientras agentes le interrogaban acerca del robo de una casa de cambio. En agosto, agentes de la RRU golpearon gravemente a Frank Ssekanjako, un hombre de 22 años de edad sospechoso de robo, y quien murió poco después. Un paso positivo ha sido el arresto de tres agentes contra los cuales se presentaron cargos por el asesinato de Ssekanjako, pero no se han presentado cargos por la fuerte paliza que sufrió otro hombre acusado con Ssekanjako.

El caso de estos tres agentes supone una oportunidad importante para que las autoridades demuestren seriamente su propósito de tomar medidas contra la cultura de abusos de la RRU. No obstante, a Human Rights Watch le sigue preocupando la calidad de la investigación policial en torno a la muerte de Ssekanjako, y las acciones de los policías investigadores ponen seriamente en duda el compromiso de las autoridades de procesar este caso con las mejores pruebas posibles. Por ejemplo, los investigadores no han tomado declaraciones a testigos clave para determinar la causa precisa de la muerte de Ssekanjako, o para documentar la amplia gama de violencia a la que fueron sometidos él y el otro acusado a manos de los agentes de la unidad.

Involucrados en investigaciones de terrorismo
La unidad ha mantenido un alto perfil desde las explosiones de bombas en Kampala en julio de 2010, en las cuales murieron 79 personas. Varios sospechosos fueron traídos a la unidad, interrogados, y retenidos en régimen de incomunicación, más allá de los periodos límites de tiempo especificados en los estatutos. En algunos casos, individuos acusados en relación a las bombas fueron trasladados desde la cárcel de nuevo a la sede de la unidad en Kireka para ser más interrogatorios. Existen pruebas de que, en algunos casos, miembros de la Oficina Federal de Investigaciones de EE UU interrogaron a sospechosos en la unidad de Kireka, al parecer para encontrar a individuos dispuestos a servir de soplones en las operaciones antiterroristas que se efectúan en la región.

Los investigadores internacionales empleados en operaciones de cumplimiento de la ley, o en apoyo de los esfuerzos de Uganda para llevar ante la justicia a los responsables de las bombas de Kampala,  no deben trabajar junto con unidades abusivas, afirmó Human Rights Watch.

Nuevo liderazgo
En noviembre de 2010, el inspector general de la policía nombró a un nuevo comandante de la RRU. Desde entonces, éste ha informado a Human Rights Watch sobre el establecimiento de numerosos cambios, incluida la creación de un despacho de reclamaciones y una línea gratuita para que el público se comunique con la unidad. Afirmó que mantiene una postura abierta hacia las críticas y que espera colaborar estrechamente con la sociedad civil para responder a las reclamaciones.

"Es significativo que la nueva dirección haya declarado un compromiso de mejorar la RRU. Las acciones, sin embargo, son más elocuentes que las palabras", afirmó Bekele. "La gente que ha sido torturada, y que se encuentra encarcelada y acusada, no podrá llamar a ningún número de teléfono ni informar a ningún despacho de reclamaciones. Los abogados tienen que estar presentes durante los interrogatorios, se debe actuar contra los infractores y torturadores conocidos, y la cultura de impunidad debe ser extirpada".

Las obligaciones legales del Gobierno
Según la legislación internacional, Uganda es responsable de investigar los supuestos abusos de sus fuerzas policiales y de seguridad, y de obligar a aquellos que sean responsables a rendir cuentas. Las autoridades deben asumir un papel activo en la reducción de estos abusos, y garantizar que las alegaciones de torturas y detenciones ilegales sean debidamente investigadas y llevadas a juicio. Dentro del sistema de administración penal de Uganda, tanto los jueces como los fiscales deben cuestionar la legalidad de los métodos investigativos de la RRU, y excluir de entre las pruebas cualquier confesión obtenida mediante la tortura o a cualquier otra vía de coacción. El Parlamento ugandés, asimismo, tiene la responsabilidad de actuar con urgencia, por ejemplo, promulgando leyes largamente esperadas para criminalizar la tortura en Uganda.

"Ninguna fuerza policial podrá gozar del respeto y la confianza de la gente a la que debe su existencia y tiene la obligación de proteger mientras no acate la ley, torture e ignore el debido proceso ", afirmó Bekele. "Los funcionarios de todos los niveles  del Gobierno de Uganda que toleren o fomenten la conducta de la RRU deben atenerse a las consecuencias".

Relatos escogidos:
"Las palizas empezaron a las 9 de la mañana y continuaron hasta las 3 de la tarde. Ese hombre de la RRU sacó un bastón y me pegó en las rodillas. Me pidió que le dijera dónde estaba mi jefe, diciendo que robábamos juntos. Me golpeó en la articulaciones durante horas. Yo estaba sentado y esposado. Cuando no quedó satisfecho con mis respuestas, cogió un martillo y me pegó con él en la espalda. Me pegó en la columna, desde abajo hasta los hombros. Dije que el otro hombre era un ladrón porque yo tenía tanto dolor. Me dijo: ‘Si no dices la verdad, te mato....Si no admites que conoces a este hombre, te matamos'."

- Ex detenido de la RRU, acusado de asesinato, robo con agravante, y posesión ilegal de un arma de fuego

"Presté declaración y [mi interrogador] me puso en un coche y fui llevado a Kireka. Él escribió la declaración, y me dijo: ‘Firma aquí'. Tenía un bastón. Tardé en coger el bolígrafo, y me pegó con el bastón. Yo no escribí la declaración, pero la firmé. No sé lo que contiene la declaración porque nunca la leí, y él nunca me la leyó".

- Ex detenido de la RRU, acusado de asesinato, robo con agravante, y posesión ilegal de un arma de fuego

"No recuerdo el número de veces que me perforaron las uñas. Mis uñas quedaron destrozadas. Estaban negras, hinchadas, y me dolían. Introdujeron las agujas bajo la uña, en las manos y en los pies. Perforaron cada uña".

- Ex detenida de la RRU acusada de falsificación. Declaró haber visto a ocho mujeres siendo torturadas durante su detención.