Una mujer de Sri Lanka lava las ventanas de la casa de sus empleadores en Beirut.

© 2010 Matthew Cassel/KAFA

(Beirut) - El Poder Judicial del Líbano no exige generalmente responsabilidades a los empleadores que violan los derechos fundamentales de las trabajadoras domésticas migrantes, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Gobierno debe adoptar un plan para asegurar que estas trabajadoras puedan confiar en que los tribunales libaneses protejan sus derechos, señaló Human Rights Watch.

El informe de 54 páginas, "Without Protection: How the Lebanese Justice System Fails Migrant Domestic Workers" ("Sin protección: Cómo el sistema de justicia libanés no protege a las trabajadores domésticas migrantes") examina 114 fallos judiciales libaneses que afectan a trabajadoras domésticas migrantes. El informe concluye que la falta de mecanismos de denuncia accesibles, la lentitud de los procedimientos judiciales y las políticas migratorias restrictivas disuaden a muchas trabajadoras de interponer o continuar con denuncias en contra sus empleadores. Incluso cuando presentan las denuncias, es habitual que la policía y las autoridades judiciales no consideren que ciertos abusos contra las trabajadoras domésticas constituyan crímenes.

"Al hacer la vista gorda frente a las violaciones que afectan a las trabajadoras domésticas, la policía y la judicatura del Líbano son cómplices de las violaciones constantes de los empleadores contra este grupo vulnerable", señaló Nadim Houry, director de la oficina de Human Rights Watch en Beirut. "Encerrar o abofetear a alguien es un delito, independientemente de quién sea la víctima", agregó.

Entre los 114 casos examinados, Human Rights Watch no encontró un solo ejemplo en el que se hubieran formulado cargos en contra de un empleador por encerrar a las trabajadoras en las casas, confiscar sus pasaportes o negarles los alimentos, a pesar de que estas violaciones de la ley son comunes en el país. Las familias libanesas emplean a alrededor de 200,000 trabajadores domésticos migrantes, procedentes principalmente de Sri Lanka, Etiopía, Filipinas y Nepal.

La tramitación judicial de las denuncias presentadas por estas trabajadoras en contra de los empleadores suele tardar meses, y a veces años. Esto plantea una carga adicional para las trabajadoras, ya que las políticas migratorias restrictivas del Líbano hacen difícil que puedan permanecer en el país para perseguir el caso. Human Rights Watch revisó 13 casos penales interpuestos por estas trabajadoras contra empleadores y constató que habían tardado en promedio de 24 meses en resolverse. Las quejas sobre salarios impagados tardaron entre 21 y 54 meses en concluir. Incluso las demandas simplificadas presentadas ante los juzgados laborales tardaron una media de 32 meses. De acuerdo con el sistema kafeel (patrocinio) el trabajador que deje su empleo (incluso para presentar una denuncia) pierde el derecho a vivir en el Líbano y se expone a que lo detengan y lo deporten.

Los casos de violencia contra trabajadoras domésticas migrantes no suelen atraer suficiente atención de la policía o los fiscales. En un caso de 2005, la policía esperó 21 días antes de empezar a investigar una denuncia sobre un empleador que estaba maltratando físicamente a una trabajadora doméstica. Un examen de los informes policiales de numerosos casos de violencia contra estas trabajadoras demuestra que, durante la investigación de los casos, la policía normalmente sólo hace preguntas generales a los empleadores y da por ciertas sus declaraciones sin cotejarlas con otros posibles testigos.

Aunque las autoridades han procesado ciertos casos de maltrato grave contra trabajadoras migrantes domésticas, estos siguen siendo raros y solo han acarreado sentencias leves. En un caso ampliamente aclamado, el 9 de diciembre de 2009, un tribunal penal libanés condenó a un empleador a prisión por propinar múltiples palizas a una trabajadora doméstica filipina. Sin embargo, la sentencia fue solo de 15 días. La condena más dura por maltratar a una trabajadora doméstica de la que tiene conocimiento Human Rights Watch fue de un mes de cárcel. Esta condena fue impuesta el 26 de junio de 2010 por un tribunal penal en contra de un empleador que había golpeado repetidas veces a una trabajadora doméstica esrilanquesa mientras la mantenía encerrada por la fuerza en casa.

