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(San Francisco) - El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE) debe poner fin inmediatamente a la detención indefinida de dos inmigrantes con discapacidad mental detenidos durante más de cuatro años, señaló Human Rights Watch hoy. Las demandas se presentaron hoy en representación de los dos hombres ante tribunales de distrito federales de EE. UU. en California.
Las demandas alegan que los dos hombres, José Antonio Franco, de 29 años, y Guillermo Gómez-Sánchez, de 48 años, han estado en detención inmigratoria durante más de cuatro años, en violación del derecho a no ser detenidos indefinidamente y al derecho a un juicio justo para impugnar la base de su detención. Gómez-Sánchez es un residente permanente legal y Franco es el hijo de dos residentes permanentes legales.
Franco, quien se descubrió sufre retraso mental, no sabe su edad y no comprende el tiempo. Gómez-Sánchez ha sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Los dos han sido trasladados por el ICE entre diversas instalaciones sin la oportunidad de presentar sus quejas en contra de la deportación debido a que la agencia carece de políticas justas sobre cómo manejar estos casos.
"Un inmigrante que no puede decir la hora es poco probable que reconozca que ha pasado cuatro años de su vida en prisión", dijo Sarah Mehta, beneficiaria de la beca Aryeh Neier con Human Rights Watch y American Civil Liberties Union (ACLU), quien presentó las demandas. "Las personas así de vulnerables necesitan que los tribunales intervengan a su favor para no perderse en el laberinto de la detención inmigratoria".
Franco nunca ha recibido una audiencia de fianza para determinar si puede ser liberado al cuidado de su familia, quienes residen legalmente en Estados Unidos. Gómez-Sánchez recibió dicha audiencia, pero el Gobierno apeló la decisión del juez de ponerlo en libertad bajo fianza. Ninguno de los dos ha podido pasar a la fase final de la audiencia de deportación, en el que su situación en Estados Unidos finalmente sería resuelta.
La ausencia de garantías y procedimientos se ha traducido en la detención indefinida prolongada y se ha negado a los hombres una audiencia justa, afirmaron los abogados de los detenidos, quienes son miembros de organizaciones filiales de ACLU en California, el Public Counsel Law Center en Los Angeles, y la Casa Cornelia Law Center en San Diego. Las demandas fueron presentadas en los distritos donde Franco y Gómez-Sánchez se encuentran actualmente bajo detención; el caso de Franco fue presentado en una corte federal en el Distrito Central de California y el caso Gómez-Sánchez se presentó en el Distrito Sur de California.
Mehta, quien ha estado investigando el tratamiento del ICE a las personas detenidas con discapacidad mental en los últimos ocho meses, ha encontrado que estos dos casos, aunque extremos, no son únicos. Los inmigrantes, incluidos los que residen legalmente en los Estados Unidos, son rutinariamente detenidos cuando ICE alega que son sujetos a la deportación después de haber completado condenas por delitos. Permanecen detenidos durante las audiencias de deportación. Sin embargo, la detención se prolonga indebidamente cuando los inmigrantes tienen alguna discapacidad mental, incapaces de defenderse por sí solos, y las audiencias no pueden o no deben proceder justificadamente. El ICE no ha desarrollado políticas y procedimientos justos para estos casos.
Un informe de Human Rights Watch sobre el tema, que se publicará a finales de 2010, planteará profundas preocupaciones sobre la falta de procedimientos establecidos para la puesta en libertad y procedimientos en la corte de inmigración para tratar los casos cuando una persona es incompetente debido a una discapacidad mental. La detención combinada con la falta de procedimientos de corte para las personas con discapacidad mental resulta en violaciones al derecho a un juicio imparcial y al derecho a no ser sometido a detenciones arbitrarias en virtud del derecho internacional de derechos humanos.
"Los inmigrantes con discapacidad mental se encuentran en la actualidad ante el tribunal de inmigración sin derecho a un abogado o a cualquier tipo de alojamiento especial debido a su incapacidad para comprender su situación", dijo Mehta. "El ICE tiene que hacer cumplir la ley de inmigración - que es su deber -, pero es necesario que asegure la equidad básica para las personas que están claramente en desventaja, y algunas veces incluso perdidas en el sistema".
