Léocadie Irankunda fue golpeada hasta quedar inconsciente por una turba, que incluyó a un funcionario local, quien la acusó de robo. Ella muestra las cicatrices en la cabeza y la blusa desgarrada que llevaba cuando fue asaltada. La turba mató a su presunto cómplice, Cyprien Habonimana.

© 2009 Martina Bacigalupo

(Bujumbura) – Los ataques de turbas contra presuntos delincuentes en Burundi, a menudo con la complicidad oficial, llevó a al menos 75 asesinatos en 2009, Human Rights Watch y la Asociación para la Protección de los Derechos Humanos y las Personas Detenidas (APRODH) señalaron en un informe publicado hoy. El Gobierno de Burundi debe poner fin a la participación oficial en la "justicia popular" y hacer rendir cuentas a los infractores, Human Rights Watch y APRODH afirmaron.

El informe de 105 páginas, “Mob Justice in Burundi: Official Complicity and Impunity” (Justicia popular en Burundi: La complicidad oficial y la impunidad), encontró que las autoridades a veces han estado directamente involucradas en asesinatos y palizas públicas de presuntos delincuentes, o los han facilitado mediante la formación "comités de seguridad” sin entrenamiento que operan al margen de la ley. En otros casos, los funcionarios se mantuvieron al margen mientras las turbas atacaron a los presuntos delincuentes. El informe, basado en siete meses de investigación de campo, considera que dichos asesinatos rara vez resultan en investigaciones oficiales y mucho menos en enjuiciamientos.

"Demasiados funcionarios están haciéndose de la vista gorda ante la justicia de las turbas que es endémica en Burundi", dijo Georgette Gagnon, directora de África para Human Rights Watch. "Pero el Estado tiene el deber de mantener a sus ciudadanos seguros, incluso si son sospechosos de haber cometido un delito".

El papel de los funcionarios locales varió desde la participación directa en la violencia popular hasta la participación en el encubrimiento. En la comuna Buraza, un miembro del consejo de la colina local presuntamente participó en la muerte a palos de un presunto ladrón, Cyprien Habonimana, y en la tortura de su presunto cómplice. En la comuna Mutaho, un jefe de policía dijo a Human Rights Watch y a APRODH que cualquier persona que encuentre a alguien robando en sus campos durante la noche puede matar con justificación al sospechoso, el jefe de la policía se negó a investigar estos asesinatos, incluso cuando la identidad de los cabecillas era ampliamente conocida. En la comuna Kinyinya, funcionarios administrativos ocultaron la información de la policía sobre el asesinato por una turba de dos jóvenes sospechosos de haber robado una bicicleta.

A febrero de 2010, pocos casos de violencia popular dieron lugar a investigaciones o a arrestos, y ninguno había resultado en una condena.

Sin embargo, en algunos casos, la policía y los funcionarios administrativos trataron de detener la violencia colectiva, a veces con gran riesgo personal. En la comuna Giteranyi, por ejemplo, un funcionario comunal trataba de rescatar a un sospechoso de asesinato transportándolo su motocicleta a través de una multitud enfurecida que estimó en 2,000 personas. La multitud lanzó piedras al oficial, quien tuvo que abandonar su cargo.

En Bujumbura, un sospechoso de robar una motocicleta que fue salvado por la policía de un ataque de una turba dijo a Human Rights Watch, "No hubiera conseguido salir de ahí con vida si la policía no hubiera estado presente".

Casi una cuarta parte de los casos en el informe procedieron de la provincia de Ruyigi, sitio de 17 de los 75 asesinatos por turbas documentados en 2009. Otras provincias severamente afectadas fueron Ngozi, Bujumbura Mairie, Bujumbura Rural, Gitega y Muyinga.

Human Rights Watch y APRODH descubrieron que entre los factores que contribuyeron a la justicia popular se incluye la falta de fe en la policía y el sistema judicial, afectados tanto por la corrupción, incompetencia y la falta de recursos. Muchos burundeses creen que cualquier sospechoso puede sobornar a las autoridades para salir de la cárcel, convirtiendo al sistema de justicia oficial en algo irrelevante. Estas condiciones dan lugar a graves problemas de derechos humanos.

"Los burundeses que son víctimas de la delincuencia no esperan ni la protección de la policía ni la justicia de los tribunales. A menudo prefieren usar la fuerza para protegerse a sí mismos", dijo Pierre Claver Mbonimpa, presidente de APRODH. "Para terminar con la justicia popular, el Gobierno debe tomar medidas urgentes para restaurar la confianza de la gente en la policía y el sistema de justicia".

Human Rights Watch y APRODH exhortaron al Gobierno a poner fin a la impunidad de los autores de la justicia popular, quienes deben rendir cuentas al igual que otros responsables de delitos graves. El Gobierno debe emprender una amplia campaña de educación popular para mejorar la comprensión pública del sistema de justicia penal y desalentar la justicia popular. El Gobierno también debe abordar las fallas del sistema policial y judicial que contribuyen a dichos asesinatos, afirmaron las organizaciones.