A protester stands in the hearing room as former Attorney General Alberto Gonzales testifies at the start of his US Senate confirmation hearings on Capitol Hill in Washington on January 6, 2005.

© 2005 Reuters

(Nueva York) - El Gobierno de Estados Unidos debe tomar la iniciativa e investigar al ex presidente de Estados Unidos George W. Bush y a otros altos funcionarios por autorizar el uso de tortura contra sospechosos de terrorismo, en lugar de dejar los procesamientos a otros países, señaló Human Rights Watch hoy.

El hecho de que Estados Unidos no trate de investigar ni enjuiciar a los funcionarios del gobierno de Bush por tortura recibió recientemente atención internacional debido a las denuncias penales que iban a ser presentadas ante un fiscal en Suiza antes de la visita que el presidente Bush tenía prevista a este país, señaló Human Rights Watch.

Antes de un viaje de Bush a Ginebra, donde el presidente tenía previsto hablar en una gala benéfica el 12 de febrero de 2011, dos individuos planeaban presentar una denuncia ante el fiscal de Cantón, Ginebra, contra el ex presidente Bush por autorizar el uso de tortura y otros malos tratos. Sin embargo, el 5 de febrero el viaje fue cancelado en medio de informes de que habría protestas y denuncias penales presentadas en su contra.

"La amenaza de procesar al presidente George W. Bush en Suiza demuestra que otros países actuarán contra la tortura, incluso si Estados Unidos no lo hace", dijo Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "El Gobierno de Estados Unidos debe autorizar a los fiscales investigar y perseguir este delito grave y demostrar que ningún funcionario, incluido un ex presidente, está por encima de la ley. La admisión audaz y descarada del presidente Bush de que ordenó simulacros de ahogamiento es un buen lugar para empezar una investigación criminal".

Las denuncias que iban a ser presentadas en Ginebra afirmaban que tanto un actual detenido de Guantánamo, que había estado en régimen de incomunicación durante años en un lugar secreto de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, así como otro ex detenido de Guantánamo, sufrieron palizas, encadenamiento en posiciones de estrés, una prolongada privación de alimentos y del sueño, y temperaturas extremas de calor y frío, mientras estaban bajo la custodia de Estados Unidos.

El procesamiento de Bush pudo haber sido autorizado en virtud de la legislación suiza, que establece que los tribunales pueden ejercer jurisdicción sobre una persona que se encuentre en Suiza sospechosa de actos delictivos en el extranjero cuando sea permitido por un tratado internacional. Esta base mundialmente aceptada de autoridad para enjuiciar se denomina "jurisdicción universal" y ha sido aplicada, por ejemplo, por el Gobierno de Estados Unidos cuando se enjuició con éxito al hijo del ex presidente liberiano Charles Taylor por torturas en 2009 en una corte federal de Estados Unidos.

Bajo la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la que Suiza y Estados Unidos son parte, los países están obligados a llevar los casos de presunta tortura ante sus tribunales para su procesamiento cuando un presunto delincuente se encuentre en su territorio, o a extraditar a los acusados a otra jurisdicción donde serán procesados.

Las denuncias que iban a ser presentadas en Ginebra alegaban que las técnicas de interrogatorio utilizadas constituían tortura, mismas que fueron aprobadas por el presidente Bush y ejecutadas por los funcionarios que actuaban en su nombre. Los grupos de derechos humanos que prepararon las denuncias, el Centro de Derechos Constitucionales y el Centro Europeo para el Constitucional y Derechos Humanos, dijeron que no las presentaron porque Bush canceló su viaje, y que lo harían en la próxima oportunidad.

"Al no investigar penalmente la tortura por Bush y otros altos funcionarios de su administración, el gobierno de Obama está demostrando desprecio por el imperio de la ley", dijo Roth. "Esto socava el respeto de los derechos humanos en el país y la credibilidad de la voz de Estados Unidos a la hora de promover los derechos humanos en el extranjero".

Bush admitió que autorizó simulacros de ahogamiento y otras llamadas "técnicas de interrogatorio mejoradas" contra supuestos agentes de Al Qaeda, métodos que constituyen tortura según el derecho internacional. En varias ocasiones, a partir de abril de 2008, así como en sus memorias de 2010 Decisión Points (Puntos de decisión), Bush dijo que autorizó el uso del ahogamiento simulado para el supuesto autor intelectual de los ataques del 11 de septiembre de 2001, Khalid Sheihk Mohammad, y el presunto miembro de Al Qaeda Abu Zubaydah. El Gobierno de Estados Unidos ha perseguido el ahogamiento simulado como crimen de guerra por más de 100 años.

En entrevistas, el ex presidente Bush ha tratado de justificar los métodos de interrogatorio utilizados afirmando que los abogados del Departamento de Justicia dijeron que eran legales. Sin embargo, hay pruebas sustanciales de que los altos funcionarios del Gobierno trataron de influir en el juicio de los abogados. En cualquier caso, los métodos que Bush aprobó eran tan extremos que él debería haber sabido que constituían tortura, independientemente de la asesoría legal que solicitó de su Departamento de Justicia, dijo Human Rights Watch.

Aunque Estados Unidos es también parte de la Convención contra la Tortura, y las leyes federales y estatales imponen sanciones penales por la tortura, el gobierno de Obama no ha hecho ningún esfuerzo hasta la fecha por hacer rendir cuentas a los altos funcionarios del gobierno de Bush responsables de abusos a detenidos. El presidente Barack Obama ha expresado reiteradamente su renuencia a "mirar hacia atrás" en los presuntos crímenes cometidos durante el gobierno anterior y específicamente ha descartado procesar a agentes de la CIA acusados de haber cometido abusos que el Departamento de Justicia consideró legales.

"El historial de Estados Unidos en la rendición de cuentas por abusos contra detenidos ha sido abismal", dijo Roth. "La autorización oficial de la tortura por un jefe de Estado no debe quedar impune".