Una pareja infectada con el VIH en Greenwood, Misisipi. En Misisipi, los afroamericanos representan el 37 por ciento de la población y el 76 por ciento de los nuevos casos con VIH.

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(Jackson) - Miles de residentes de Misisipi se encuentran en riesgo de contraer el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), y a muchas personas infectadas se les deniegan cuidados y tratamientos esenciales por culpa de leyes estatales y políticas contraproducentes, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy. Misisipi se ha resistido a implementar métodos eficaces para la prevención y el tratamiento del VIH, y en su lugar respalda políticas que fomentan el estigma y la discriminación, alimentando una de las tasas de sida más altas del país, afirmó Human Rights Watch.

El informe de 59 páginas, titulado "Rights at Risk: State Response to HIV in Mississippi" ("Los derechos en juego: La respuesta estatal de Misisipi al VIH"), documenta el impacto negativo de las políticas de Misisipi en los residentes del estado, incluyendo en los portadores del virus y en aquellas personas con alto riesgo de infectarse. Misisipi se niega a ofrecer información completa y precisa sobre la prevención del VIH a los estudiantes y amenaza con sanciones penales a aquellos que no revelen su condición de portadores del VIH a sus parejas sexuales. Asimismo, Misisipi no ofrece ninguna financiación, o si existe es muy poca, para los programas de prevención del VIH, vivienda,  transporte, o medicamentos indicados para las personas que viven con el virus. Además, el estado no aprovecha al máximo los subsidios federales que se conceden para reforzar estos programas. En Misisipi, la mitad de las personas que dieron positivo en las pruebas para detectar el virus no está recibiendo tratamiento, un porcentaje comparable al de Botsuana, Etiopía y Ruanda.

"Muchas personas infectadas con el VIH en Misisipi no tienen acceso a clínicas, no pueden costear un tratamiento y no tienen dónde vivir; mientras tanto, los jóvenes no pueden obtener información esencial sobre cómo protegerse", dijo Megan McLemore, investigadora principal de la división de Salud de Human Rights Watch. "Se trata de fallas en el sistema de salud pública que amenazan los derechos fundamentales a la vida y la salud de todos los ciudadanos de Misisipi".

Human Rights entrevistó a más de 65 personas en Misisipi para este informe, entre ellas personas que viven con VIH y sida, organizaciones que ofrecen servicios de apoyo a portadores del virus y funcionarios públicos en todo el estado.

En Misisipi, los índices más altos de exposición al VIH se encuentran entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres, mientras que las mujeres heterosexuales constituyen el segundo grupo más afectado por la enfermedad. Los jóvenes de Misisipi se están contagiando con el virus a tasas cada vez mayores, y las disparidades raciales en las infecciones por el VIH y el sida son dramáticas. Los afroamericanos constituyen el 37 por ciento de la población del estado, pero representan 76 por ciento de los nuevos casos de VIH.

"El VIH está teniendo un efecto devastador en las comunidades afroamericanas de Misisipi", señaló McLemore.

Misisipi tampoco no proporciona fondos a programas de vivienda para las personas que viven con VIH y sida, a pesar de que existen evidencias de que la vivienda es indispensable para que los portadores de VIH puedan cuidar su salud, y pese a que el propio estado estima que 3,500 portadores del virus no verán satisfechas sus necesidades de vivienda en los próximos cinco años. En el caso de un matrimonio entrevistado por Human Rights Watch, ambos eran seropositivos. El esposo está en una silla de ruedas, debilitado por el sida. Los dos viven con el constante temor a ser desalojados ya que sus limitados ingresos apenas dan para pagar el alquiler.

"Sobrevivimos por la gracia de Dios y poco más", le dijo Sheila R. (un pseudónimo) a Human Rights Watch en referencia a sus dificultades diarias para cubrir sus necesidades básicas.

