(Nueva York, 10 de junio de 2010) - El Gobierno de Irán está endureciendo su dura mano sobre el pueblo iraní, acosando, deteniendo y usando la violencia contra sus ciudadanos un año después de las disputadas elecciones presidenciales de 2009 y el inicio de su brutal represión, dijo Human Rights Watch hoy. El aniversario de las elecciones del 12 de junio de 2009 se cumple justo dos días después de una reunión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), donde Irán desafió las críticas contra su historial en cuestiones de derechos humanos.
Informes recibidos por Human Rights Watch de grupos de defensa de los derechos humanos y otras fuentes en el interior de Irán sugieren que el panorama actual dentro del país difiere significativamente de las imágenes de manifestaciones multitudinarias que inundaron los medios y el ciberespacio hace un año. Las protestas en público prácticamente han desaparecido y el movimiento de oposición ha tenido que pasar en gran parte a la clandestinidad a medida que las fuerzas de seguridad han multiplicado su presencia en las principales ciudades de todo el país.
"Mientras la comunidad internacional se ha concentrado en las ambiciones nucleares de Irán, Teherán ha implementado un sistema metódico para eliminar cualquier forma de disensión dentro del país", dijo Joe Stork, subdirector de Oriente Medio para Human Rights Watch. "Los periodistas, abogados y activistas de la sociedad civil que solían hablar con los medios de comunicación internacionales y los grupos de derechos humanos, se muestran ahora cada vez más reticentes, ante los temores de que sus conversaciones telefónicas y por Internet estén intervenidas".
Según un comunicado publicado por la Judicatura de Irán, 250 personas han sido condenadas por infracciones relacionadas a las protestas sobre las elecciones. Muchos recibieron largas sentencias de cárcel tras farsas judiciales durante las cuales fueron obligados a confesar delitos relacionados a cuestionesde seguridad. Otros cientos permanecen en prisión, con acceso limitado a sus abogados y miembros de sus familias. En enero, fueron ejecutados dos disidentes y, recientemente, los tribunales de apelación confirmaron las sentencias de muerte de al menos seis personas acusadas de haber participado en las manifestaciones post-electorales.
Estas medidas brutales van más allá de los manifestantes electorales. Desde junio pasado, el Gobierno ha ejecutado al menos a siete disidentes políticos kurdos, los cuales fueron acusados de un delito de definición imprecisa conocido como moharebeh, o "enemistad contra Dios". Hoy en día, más de una docena de disidentes kurdos se encuentra en el corredor de la muerte, bajo el riesgo inminente de una orden de ejecución. Además, decenas demiembros de la oposición, activistas de la sociedad civil y disidentes que no participaron en las manifestaciones fueron detenidos durante distintos lapsos a lo largo del último año. Algunos volvieron a ser arrestados después de haber sido puestos en libertad.
Entre los blancos de estas medidas represivas destacan los periodistas y los defensores de los derechos humanos, probablemente debido a su habilidad para recopilar información sobre los abusos cometidos y transmitirla dentro y fuera del país. Al menos 37 periodistas están encarcelados y 19 están en libertad bajo fianza a la espera de comparecer ante los tribunales, según el Comité para laProtección de los Periodistas. Un número incluso mayor de periodistas y activistas huyeron de Irán durante los últimos 12 meses y viven como refugiados en el país vecino, Turquía.
Las fuerzas de seguridad han acosado, arrestado y detenido de forma rutinaria, y a menudo sin ningún cargo, a miembros de organizaciones de derechos humanos locales, incluyendo el Comité de Reporteros por los Derechos Humanos, el Comité de Estudiantes para la Defensa de los Presos Políticos, y el Centro de Defensa de Derechos Humanos, encabezado por la premio Nobel Shirin Ebadi. Otros defensores de los derechos humanos han sido detenidos en redadas por las fuerzas de seguridad y unidades de inteligencia y enfrentan cargos por supuesto intento de derrocar al Gobierno a través de una "ciberguerra".
Además de perseguir a periodistas y activistas de los derechos humanos, las fuerzas de seguridad han implementado una multifacética campaña para restringir el flujo de información vía canales de información alternativos. El Gobierno reaccionó con un ataque contra los medios de comunicación no tradicionalesal enfrentar un volumen masivo en el tráfico de telecomunicaciones cuando los iraníes recurrieron a sus celulares, el correo electrónico y las redes de socialización virtuales para difundir informes oportunos in-situ de los sucesos tras las elecciones presidenciales. Activistasde los derechos humanos e informes de los medios indican que las autoridades recurren cada vez más a sofisticadas técnicas de vigilancia, filtraje de información y tecnología de interferencias para causar severos trastornos en el flujo de información que entra y sale de los usuarios de celulares, Internet y comunicaciones satelitales de Irán. Cuando el bloqueo dela información no ha sido suficiente, las autoridades no han dudado en simplemente desmantelar las comunicaciones vía Internet y las señales de telecomunicaciones o hacerlas demasiado lentas para que resulten efectivas.
Pese a los numerosos reclamos de grupos de derechos humanos, miembros de la sociedad civil iraní y gobiernos extranjeros para que se abran exhaustivas investigaciones transparentes sobre las ejecuciones, arrestos, abusos y detenciones arbitrarias de manifestantes y activistas, los tribunales de Irán no han procesado a ningún representante gubernamental de alto perfil ligado a estos abusos. En un comunicado publicado el jueves en Ginebra, Human Rights Watch instó a los países miembros a que hagan rendir cuentas al Gobierno de Irán por su represión de la sociedad civil y por su deficiente respuesta a las recomendaciones que propusieron Estados miembros en febrero, durante la revisión del Consejo del historial de Irán en cuestiones de derechos humanos.
"El jueves, 10 de junio, Irán compareció ante el Consejo de Derechos Humanos y rechazó los pedidos de la comunidad internacional de que respete los derechos de sus ciudadanos", dijo Stork. "A medida que el nudo alrededor de la sociedad civil iraní se estrecha cada vez más, los gobiernos deben reaccionar al unísono para protestar los alarmantes esfuerzos de silenciar las voces independientes y disidentes dentro del país".
