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Irak: Candidatos deben promover los derechos humanos

Las elecciones son una oportunidad para mejorar las condiciones en todo el país

(Washington, DC) - Los partidos políticos y los candidatos en las elecciones parlamentarias de Irak del 7 de marzo de 2010 deben comprometerse a respetar los derechos humanos, Human Rights Watch señaló en un informe publicado hoy.  Las elecciones serán un indicativo clave para saber si el país avanza hacia una mayor estabilidad política y el respeto de los derechos humanos y se aleja de la violencia sectaria que devastó a Irak después de las elecciones de 2005, dijo Human Rights Watch.

El informe de seis páginas, "Iraq's 2010 National Elections: A Human Rights Platform for Candidates" (Elecciones nacionales de Irak 2010: Una plataforma de derechos humanos para los candidatos), se concentra en cinco problemas clave de derechos humanos: la exclusión electoral, la libertad de expresión limitada, los malos tratos y tortura durante la detención, la violencia contra grupos vulnerables y la difícil situación de los refugiados y los desplazados internos.  Human Rights Watch instó a los partidos políticos a incluir en sus compromisos electorales las recomendaciones concretas y viables presentadas en el informe.

"Esta elección da a los políticos la oportunidad de hacer algo respecto a los problemas más graves de derechos humanos de Irak", dijo Joe Stork, subdirector de Oriente Medio de Human Rights Watch.  "Deben proclamarse en contra de la tortura y a favor de la protección de las personas desplazadas, detenidas, periodistas, minorías y mujeres".

La reciente descalificación  de centenares de candidatos por parte de la Comisión Nacional Suprema para la Rendición de Cuentas y la Justicia pone de manifiesto la gran necesidad de que los políticos conviertan en una prioridad la reforma de los derechos humanos, dijo Human Rights Watch.  La decisión excluyó a candidatos, entre los que se encontraban destacados políticos sunitas y políticos chiíes de ideología laica, a causa de presuntos vínculos con el Partido Árabe Socialista Baaz, sin tener en cuenta las particularidades cada caso.

Después de las últimas elecciones parlamentarias de Irak en 2005, la violencia devastó a las comunidades chitas y sunitas árabes de Irak central y meridional.  Asimismo, aunque han disminuido los actos de violencia, los grupos armados siguen atacando a las minorías con impunidad, y la violencia contra las mujeres y las niñas sigue azotando al país.

El Gobierno no tiene un plan viable para el retorno de cientos de miles de iraquíes que huyeron a países vecinos o a otras partes de Irak a causa de la violencia.  Las instituciones de detención gubernamentales han tenido dificultades para acoger a miles de detenidos, y el hacinamiento se ha visto exacerbado a causa de graves retrasos en la revisión judicial de la detención.  El país sigue siendo una de las naciones más peligrosas del mundo para los periodistas, quienes también enfrentan acoso y acciones legales por parte de funcionarios gubernamentales.

Para abordar estas cuestiones, el informe recomienda que los candidatos y los partidos políticos se comprometen a:

  • Reformar la ley que crea la Comisión Nacional Suprema para la Rendición de Cuentas y la Justicia, con el objetivo de garantizar que no excluya a los candidatos de manera injusta o arbitraria;
  • Modificar las leyes iraquíes para eliminar o definir mejor, en consonancia con las normas internacionales de libertad de expresión, las restricciones basadas en contenido vago, como la prohibición de "incitación al sectarismo";
  • Revisar el Código Penal y Código de Procedimientos Penales para garantizar que los derechos de los acusados cumplan con las normas internacionales, en particular mediante la prohibición del uso de la confesión obtenida bajo coacción y las pruebas obtenidas mediante tortura;
  • Condenar públicamente la violencia contra los civiles, en particular los grupos vulnerables, incluidas las mujeres, minorías, y hombres sospechosos de actividades homosexuales. Llevar a cabo indagaciones sobre las denuncias de este tipo de violencia por las fuerzas de seguridad o las milicias, y hacer rendir cuentas a los culpables;
  • Desarrollar un plan nacional para facilitar el regreso voluntario de los desplazados internos y refugiados con seguridad y dignidad.

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