Misisipi es uno de los estados más pobres de EE UU, lo cual le da derecho a recibir importantes fondos federales que podrían apoyar los programas de vivienda y cuidados de salud para personas con VIH y sida. Sin embargo, ha fallado a la hora de aprovechar al máximo esos fondos. El estado recientemente interpuso una demanda para bloquear una ley nacional de reforma del sistema de salud que ampliaría la elegibilidad del programa de apoyo Medicaid a muchos portadores del virus, mientras que el Gobierno federal se haría cargo de casi la totalidad de los costos. Según el informe, la falta de disposición de Misisipi a aceptar ayudas federales para sus residentes con VIH contribuye a que las tasas de muerte por sida en este estado sobrepasen considerablemente el promedio nacional.

Misisipi también se aferra a enfoques ineficaces con respecto a la educación sexual y el VIH, señaló Human Rights Watch. Misisipi registra algunos de los índices más altos del país de clamidia, gonorrea y sífilis, enfermedades de transmisión sexual que pueden elevar significativamente el riesgo individual de infectarse con el virus VIH. Sin embargo, la legislatura estatal se ha negado reiteradamente a aprobar programas que proporcionan información completa y precisa sobre el VIH y la prevención de embarazos no deseados. En su lugar, en las escuelas públicas siguen insistiendo exclusivamente en ineficaces prácticas de abstinencia. El resultado, apuntó Human Rights Watch, es la denegación de información que podría ser vital para muchos adolescentes, colocándolos en un riesgo innecesario de contraer el virus.

Las leyes y políticas de Misisipi contribuyen a la estigmatización extrema asociada con el VIH, lo que para muchas personas es más aterrador que la propia enfermedad, dijo Human Rights Watch. Una mujer le contó a Human Rights Watch que se deshizo de sus medicamentos para el sida cuando se alojó con unos familiares por temor a que descubrieran que es seropositiva.

Human Rights Watch concluyó que las leyes y políticas de Misisipi contribuyen al problema mediante el fomento de prejuicios y discriminación contra las personas vulnerables y quienes parecen susceptibles de contraer el virus. Numerosas disposiciones legales, incluidas varias enmiendas constitucionales, discriminan contra los homosexuales, y las leyes estatales de educación sexual marginan a jóvenes lesbianas, gays, bisexuales y transgénero. Se han registrado casos donde funcionarios de salud pública han acosado y amenazado a personas que han dado positivo en las pruebas del VIH.

Human Rights Watch también describió las consecuencias negativas que tienen las leyes de Misisipi que penalizan la potencial exposición de otra persona al VIH. Organizaciones nacionales e internacionales de salud han exhortado al rechazo de esas leyes, dado que socavan los esfuerzos de prevención del virus. Leyes de esta naturaleza promueven la desinformación sobre la transmisión del VIH, por ejemplo, mediante la inclusión de comportamientos como escupir y morder, que no están asociados con la propagación del virus. También amenazan la salud y la seguridad de las mujeres seropositivas, que temen ser atacadas o sufrir otras consecuencias negativas si revelan su condición. Estas leyes también penalizan a aquellos que conocen su condición de portadores del virus, proporcionando un incentivo para que las personas eviten hacerse la prueba del VIH.

La epidemia de VIH de Misisipi está creciendo a una velocidad alarmante entre los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, un grupo demográfico que sigue mayormente en la clandestinidad y está fuera del alcance de los servicios de salud pública. El informe concluye que las leyes de Misisipi que prohíben la adopción por homosexuales, las enmiendas constitucionales que prohíben el matrimonio gay, y otras leyes y políticas contra los derechos de los homosexuales agravan el problema mediante el fomento de prejuicios y estigmas. Un hombre le dijo a Human Rights Watch: "Ser un homosexual con VIH en Misisipi es una terrible maldición".

"El enfoque de Misisipi al sida no funciona", dijo McLemore. "Misisipi necesita actualizar sus políticas, asegurarse fondos adecuados y respetar los derechos humanos".