Hasta los empleadores que matan a sus trabajadoras acaban con sentencias leves. En un caso de 1999, un tribunal penal condenó a un empleador que golpeó a una trabajadora esrilanquesa hasta matarla a únicamente 18 meses de prisión.

"Estos veredictos son un pequeño avance en la dirección adecuada, pero no dejan de ser una simple palmadita en la mano", señaló Houry. "Las autoridades tienen que asegurarse de que los empleadores que abusen de las trabajadoras domésticas reciban sanciones proporcionales al delito, y que esto sirva para disuadir a para otros", agregó.

Human Rights Watch documentó una serie de violaciones de las garantías procesales y el derecho a un juicio justo en los casos en que se acusaba de un crimen a las trabajadoras domésticas, normalmente de robo. En 37 (44 por ciento) de los 84 casos  examinados por Human Rights Watch, las trabajadoras domésticas no tenían un abogado defensor. En la mayoría de ellos (al menos en 57 de los 84 casos) también fueron sometidas a los procedimientos policiales y judiciales sin la ayuda de traductores certificados, a pesar de que muchas de ellas no dominan el árabe. Era raro que hubiera intérpretes, incluso en los casos en que se acusaba a la trabajadora de un delito grave.

El informe también observó una aplicación generalizada de la detención preventiva de las trabajadoras migrantes domésticas acusadas de crímenes. Al menos el 76 por ciento de las trabajadoras cuyos casos se revisaron (64 de los 84 casos) estuvieron recluidas antes del juicio. La mayoría de las que fueron halladas inocentes habían estado detenidas en promedio tres meses durante el proceso antes de su puesta en libertad, aunque al menos cuatro habían pasado más de ocho meses en la cárcel antes de que un tribunal las declarara inocentes.

"Las trabajadoras domésticas acaban con demasiada frecuencia en la cárcel por las acusaciones de sus empleadores, sin poder beneficiarse de la asistencia de un abogado o un traductor", señaló Houry. "Ellas tienen el mismo derecho a la presunción de inocencia y las garantías procesales que los demás personas", agregó.

A pesar de los recientes pronunciamientos de funcionarios libaneses, entre ellos los ministros de Interior y del Trabajo, afirmando que quieren mejorar el trato de las trabajadoras migrantes domésticas, las medidas gubernamentales han consistido en iniciativas de reforma limitadas, como el contrato estándar obligatorio para estas trabajadoras introducido en enero de 2009.  El Gobierno tampoco ha creado mecanismos eficaces para inspeccionar los lugares de trabajo de las trabajadoras migrantes domésticas.

Human Rights Watch instó a las autoridades libanesas a:

  • Desarrollar un plan nacional para aumentar la probabilidad de que las denuncias contra empleadores por crímenes contra trabajadores domésticos migrantes lleguen a juicio;
  • Promulgar leyes para crear un mecanismo simplificado de resolución de disputas para resolver puntualmente los conflictos salariales entre empleadores y trabajadores migrantes.
  • Ofrecer acceso a asistencia legal e intérpretes certificados para trabajadores domésticos migrantes víctimas de abusos o acusados de un crimen;
  • Implementar programas de formación para agentes de policía, funcionarios de inmigración y jueces, para que puedan identificar y responder a las denuncias de abuso de trabajadores domésticos migrantes; y
  • Reformar el sistema de patrocinio migratorio para que los visados de los trabajadores no dependan de patrocinadores individuales y los trabajadores puedan presentar denuncias sin temor a que los detengan o los deporten.