(Nueva York) - El gobierno estadounidense debe aclarar sin demora cuáles son las justificaciones jurídicas de las ejecuciones selectivas, señaló hoy Human Rights Watch en una carta enviada al Presidente Barack Obama.
El 7 de diciembre de 2010, un juez federal rechazó una demanda en la cual se cuestionaba el programa de ejecuciones selectivas en el extranjero del gobierno estadounidense. Esta decisión evidencia la necesidad urgente de que el gobierno de Obama ofrezca una explicación pública de su política, afirmó Human Rights Watch. El Juez John Bates del Tribunal Federal de Distrito en Washington, DC, desestimó la demanda interpuesta por razones procesales, sin analizar la cuestión de fondo.
"El Presidente Obama debería responder el interrogante fundamental de cuál es el método empleado por su gobierno para determinar si una persona puede ser objeto de estas acciones", manifestó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. "Si bien estas operaciones pueden ser lícitas en algunas circunstancias, cuando no existen límites claros vulneran necesariamente el derecho internacional y establecen un precedente peligroso para regímenes abusivos en todo el mundo".
La demanda, interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union) y el Centro por los Derechos Constitucionales (Center for Constitutional Rights), cuestionaba la decisión del gobierno de Estados Unidos de autorizar la ejecución selectiva del líder religioso estadounidense Anwar al-Awlaki, quien, según se cree, se mantendría oculto en Yemen. El gobierno estadounidense afirma que al-Awlaki tiene vínculos con la facción yemení de Al Qaeda en la Península Arábiga, pero no ha presentado ninguna acusación formal en su contra. La demanda también buscaba conseguir que el gobierno informara qué estándar jurídico emplea para incluir a ciudadanos estadounidenses en presuntas "listas de ejecuciones".
Luego de los ataques del 11 de septiembre de 2001, el gobierno de Obama extendió significativamente el uso de ejecuciones selectivas a contextos que no se encuadran en los casos tradicionales de conflicto bélico. Muchos de estos asesinatos fueron perpetrados por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (Central Intelligence Agency) mediante Sistemas de Aeronaves de Combate No Tripuladas (vehículos teledirigidos). El gobierno estadounidense afirma tener la autoridad necesaria conforme al derecho internacional para emplear la fuerza letal fuera de zonas de guerra claramente definidas, debido a que interviene en un conflicto armado global con Al Qaeda y otras fuerzas asociadas.
Human Rights Watch reconoce que el gobierno estadounidense tiene la responsabilidad de responder a amenazas contra la seguridad nacional. El uso deliberado de la fuerza letal puede ser lícito en operaciones que involucren a soldados en campos de batalla genuinos, o en medidas de seguridad pública en las cuales se enfrenta una amenaza inminente para la vida de las personas y no existe una alternativa razonable.
"La pretensión del gobierno estadounidense de que el mundo en su totalidad constituye un campo de batalla en el cual rige el derecho de guerra socava las garantías del derecho internacional", afirmó Roth. "Este concepto controvertido podría incitar a otros países a aplicar la fuerza letal en situaciones en que Estados Unidos objetaría enérgicamente su uso".
Human Rights Watch instó a Obama a que explicara de manera más clara el mecanismo por el cual el gobierno estadounidense determina que una ejecución selectiva en el contexto de un conflicto armado cumple los requisitos de distinción y proporcionalidad del derecho de guerra y las medidas que está adoptando para minimizar el daño causado a civiles. Durante los conflictos armados, solamente los soldados o civiles que participan activamente en hostilidades pueden ser atacados deliberadamente de manera lícita.
Human Rights Watch señaló que, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, el uso de la fuerza letal solamente es lícito cuando el destinatario representa una amenaza inminente para la vida y otros medios menos extremos, como la captura, resultan insuficientes para responder a esa amenaza. En el caso de ataques fuera de las zonas de conflicto, Estados Unidos debería explicar cabalmente la amenaza clara e inminente para la vida de otras personas que representa el destinatario de la acción y las circunstancias que impidieron la aplicación de medidas de fuerza no letales, afirmó Human Rights Watch.
Estados Unidos también debería ofrecer una indemnización oportuna y adecuada a todas las víctimas civiles de ataques teledirigidos u otros asesinatos selectivos, incluso cuando los daños causados estén justificados jurídicamente, como sucede cuando las fuerzas estadounidenses matan involuntariamente a civiles en zonas de conflicto como Afganistán o Irak, señaló Human Rights Watch.
"El poder de coerción de los gobiernos, especialmente la facultad inmensa que implica quitar la vida a las personas, debe ejercerse dentro de límites definidos por las leyes que protegen los derechos humanos", manifestó Roth. "Estados Unidos sólo podrá servir de ejemplo para el resto del mundo si actúa respetando estos límites".
