(Bakú) – El Gobierno azerbaiyano está usando las leyes penales y los ataques violentos para silenciar a los periodistas disidentes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Docenas de periodistas han sido enjuiciados por difamación penal o civil y otros cargos criminales. La policía ha llevado a cabo ataques físicos contra periodistas y ha interferido deliberadamente en sus intentos de investigar cuestiones de interés público.
El informe de 94 páginas, “Beaten, Blacklisted, and Behind Bars: The Vanishing Space for Freedom of Expression in Azerbaijan” (“Maltratados, en la lista negra y entre rejas: El espacio menguante para la libertad de expresión en Azerbaiyán”), documenta los intentos del Gobierno de limitar la libertad de expresión. El Gobierno debe poner en libertad a los periodistas encarcelados y revocar las leyes penales contra el libelo que permiten a los funcionarios públicos y a otras personas presentar acusaciones penales contra periodistas y activistas, señaló Human Rights Watch. También debe enjuiciar la violencia y las amenazas contra reporteros, que actualmente no se castigan. Los ataques contra la libertad de expresión amenazan con socavar la legitimidad de las elecciones parlamentarias programadas para el 7 de noviembre de 2010, señaló Human Rights Watch.
“Un debate público vibrante es crucial para unas elecciones libres y justas”, señaló Giorgi Gogia, investigador sobre el Cáucaso Meridional de Human Rights Watch y autor del informe. “Pero no se puede celebrar una votación libre y justa si las personas que informan de las noticias están encarceladas o han sido acosadas para que guarden silencio”, agregó.
Al menos nueve periodistas han huido de Azerbaiyán en los últimos tres años para solicitar asilo político en el extranjero.
Human Rights Watch lleva muchos años documentando las restricciones de la libertad de expresión en Azerbaiyán. Para este informe, Human Rights Watch entrevistó a más de 37 periodistas y directores de prensa y radio en junio de 2010.
Azerbaiyán abolió la censura oficial del Estado en 1998. Sin embargo, el Gobierno ha usado otros métodos menos obvios para restringir la libertad de expresión y de prensa. Además de los enjuiciamientos y la violencia policial, las enmiendas legislativas aprobadas en 2009 limitan la capacidad de los periodistas para usar videos, fotografías o grabaciones de sonido sin el consentimiento explícito de la persona grabada o fotografiada, incluso en eventos públicos. El Gobierno prohibió también todas las retransmisiones de radios extranjeras en frecuencias de FM. Se deben eliminar las restricciones innecesarias y se debe permitir la reanudación de las retransmisiones extranjeras, señaló Human Rights Watch.
En los últimos años, los funcionarios del Estado han presentado docenas de cargos por difamación contra periodistas y, en ciertos casos, contra los defensores de los derechos humanos que critican al Gobierno o intentan procurar de otro modo la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en Azerbaiyán.
Las leyes penales contra la difamación conllevan el riesgo inadecuado de paralizar la libertad de expresión y deber abolirse, señaló Human Rights Watch. Las sanciones penales por difamación son una respuesta innecesaria y desproporcionada a las alegaciones de daños contra la reputación de una persona, especialmente cuando la cuestión reviste un especial interés público o involucra a personalidades públicas. Se espera que los políticos y otras personalidades públicas toleren un escrutinio más amplio e intenso de su conducta que las personas particulares.
“Los casos legales, y especialmente los casos penales, contra los que informan o difunden cuestiones de interés público son un intento cínico del Gobierno por imponer la censura oficial”, señaló Gogia. “El Gobierno debería fomentar que las personas se expresaran libremente y no castigarlas por ello”, agregó.
El caso con motivos aparentemente políticos contra Eynulla Fatullayev, un crítico abierto del Gobierno y fundador y director de los dos periódicos independientes con más lectores y más populares de Azerbaiyán, es uno de los más atroces, señaló Human Rights Watch.
Fatullayev está encarcelado desde abril de 2007, cuando fue condenado por difamación civil y penal por algunos artículos escritos por él. Seis meses después, fue hallado culpable de amenazas de terrorismo e incitación del odio étnico, por lo que fue condenado a un total de ocho años y medio de prisión. Apeló su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, en abril de 2010, dictaminó que Azerbaiyán había restringido “gravemente” y “desproporcionadamente” la libertad de expresión con su encarcelamiento. El Tribunal ha ordenado al Gobierno que ponga en libertad Fatullayev.
Emin Milli y Adnan Hajizade son otros dos críticos encarcelados que, en julio de 2009, fueron víctimas de un ataque aparentemente orquestado en un restaurante. Fueron condenados posteriormente por vandalismo como consecuencia del ataque. Milli y Hajizade eran bien conocidos por sus críticas en blogs contra las políticas oficiales azerbaiyanas, y fueron arrestados una semana después de divulgar un satírico video en YouTube criticando al Gobierno.
“Casos como los de Fatullayev y los blogueros han tenido un profundo efecto paralizador sobre los periodistas y los editores”, señaló Gogia. “Ante el temor a que les ocurra algo similar, los periodistas deciden no escribir sobre ciertos temas y limitar los reportajes de investigación, especialmente sobre temas considerados tabúes por el Gobierno”, agregó.
Los periodistas, los defensores de los derechos humanos y otras personas que critican públicamente al Gobierno se exponen también al riesgo de sufrir violencia, amenazas y acoso. La policía ha atacado a periodistas cuando ejercían su labor profesional, lo que incluye la documentación de los esfuerzos policiales por disolver protestas pacíficas. Las autoridades no han realizado investigaciones exhaustivas e imparciales de los ataques contra periodistas.
Una serie de enmiendas legislativas y decretos ejecutivos han restringido aún más la libertad de expresión en Azerbaiyán. Entre ellos están las enmiendas constitucionales de 2009 que restringen el uso de dispositivos de grabación por parte de los periodistas, así como la prohibición, también impuesta en 2009, de las retransmisiones de radios extranjeras en frecuencias de FM, que suspendió las emisiones de la BBC, Voice of America y Radio Free Europe/Radio Liberty.
Las autoridades también han condonado la publicación de “una lista negra de periódicos conspiradores” publicada por el Consejo de Prensa, ostensiblemente un organismo compuesto por miembros para la autorregulación de los medios impresos. Este lista se calificó como una manera de reprender a los periódicos que han vulnerado las normas éticas del periodismo, pero, en la práctica, ha hecho más difícil para estos periódicos obtengan información y, en algunos casos, ha provocado el cierre de medios de comunicación.
De acuerdo con el derecho internacional, el Gobierno azerbaiyano tiene la obligación legal específica de proteger el derecho a la libertad de expresión. El derecho internacional de derechos humanos reconoce que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental y esencial tanto para el funcionamiento eficaz de una sociedad democrática como la dignidad individual.
“Parece que el Gobierno piensa que va a protegerse silenciando e intimidando a periodistas”, señaló Gogia. “En cambio, está atrayendo la atención internacional como principal carcelero de críticos contra el Gobierno en la región”, agregó.
