(Nueva York) - Dos organizaciones internacionales de derechos humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, instaron hoy a las autoridades argentinas a permitir que dos jóvenes de 15 años víctimas de violación sexual tengan acceso a un aborto seguro. Ambas alegan haber sido violadas por sus padrastros, y han pedido una interrupción de sus embarazos en la Provincia de Chubut en el sur del país, en donde les han negado la interrupción. "Negar el aborto a una víctima de violación es inhumano", enfatizaron las dos organizaciones de derechos humanos.
“Mientras el Estado se niegue a reglamentar debidamente el acceso al aborto no punible, las mujeres y niñas seguirán sufriendo por la judicialización de casos que, por ley, no requieren de una autorización judicial", dijo Marianne Mollmann, directora de Promoción y Defensa de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch.
Según el Código Penal argentino, el aborto es legal cuando la vida o la salud de la mujer embarazada se encuentran en peligro. Sin embargo, en casos de violación sexual, a pesar de numerosas recomendaciones de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y otras instancias, la legislación argentina sigue permitiendo que una falta de claridad en su redacción perjudique las vidas y la salud de mujeres y jóvenes víctimas de violación.
"La negación de un aborto seguro en casos de violación sexual es una grave violación de derechos humanos", declaró Guadalupe Marengo, directora adjunta del Programa de las Américas de Amnistía Internacional, "La falta de acceso al aborto seguro significa un doble castigo para mujeres y niñas que han sufrido una violación sexual. Pedir la intervención del poder judicial por posible temor a ser sancionado como profesional de la salud en estas circunstancias es absurdo y produce demoras inaceptables”, insistió Guadalupe Marengo.
Una de las jóvenes cuyo caso se encuentra actualmente en tercera instancia judicial, en el Tribunal Supremo de Chubut, tuvo que esperar un mes para que la jueza de primera instancia tomase la decisión de rechazar su pedido de aborto. Existe un informe médico que dice claramente que su salud y su vida estarían en riesgo si no le practican una interrupción. Ahora en tercera instancia, el embarazo de la joven ha avanzado 20 semanas a lo largo del proceso judicial.
En el otro caso de Chubut, una negativa formal de parte de las autoridades médicas del hospital regional para practicar el aborto, demuestra que la legalidad del mismo en determinados casos no se entiende, no se respeta o el personal médico tiene temor debido a la confusión que existe al respecto.
"Ninguno de estos casos debió haber llegado al poder judicial: la ley permite claramente que los médicos evalúen la potencial amenaza contra la salud, psicosocial y física, de una paciente violada, y, al encontrarla en peligro, que realicen una interrupción del embarazo sin penalización alguna", insistieron las dos representantes.
"Hoy, en el Día internacional de la Mujer, exigimos a las autoridades argentinas que se comprometan inequívocamente a asegurar que el derecho de las mujeres a tomar decisiones libre y responsablemente sobre su salud sexual y reproductiva sea una realidad", concluyeron Amnistía Internacional y Human Rights Watch. "El Estado argentino tiene que asegurar que los profesionales de la salud puedan practicar abortos no punibles cuando las mujeres los deseen sin temor a ser sancionados penalmente, tal y como lo estipulan los estándares internacionales de derechos humanos en esta materia", recalcaron Marianne Mollmann de Human Rights Watch y Guadalupe Marengo de Amnistía Internacional.
